La fiscalía antidroga aboga por frenar la expansión de la 'maría' en Granada con más medios

El cultivo hallado en ese domicilio concreto de Íllora no deja de ser uno más en el mapa de la 'mancha verde' de Granada, donde las plantaciones de cannabis sativa se han expandido de forma preocupante en los últimos años provocando una mayor coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la fiscalía. Sin embargo, aunque la de Íllora sea una plantación más en las estadísticas, también es, para muchos, el telón de fondo de un escenario que abarca cada vez más pueblos de la provincia: casas donde las semillas de marihuana germinan lentamente, de forma clandestina, a la luz de los halógenos y a la sombra de la sospecha de los vecinos, que huelen el delito y se sienten inseguros.

En el último año, las intervenciones de 'maría', los detenidos por cultivarla y los cargos formulados contra ellos por el delito de tráfico de droga que entrañan su plantación y recolección para una posterior distribución a terceros han crecido al ritmo de los tallos, según confirma el fiscal antidroga de Granada, Luis Salcedo. «El principal problema criminal que tiene Granada está relacionado con el cultivo tráfico de cannabis. Primero, en términos absolutos, porque Granada, junto con Barcelona, produce el 25% de cannabis que se cultiva en España. Y en el caso de Granada, el 80% está dedicado a la exportación a la Unión Europea», desvela Salcedo, que tiene meridianamente claro lo que hace falta para una respuesta más eficaz: «Más medios».

«Las aprehensiones se han incrementado exponencialmente en el último año debido también a la persecución del cannabis con usos pretendidamente agrícolas e industriales», indica el fiscal antidroga, que recuerda que el problema con esta sustancia no es solo el tráfico sino todo lo que conlleva.

No hay que olvidar que tras su cultivo hay «grupos organizados que luchan entre ellos por hacerse con el mercado». Se generan entonces peligrosas «rencillas» que llevan aparejados delitos violentos (secuestros, torturas, coacciones, homicidios, lesiones...).

Así lo indican también las fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada consultadas por IDEAL: «Se ha constatado una conexión de los delitos de cultivo y tráfico ilegal de sustancias estupefacientes con delitos violentos y con delitos relacionados con la tenencia ilícita de armas».

Salcedo tilda de «especialmente preocupantes» las coacciones y extorsiones que se producen en la Zona Norte de la capital. A la fiscalía antidroga le inquieta la situación en esta parte de la ciudad, «porque la implantación del crimen organizado allí es mayor que en otros sitios y eso conlleva pérdida de calidad de vida y de derechos ciudadanos de los habitantes de esa zona». El fiscal se refiere en este punto «tanto a cortes de energía eléctrica como a posibles coacciones».

La fiscalía antidroga de Granada no cree que se deba legislar a golpe de opinión pública. Resalta que el Código Penal distingue entre drogas duras y blandas (las que causan grave daño a la salud y las que no), porque no es lo mismo traficar con un kilo de cocaína que con uno de marihuana, ya que no producen los mismos efectos. «El problema es lo que conlleva el tráfico de cannabis en Granada», insiste, a la vez que aclara que para perseguir esa realidad «hay instrumentos legislativos suficientes». En este punto, remite al artículo del Código Penal que establece los castigos para las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y enfatiza que «lleva penas que van de cuatro a diez años para los partícipes y superior a diez años para los jefes».

Lo que ocurre, a juicio de Salcedo, es que para ser el doble de eficaces falta el doble de gente. «Eso implica –matiza– no más unidades, sino incrementar las unidades específicas de Guardia Civil y Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico y que este fiscal antidroga tuviera dedicación exclusiva para esta materia».