La Fiscalía alerta del motivo por el que no se pueden demostrar los delitos informáticos

En la memoria, las fiscalías especializadas en este tipo de delitos han vuelto a lamentar las dificultades estadísticas de su área y han sumado como otro inconveniente que el éxito de la investigación dependa de la colaboración de las entidades que ofrecen los servicios de conexión a internet. En este punto concreto, los fiscales especializados en delitos informáticos destacan que la respuesta de estas empresas no siempre es la deseable, «ni en contenido, ni en tiempo de respuesta».

El Ministerio Público resalta que este tipo de delitos choca en su tramitación con el derecho a la libertad de expresión y apuesta por legislar sobre el problema del anonimato en Internet, rebajando el nivel de protección de este derecho a la libertad y la privacidad frente a la seguridad individual. Para reducir la alta impunidad de los delitos que se cometen por medios informáticos, la Fiscalía pide que se arbitren medidas para que los proveedores de internet requieran una identificación administrativa real a los usuarios antes de prestarles el servicio.

Como ejemplo, el fiscal especializado de Granada, Francisco Hernández, apunta que estos casos se complican porque para identificar al autor de un delito cometido mediante redes sociales como Facebook o Twitter se requiere la colaboración de estas empresas. Sin embargo, estas grandes firmas han restringido su colaboración únicamente a los supuestos de mayor gravedad y previo mandato judicial, «actitud que favorece la impunidad de esta clase de hechos» y que también ha provocado su incremento.

A esta dependencia de las empresas, los fiscales especializados suman la debilidad del material probatorio de un delito de amenazas, insultos o coacciones por las redes, ya que en muchas ocasiones se limita a un «pantallazo» del delito y ese tipo de imagen o los datos de una web se pueden modificar. En el estudio de los delitos de amenazas, coacciones y acoso, contra la integridad moral y de descubrimiento y revelación de secretos con medios informáticos, los fiscales lamentan la falta de estadísticas pese a lo que Almería ha apuntado que tramitó 101 en 2019, Cádiz ha contabilizado 95 procedimientos incoados y Granada una docena.