El fiscal del 'caso Lezo' trabajará en Granada desde hoy lunes

Tras siete años como fiscal Anticorrupción, Yáñez va a cambiar radicalmente de tercio. Fue él mismo el que pidió el relevo y desde hace unos días ya no forma parte de la plantilla de Anticorrupción, donde su nombre alcanzó relevancia nacional al asumir las pesquisas del denominado 'caso Lezo', que se saldó con la entrada en prisión, entre otros, de Ignacio González, expresidente popular de la Comunidad de Madrid (ya está en libertad tras abonar una fianza de 400.000 euros).

En este sentido, Yáñez y el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón localizaron el presunto 'botín', 5,4 millones de dólares, del entramado corrupto vinculado supuestamente a González tras desplazarse a Colombia para entrevistarse con un confidente.

Prácticamente, fue la última intervención en este asunto del fiscal Yáñez. Con ese nuevo éxito en su haber profesional, el jurista granadino decidió dejar Anticorrupción y volver a su tierra natal.

Dicen los que le conocen que su renuncia no es ajena a la presión que supuso trabajar en un caso de presunta corrupción política que afectaba al PP, el partido en el poder, una circunstancia que lo complicó todo.

No en vano, el que entonces era superior jerárquico de Yáñez, el fiscal-jefe Anticorrupción, Manuel Moix, pidió a Yáñez, cinco días después del estallido de la 'Operación Lezo', que renunciase a su puesto en Madrid, lo que significaba apartarle de la investigación. Yáñez no accedió y en la opinión pública caló la idea de que el PP estaba maniobrando para deshacerse del fiscal granadino.

Antes de que ocurriera eso, Moix ya había propuesto a Yáñez limitar -o posponer, según ha dicho el propio exfiscal Anticorrupción- algunos registros previstos en la 'Operación Lezo', lo que provocó un terremoto que sacudió al mismísimo Gobierno de Mariano Rajoy.

Cuando Moix les comentó lo de los registros, Yáñez y su compañera Carmen García Cerdá invocaron el artículo 27 del Estatuto Fiscal, que es el que permite 'rebelarse' contra los jefes cuando no se comparte una orden. Ese precepto establece que el fiscal «que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su fiscal jefe». Y ganaron el pulso a su superior.

Finalmente, Moix acabó cayendo, aunque fue porque trascendió que tenía una sociedad en Panamá, y Yáñez continuó con las pesquisas del 'caso Lezo'.