Las fianzas y las penas que se piden en el caso Emucesa

Interior del Cementerio de San José. /Javier Morales
Interior del Cementerio de San José. / Javier Morales

Los dos ex consejeros delegados y los cinco trabajadores se enfrentan a condenas de hasta seis años de prisión

Yenalia Huertas
YENALIA HUERTASGranada

Siete son los acusados en el caso Emucesa, en el que un juzgado de la capital, Instrucción 9, ha investigado si se hicieron cinco contratos 'fantasma' de alta dirección a personas afines al PP siendo consejeros delegados los exconcejales Eduardo Moral y María Francés, en los períodos 2003-2011 y 2011-2016, respectivamente.

En la causa, que hasta hace unas semanas había llevado el juez José Luis Ruiz Martínez -hoy destinado en Canarias-, hay varias acusaciones: aparte de la fiscalía, han formulado cargos contra los investigados el partido 'Vamos, Granada', el Abogado del Estado, el PSOE y la propia Emucesa.

El auto de apertura de juicio oral dictado ahora, que está fechado el 4 de octubre y que firma la nueva magistrada instructora, Rosa María Ginel, supone dejar la causa lista para su enjuiciamiento a falta de que los abogados de los encausados pongan de manifiesto su disconformidad con las conclusiones de las acusaciones. En los próximos días -tienen semana y media de plazo- emitirán sus escritos de defensa. Luego, sólo quedará remitir las actuaciones a la Audiencia Provincial de Granada y señalar fecha para el juicio.

La mayor pena de prisión que se reclama es de seis años y sólo se pide para Eduardo Moral, para quien igualmente se ha fijado la fianza más elevada: más de 270.000 euros para indemnizar a Emucesa junto con dos de los trabajadores que supuestamente no aparecieron por el camposanto.

La pena menor, de cuatro años, se reclama para L. L. O., la empleada que devolvió los salarios y el desempleo percibidos cuando salió a la luz pública el caso. Por eso no se le impone fianza. Ella es, además, la única encausada en la que se observa una posible circunstancia atenuante -la de reparación del daño- precisamente por ese gesto. El dinero devuelto fue consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado en enero del año pasado.

La última parte acusadora en emitir sus conclusiones provisionales ha sido 'Vamos, Granada', que solicita los mismos castigos que la fiscalía, que fue la primera en formular cargos. El escrito de acusación del ministerio público llegó al juzgado en junio y en él pide para los exconcejales penas de seis años de prisión para Eduardo Moral y cinco para María Francés por los contratos supuestamente 'fantasma'.

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Ambas acusaciones creen que los empleados con los que compartirán banquillo los dos exconcejales populares, C. L. L., A. M. N. T., M. C.G. C., L. L. O. y M. A. M. L., no realizaron las funciones encomendadas ni pisaron el cementerio. Sostienen que unos y otros simularon una relación laboral «inexistente».

Por su parte, Emucesa (Empresa Municipal de Cementerios y Servicios Funerarios de Granada) reclama tres años de prisión para los dos exediles y diez de inhabilitación absoluta por un delito de prevaricación en concurso con otro de malversación. A los cinco beneficiados por los contratos les pide penas de hasta tres años de cárcel y ocho de inhabilitación.

La jueza deja fuera del procedimiento a José Antonio Muñoz Rodríguez, gerente de Emucesa, para quien decreta el sobreseimiento provisional por no haber sido acusado formalmente por nadie.

Los delitos por los que se abre juicio oral contra los ex consejeros delegados y los trabajadores son fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y prevaricación, los tres primeros con carácter continuado.

Las fianzas que deberán prestar los acusados en el plazo «de un día» para hacer frente a las indemnizaciones en caso de condena son:

-Eduardo José Moral García-Triviño, 286.310,16 euros, si bien especifica que será para indemnizar a Emucesa «conjunta y solidariamente» con los trabajadores C. L. L., A. M. N. T. y M. C. G. C. La fiscalía le pide seis años de cárcel y 10 de inhabilitación absoluta.

-María Francés Barrientos, 32.521,99 euros, para indemnizar asimismo «conjunta y solidariamente» a Emucesa con la trabajadora M. A. M. L. La fiscalía le pide 5 años de prisión, multa de 6.600 euros y 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

-C. L. L., 116.156,97 euros (la suma de 108.266,94 euros para indemnizar a Emucesa y la cantidad de 7.890,03 euros al Servicio Público de Empleo). El fiscal solicita que sea condenado a cinco años y medio de cárcel y 9 de inhabilitación absoluta.

-A. M. N. T., 110.644,53 euros (la suma de 110.473,63 euros para indemnizar a Emucesa y de 170,90 euros para el Servicio Público de Empleo). Cuatro años y nueve meses de prisión reclama para ella la fiscalía, así como ocho años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

-M. C. G. C., 67.569,59 euros (todo para Emucesa). El fiscal le pide 5 años de prisión y 9 de inhabilitación absoluta.

-M. A. M. L., 36.408,09 euros (la suma de 32.521,29 euros para indemnizar a EMUCESA y la cantidad de 3.886,80 euros al Servicio Público de Empleo). Cuatro años y medio de cárcel y nueve años de inhabilitación es la condena que el ministerio público reclama para ella.

-L. L. O. ya ha abonado el dinero cobrado, por lo que no se le ha impuesto fianza. La fiscalía pide para ella cuatro años de cárcel y 8 de inhabilitación absoluta.

A todos los acusados se les advierte expresamente de que si no abonan estas cantidades «se le embargarán bienes en cantidad suficiente» para asegurarlas. Las cantidades arrojan un total de casi 650.000 euros.