FACUA critica que las administraciones obvien a los usuarios en la regulación del taxi y las VTC

La asociación advierte de que la regulación de estos servicios de transporte debe garantizar un marco de derechos de los pasajeros que en la actualidad resulta claramente insuficiente. Por ello, insta al Gobierno de España, comunidades autónomas y ayuntamientos a que asuman la necesidad de tener en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil que defienden los intereses de los consumidores en el diálogo abierto sobre el marco regulatorio de las VTC y en la necesaria actualización de las normas autonómicas y locales relativas al sector del taxi.

En relación a las reivindicaciones de los profesionales del taxi, FACUA muestra su solidaridad con un sector que en los últimos años se ha encontrado ante un nuevo escenario de competencia que requiere del desarrollo de normas y marcos de diálogo que equilibren los intereses de todas las partes implicadas, las cuales en cualquier caso no pueden reducirse a dos mediante un discurso simplista y poco solidario. Y es que se trata de los intereses de los propietarios de licencias de taxi, los de las licencias de VTC, los trabajadores de ambos sectores -si bien en el taxi la inmensa mayoría de licenciatarios son a la vez trabajadores-, las empresas que actúan de intermediarias en la prestación de servicios de VTC y taxis -Cabify, Uber, MyTaxi...- y, por supuesto, los intereses de los usuarios de ambos servicios.

En cualquier caso, FACUA hace un llamamiento al conjunto de asociaciones y profesionales del sector del taxi a que reflexionen sobre la imagen negativa que están ganándose entre un elevado porcentaje de usuarios debido a la violencia, tanto física como verbal, que grupos minoritarios de taxistas están empleando en los últimos tiempos. En opinión de la asociación de consumidores, resulta necesario que todo el sector del taxi intensifique sus condenas contra los actos violentos que han trascendido en el marco de sus movilizaciones. Como también resulta fundamental apaciguar el ambiente para que dejen de producirse las habituales escenas de confrontación entre taxistas y trabajadores de las VTC de las que son testigos y, con ello, víctimas, numerosos usuarios de ambos servicios.

FACUA es consciente de que el debate es complejo y que las características de cada ciudad en las que operan o tienen previsto operar las VTC provocan que las recetas que se podrían aplicar en unas serían inviables e injustas en otras. Pero en cualquier caso y sea cual sea el número o porcentaje máximo de licencias de VTC frente a las de taxis que pudiera acabar regulándose en determinadas ciudades, la asociación considera fundamental que las administraciones asuman que los intereses de la parte más débil deben estar suficientemente protegidos frente a los de la más fuerte.

Ante los distintos escenarios que pueden producirse en el futuro, FACUA advierte de que la preponderancia de un servicio de taxis con obligaciones de servicio público y tarifas máximas reguladas, cuyo cumplimiento sea controlado por las administraciones, resulta necesaria ya que representa la garantía para que las VTC no acaben inflando sus precios.

Pero FACUA también considera fundamental actualizar el marco de obligaciones del sector del taxi a fin de garantizar un servicio de calidad a los usuarios. Como también hace falta una regulación de las VTC y de las plataformas que actúan como intermediarias en la prestación de los servicios de transporte de pasajeros. Regulaciones que en todos los casos deben contemplar una serie de compromisos y garantías de compensación ante deficiencias e incumplimientos que hoy no existen ni en las distintas normativas vigentes ni en las condiciones contactuales de las empresas que ofertan estos servicios.