Arcuri abandona el punto de encuentro familiar sin su hijo, que se marcha junto a su hermano

En una providencia, el juzgado de familia ha decidido aplazar «por las dificultades» la entrega al padre del niño, de 11 años de edad, «vistas las circunstancias que se comunican por el personal técnico del punto de encuentro familiar». El tribunal pide recabar con carácter urgente «un informe del personal que han intervenido en la diligencia con el menor, sobre el lugar, condiciones y modo en que podría tener lugar la efectiva entrega salvaguardando el superior interés del menor y sin sometimiento del mismo a exposiciones innecesarias para su beneficio». De hecho, la jueza de familia que dicta la resolución indica que «es absolutamente descartable que se emplee en la entrega del menor ningún tipo de fuerza física o coacción».

Ambas partes, los representantes legales de Francesco Arcuri y Juana Rivas, deberán personarse mañana en el juzgado. Tras recibir la nueva decisión del tribunal, el padre abandonaba al lugar a prisa, mientras que el menor salía acompañado por su hermano y Paqui Granados, asesora de Juana Rivas, por otra de las puertas del centro.

La llegada del menor

Poco antes de las 11.00 horas, el niño ha llegado de la mano de su madre a una calle cortada al tráfico por la expectación entre medios de comunicación y curiosos. Rivas entraba al punto de encuentro abrazada de Paqui Granados, trabajadora del Centro de Información a la Mujer de Maracena. La comitiva ha estado respaldada por la directora general de Derechos de la Infancia y Adolescencia, Sandra Gómez de Garmendia, y miembros de la plataforma de apoyo a Juana Rivas y 25N/8M.

Por su parte, Arcuri llegaba a primera hora de la mañana, acompañado por diplomáticos italianos y su equipo jurídico. El padre pedía «respeto» a la prensa. Las defensas de ambos progenitores han esperado en vilo el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que valoraba esta mañana si admitía la petición de Rivas y si aceptaba una medida cautelarísima para suspender la entrega. El Consitucional rechazaba la petición del abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, que recurrió ante el órgano la orden de entregar al hijo menor a su padre. Como medida cautelar, la defensa solicitaba la suspensión de la orden de entrega y regreso a Italia de un juzgado de familia granadino.

Demanda «prematura»

Los magistrados de forma unánime han considerado que la demanda es prematura, dado que la resolución judicial que ordena el regreso del niño a Italia ha sido recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Granada, por lo que el proceso sigue el trámite ordinario. De igual forma, el tribunal indica que en la demanda existe falta «de especial trascendencia constitucional», y además no cumple con los requisitos formales «porque no se ha acreditado el poder de representación del procurador». Aunque el defecto es subsanable, no se ha considerado oportuno reclamar la subsanación por concurrir los otros «dos impedimentos señalados que no pueden ser subsanados».

Paca Granados, asesora de Juana Rivas, ha comparecido ante los medios para criticar las decisiones de la justicia española. «No es concebible que al principal testigo en un juicio se lo entreguen al acusado», ha dicho en relación a la causa abierta contra Arcuri por presuntos malos tratos que investigan los tribunales sardos. Granados ha asegurado que «Granada está violando el marco comunitario», en relación a las últimas órdenes del juzgado de familia y de la Audiencia Provincial que ha mantenido en vigor el regreso del pequeño a Italia.

Por su parte, Juan de Dios Ramírez Sarrión, abogado del despacho Aranguez y letrado de Juana Rivas, ha asegurado que se están vulnerando los derechos del menor, cuando los tribunales italianos han considerado «suficiente probado» los presuntos malos tratos como para procesar Arcuri.

El abogado de Arcuri, Enrique Zambrano, declaraba antes de conocer el resultado de la jornada que la pretensión de su cliente era poder llevarse al menor hoy mismo a Italia. A preguntas de los medios, ha destacado que el menor ha sido escuchado sobradamente incluso en 30 ocasiones. La última vez el 30 de diciembre en la corte italiana antes de emprender su viaje navideño a España. «La madre ha tenido aislado al niño siete meses y cada uno que opine lo que quiera», ha remachado para añadir que su cliente está muy tranquilo. «Tuvimos que poner una ejecución forzosa para poder recuperar al menor. La última vez en el punto de encuentro familiar fue un momento de tensión hasta que los niños volvieron a abrazar a su padre, hoy el mayor dice las cosas que dice», ha lamentado.

La Audiencia Provincial rechazó ayer también la petición de Juana Rivas y sus abogados de suspender la orden de entrega del hijo menor a su progenitor e instó a respetar la función de la justicia italiana. Los magistrados de la Sección 5ª de la Audiencia recordaron en su auto que, en lo que concierne a los procedimientos de familia, impera la «ejecutividad inmediata» de las acordadas «sin posibilidad de suspensión y sin necesidad de ejecución provisional o de ningún otro trámite».

Según informa el TSJA, los magistrados subrayan que la cuestión debatida se refiere a un asunto en el que ha intervenido la Justicia de otro país miembro de la Unión Europea y, tras subrayar que la solicitud de suspensión hace mención «expresamente a la existencia de causa penal abierta ante tribunal europeo», concluyen que «no existen motivos para la suspensión de la orden y medidas de cumplimiento acordadas por la resolución apelada».

En este punto, los magistrados insisten en que «el armonioso y correcto funcionamiento de un espacio de justicia en la Unión que respeta los diferentes sistemas jurídicos y tradiciones de los Estados miembros es vital para la Unión. Procede, por lo tanto, reforzar la confianza mutua en los respectivos sistemas jurídicos», entendiendo que la resolución del tribunal italiano no conlleva la desprotección del menor.