El excalde de Cogollos Vega niega haber beneficiado a una constructora
Francisco José Luzón se enfrenta a siete años de prisión por supuestas ilegalidades en un programa de actuación de infravivienda
El exalcalde de Cogollos Vega Francisco José Luzón volvió a sentarse en el banquillo de los acusados ayer. Esta vez por, presuntamente, haber beneficiado a ... una constructora durante su etapa como regidor, que abarcó desde 2003 hasta 2011. El ex primer edil, a quien la fiscalía atribuye tres delitos, está acusado de, supuestamente, cometer irregularidades en un programa de actuación de infraviviendas, al establecer que una de las beneficiarias debía asumir el coste de las primeras actuaciones (demolición del tejado y planta superior) a ejecutar en su casa. Esta propietaria, vecina del Barrio Árabe, era «consciente plenamente» de ese extremo, según garantizó Luzón ante el tribunal. «A ella le quedó muy claro lo que hablamos y manifestó que sí que le interesaba», agregó.
Luzón, que se enfrenta a siete años de prisión, 19 de inhabilitación y una multa de 3.600 euros, comparte banquillo de los acusados con el dueño de la referida constructora y un tercero que prestó dinero a este empresario para supuestamente luego reclamárselo al Ayuntamiento del municipio.
El interrogatorio del exregidor fue un tanto inusual, pues aparte de negarse a contestar al abogado del Consistorio de su pueblo, que ejerce la acusación particular, se quedó a medias en sus respuestas durante la intervención del fiscal. Reaccionó a la batería de preguntas que empezó a recibir del ministerio público con un repetitivo «no respondo». Esta negativa repentina continua dio lugar a que el presidente del tribunal de la Sección Primera le preguntase si pensaba contestar a alguna cuestión más o no del fiscal, para dar paso si no al turno de las defensas.
El exalcalde, que está siendo juzgado en la Audiencia Provincial de Granada, está encausado por tres ilícitos: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial, aunque negó haber cometido las supuestas ilegalidades que se le atribuyen. Afirmó que el presupuesto de aquel programa de actuación «pasó por la Junta» y estuvo «supervisado y fiscalizado», y que la beneficiaria de la obra por la que se le acusa «sabía lo que le iba a costar».
Dos fases
Luzón admitió, a preguntas del fiscal, que el programa de actuación por el que se ha visto inmerso en esta causa penal tenía por objeto mejorar las condiciones de habitabilidad de determinadas viviendas y que el ayuntamiento asumió la promoción de las obras, la redacción del programa y la selección de los beneficiarios y de las empresas encargadas de las obras. «Había una primera fase de 20 viviendas y otra segunda de 30», detalló.
Aquel programa dio lugar a un convenio que se firmó entre Junta y Ayuntamiento y, en el caso de la obra de la controversia, se adjudicó «por contrato menor el 27 de septiembre de 2010», especificó, a la vez que se refirió a los pagos que se hicieron a la empresa para dejar claro que cuando esta presentaba la certificación «se le abonaba con el informe favorable de los técnicos y no porque el alcalde quisiera».
La fiscalía sostiene en su escrito de conclusiones provisionales que la propietaria de la vivienda, C. G. H., ignoraba que ella tendría que hacer las obras previas.
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