El estudio del soterramiento del AVE, cuarenta días parado

El estudio del soterramiento del AVE, cuarenta días parado

Aunque Fomento hizo el anuncio el 30 de noviembre, no ha salido en el BOE porque Hacienda no autorizó hasta ayer el gasto

M. V. COBOGRANADA

El pasado 30 de noviembre se publicaba en la plataforma de Contratación del Estado el anuncio previo del ‘Contrato de servicios para la redacción del estudio informativo de la integración del ferrocarril en Granada’. Esta información se remitió también al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), que lo publicó el día 2 de diciembre. Se trataba de un nuevo estudio para soterrar las vías del tren por la Chana, el primer paso de esa llamada ‘segunda fase’ del AVE. Sin embargo, este contrato no ha salido aún a concurso porque ha estado pendiente de que Hacienda autorizara a hacer gastos en este 2018, porque no se ha aprobado aún un nuevo presupuesto y se trabaja con la prórroga del de 2017. La autorización de Hacienda llegó ayer, por lo que a partir de ahora ya se puede publicar en el BOE.

Fuentes de Fomento señalaron que ya está todo preparado para que salga en BOE y se inicie la licitación, aunque puede tardar aún algunos días en tramitarse. El proyecto ha estado cuarenta días parado, desde que se anunciara el pasado 30 de noviembre.

Desde Fomento precisan que está todo listo para dar el paso de la licitación. De hecho, al haberse publicado ya en el DOUE se podrán acortar en unos días los plazos, ya que en lugar de dar 52 días para la recepción de ofertas, se mantendrá abierto el plazo 36 días. El ministerio afirma tener listo todos los trámites, incluidos los pliegos de la licitación, aunque no se harán públicos al completo hasta que arranque el proceso de adjudicación con la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

«Distintas alternativas»

Sin embargo, este periódico ha podido conocer algunos detalles de ese contrato, para el que se otorgará un plazo de ejecución de 24 meses. Así, en el objeto del estudio informativo se establece que se «partirá de la definición, análisis y comparación de las distintas alternativas funcionales y de trazado que puedan plantearse para la integración del ferrocarril en Granada y propondrá, en su caso, la opción u opciones más recomendables, definiéndolas con el nivel técnico de un anteproyecto».

El nuevo estudio informativo podría cambiar, por tanto, las condiciones del que se elaboró hace más de una década, y que establecía un soterramiento completo de 2,3 kilómetros, con una estación también soterrada, cuyo diseño se otorgó al arquitecto Rafael Moneo. El Ministerio de Fomento ya avanzó alguna de esas alternativas que ahora se podrían explorar cuando, en marzo de 2017, propuso una suerte de soterramiento ‘low cost’. La idea que trajo el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, reducía el enterramiento de las vías a un kilómetro y deja en trinchera –sin tapar– las rampas de subida y bajada, hasta llegar a la misma estación en superficie. Las vías se comenzaban a enterrar a la altura de la avenida de las Alpujarras, en lugar de hacerlo en el límite del término municipal de Granada, lo que acortaba sensiblemente el tramo bajo tierra y también liberaba menos espacio para destinarlo a otros usos.

En el propio estudio se especifica que se va a redactar un nuevo estudio informativo «de conformidad con los acuerdos alcanzados en la última reunión de la comisión creada al efecto, que tuvo lugar el pasado mes de octubre». En cualquier caso, puntualiza que «las administraciones están trabajando en una solución de consenso que sea viable técnica y económicamente».

En cualquier caso, se tendrán en cuenta todos los estudios que se han hecho hasta el momento «y se analizarán todas las posibles opciones para la circulación de mercancías del corredor mediterráneo sin interferir con la funcionalidad ferroviaria y el desarrollo urbano».

El plazo máximo para la ejecución de los trabajos será de 24 meses. En este tiempo se incluye, además de la elaboración del estudio, el tiempo necesario para su tramitación y aprobación, que incluye la realización de los trámites de información pública y audiencia a las administraciones, el análisis de las alegaciones, la tramitación ambiental completa y la aprobación definitiva del estudio.

 

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