Los estudiantes de 14 municipios de Granada podrán escoger entre ir a un colegio público o a uno concertado

Imbroda ya destacó durante la presentación de este nuevo decreto que no todos los alumnos podrán optar a esta medida, sino que solo tendrán la posibilidad de escoger entre estos colegios las familias que vivan en un municipio con escuelas concertadas. Según reconoció el consejero, en el 82% de los municipios no las hay. A pesar de ello, afirmó que esta iniciativa tendrá un gran calado entre la población, ya que en las localidades en las que sí hay centros concertados, que son las medianas y grandes ciudades, vive el 75% de la población. En el caso de Granada, los niños de catorce pueblos podrán escoger entre estos dos tipos de escuelas. La provincia de Granada acoge 81 escuelas concertadas.

La mayoría de estos colegios –56– se encuentran en Granada capital, seguida por Motril, que aglutina seis escuelas de este tipo distribuidas por todo el municipio y tiene otra en El Varadero. A estos se sumaría el colegio Virgen del Mar II de Calahonda y el San Juan de Ávila de Salobreña. Las familias que residan en Guadix podrán escoger entre cuatro colegios concertados y los de Baza, entre dos.

El resto de escuelas están localizadas en municipios del cinturón metropolitano como son Albolote, Atarfe, La Zubia, Maracena, Pinos Puente, Ogíjares, Chauchina y Santa Fe –en estos dos últimos, los niños tendrán la oportunidad de escoger entre dos escuelas distintas–.

Cuando anunció este plan, el consejero señaló que se había llevado a cabo con el consenso de la comunidad educativa y que con él se buscaba favorecer a las familias al darles más posibilidades de elección. Pero las asociaciones de padres y madres y los sindicatos aseguran que el Gobierno andaluz no ha contado con ellos y que este decreto es un «ataque» hacia la educación pública en favor de la concertada.

Por ello, la Plataforma Andaluza por la Escuela Pública, compuesta por las organizaciones sindicales CCOO, CGT, Ustea y UGT; la Confederación de Asociaciones de padres y madres (Codapa) y el frente de Estudiantes han convocado una huelga educativa para el próximo 4 de marzo para mostrar su desacuerdo por este decreto. «Es del todo inaceptable y de una gravedad extrema las medida que pretenden implementar que, sin duda, ahondan en la línea política de liberalización y privatización de los servicio públicos», señalan los convocantes de este parón educativo al que están llamados a participar tanto el profesorado como los alumnos. Además, se están preparando movilizaciones en toda Andalucía, incluida Granada, para esa jornada de huelga.

«Este nuevo decreto es más moderno, avanzado, transparente y otorga más derechos a las familias», señaló Javier Imbroda. Y aseguró que es «el decreto de las familias» porque parte del postulado básico de dar a los padres y madres la libertad para elegir el centro escolar de sus hijos.

La comunidad educativa no está de acuerdo con las palabras del consejero y pide que el decreto no se implante ante el temor de que pueda provocar la pérdida de aulas en los centros públicos. «Esto lo vemos como un ataque directo a la escuela pública, ya que va a provocar que se pierdan unidades de la pública y crezcan los de la privada. La natalidad seguirá cayendo. Cada año se pierde alumnado. Y si estos estudiantes se van a la concertara, la que verá reducidas sus unidades será la pública», señala Rosa Funes, presidenta de la Asociación de padres y madres FAMPA Alhambra, que pertenece a Codapa.

Mercedes González, secretaria general de Enseñanza de CCOO, niega, por su parte, que haya existido consenso con la comunidad educativa. «El único consenso que ha logrado es que todos estemos en contra del decreto», matiza. José Madero, vicepresidente de la Asociación de directoras y directores de instituto de Andalucía (Adián), indicó que esta medida provocará que se reduzcan líneas en los centros públicos. «Esto dañará a la escuela pública para favorecer a la concertada, lo que blinda el negocio de la concertada ante la bajada de natalidad», señalan desde Copada. Para la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos de Granada (Concapa), esta sí es una medida que beneficiará a la población andaluza. Así lo afirma su presidente, Juan Pablo Luque: «Nosotros sí estamos de acuerdo porque con esto se está facilitando a los padres que, igual que pueden acceder a un colegio público, lo hagan a un concertado». El resto de sindicatos y asociaciones, por su parte, piden explicaciones a Educación y reclaman la paralización de este decreto que «atenta» contra la enseñanza pública.