Las estafas informáticas se duplican en un año en Granada por el auge de las compras on line

El informe divide la cibercriminalidad -infracciones penales cometidas a través de Internet- en estafas informáticas y otros ciberdelitos. El primer apartado agrupa la inmensa mayoría del total: nueve de cada diez delitos cometidos en la red son estafas. Su crecimiento ha sido exponencial desde 2010, cuando se registraron 447, hasta el año pasado, con un total de 9.047. En el último año se ha producido la mayor subida, de un 92,5%.

Este auge está asociado al mayor uso de Internet en España, especialmente en las formas de comercio y compras on line, según apunta el balance. De hecho, el informe de criminalidad, elaborado con datos proporcionados por los cuerpos policiales, presenta un desglose específico sobre ciberdelincuencia.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado confirman la tendencia. Los delitos tradicionales cometidos en persona, como el tocomocho, pierden fuelle y se produce un traspaso al ciberespacio, lo cual tiene mucho que ver con los autores de las fechorías. Son cada vez más jóvenes –algunos, incluso, adolescentes- y manejan a la perfección las nuevas tecnologías. Los que más conocimientos de hackeo poseen pueden llegar a ser muy dañinos y romper el bloqueo de seguridad de una cuenta bancaria o institución. Asimismo, autores y víctimas se reparten tanto por España como fuera del país. Cualquier persona, desde un lugar remoto, puede engañar a cientos de usuarios. En la ciberdelincuencia no hay fronteras.

De hecho, el presidente del TSJA explicó este jueves que, aunque siempre se suele hablar de narcotráfico, las mafias «se están marchando a la ciberdelincuencia» porque las grandes organizaciones «han visto que el negocio está ahí». Para combatirlo, Lorenzo del Río instó a trabajar «con un alcance universal, uniformar los ordenamientos jurídicos y ser más eficaces en la represión».

El subdelegado del Gobierno en Granada, por su parte, habla de un «aumento enorme que preocupa», ya que demuestra que no es algo «coyuntural, sino una tendencia asentada». «La criminalidad en Granada se mantiene 6,2 puntos por debajo de la media española, nuestra provincia es segura. Si la subida se puede vincular a algo, es a la cibercriminalidad, según nos dice Policía Nacional y Guardia Civil», detalla José Antonio Montilla.

Recuerda que en 2021 se aprobó el Plan estratégico contra la Cibercriminalidad, y que los agentes se van adaptando para perseguirla. El problema, detalla, es que los delincuentes avanzan demasiado rápido. «Igual que en otros delitos están muy desarrollados los mecanismos de investigación, en esta área es más complicado ser tan rápidos como ellos», añade. Aún así, el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil y el de la Policía Nacional han conseguido grandes logros estos últimos años, incorporando nuevas técnicas y formando regularmente a sus agentes.

Francisco Hernández, fiscal de Criminalidad Informática en Granada, alerta del aumento de estas fechorías. Lo que más le preocupa es el robo de identidades, con delincuentes que las utilizan para generar documentos bancarios a nombre de la víctima, o para hacerse pasar por otros y hacerles la vida imposible. Sin ir más lejos, este jueves juzgaban en Granada a un hombre que tenía en su poder imágenes de cientos de DNIs, utilizadas para estafar y conseguir dinero, aunque el juicio finalmente se suspendió.

En cuanto a la identificación de estos delitos, el fiscal admite que hay un problema: no existe una calificación jurídica cuando se registran en el juzgado. Hay multitud de casos en los que no está claro si la estafa es tradicional o informática. En algunas provincias se afina más, en otras menos, lo cual puede tener su reflejo en las estadísticas. «Tenemos una consulta donde se nos da algunos criterios sobre cómo sancionar esos hechos, pero calificarlos es muy complicado», recuerda.

Hay casos en los que no hay duda. Un 'man in the middle', es decir, interceptar las comunicaciones entre empresas y proveedores para introducir correos con facturas falsificadas, es claramente un delito informático. Hay un ataque al sistema de por medio. Otras veces no está tan claro. «Hay estafas de inversiones que empiezan con una conversación entre personas, pero que derivan en transferencias en una cuenta bancaria, criptomonedas… Es una estafa normal y corriente, de alguien que se hace pasar por bróker, apoyada por medios informáticos», explica Francisco Hernández.

Asimismo, el fiscal recuerda que el Ministerio de Interior no da una comparativa entre el número de estafas analógicas y digitales, pero es probable que se esté produciendo un trasvase de estafas del mundo ordinario al digital. «Cuanto más hay de las segundas menos hay de las primeras, lo que puede mantener el índice de criminalidad igual en este apartado», sugiere.

El resto de la criminalidad convencional no refleja grandes repuntes en el informe, aunque destacan varias variables. Las agresiones sexuales con penetración bajan de 59 en 2022 a 47 el año siguiente. El resto de delitos contra la libertad sexual (abuso, acoso, exhibicionismo, etcétera) aumentan de 216 a 254.

«Detrás de esto está el machismo y hay cierta tolerancia hacia esta lacra. Cuesta eliminar estos delitos, porque detrás hay un problema de base. Aún así, estamos contentos con el funcionamiento de VioGén, y por cómo los municipios y las policías locales se han incorporado. También ahora se denuncian más estos hechos, algo que antes no ocurría», detalla el subdelegado del Gobierno.

Por otro lado, los robos con fuerza en domicilios subieron casi un 15% el pasado año con respecto al anterior, con más de 1.600. Si incluimos los robos en establecimientos y otras instalaciones, el incremento se sitúa en un 10,5%. «Las autoridades no creen que haya que preocuparse especialmente, a veces se registran episodios de robos de grupos organizados, pero al final son detenidos», insiste José Antonio Montilla. Por último, los hurtos, que suelen ser bastante más numerosos, subieron un 8,7%, pasando de 7.626 a 8.288 el pasado año.