El Estado debe pagar más de seis millones por sobrecostes del AVE que aún no ha llegado

La Audiencia Nacional -concretamente la Sala de lo Contencioso- ha dictado una sentencia en la que condena al Estado, es decir, a todos los ciudadanos, a abonar más de seis millones, 6.332.805, 60 euros exactamente (más los intereses), por los sobrecostes derivados de la construcción de la línea del Alta Velocidad entre la localidad malagueña de Antequera y la capital granadina. El tren aún no ha llegado, pero sí las facturas. Y hay que pagarlas.

Las beneficiaras son dos empresas constructoras que reclamaron al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) -un organismo público dependiente del Ministerio de Fomento- una compensación económica porque habían tenido que invertir más dinero del presupuestado para llevar a cabo las obras. Las compañías en cuestión, que habían formado una UTE (Unión Temporal de Empresas) para hacerse con la adjudicación de los trabajos, entendían que habían tenido que asumir gastos que excedían lo acordado por razones imputables a las instituciones implicadas y no a ellas.

Al respecto, la UTE alegó que se produjeron notables retrasos por la aparición de yacimientos arqueológicos, lo que desencadenó un procedimiento para determinar su importancia y, en su caso, garantizar su protección. El resultado fue que hubo que parar y replantearse las cosas.

Las empresas formalizaron la reclamación con esos argumentos en julio de 2015, pero Adif no contestó, es decir, que se refugió en el silencio administrativo.

Los abogados de la UTE acudieron entonces a la justicia y lograron que el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 5 les diera la razón. Adif debía desembolsar 6.332.805 euros más los intereses para satisfacer la demanda de las constructoras. En este sentido, aquella primera resolución exponía que la UTE había sufrido «perjuicios» que tenían que ser reparados.

Disconforme con la sentencia, el Estado recurrió ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, que, sin embargo, ha vuelto a respaldar las pretensiones de las compañías damnificadas. El tribunal viene a decir que la administración no ha aportado ningún elemento que desarme la resolución del juzgado que condenó a Adif. De hecho, expone que los testimonios y los informes periciales que justificaron el pago de los seis millones a la UTE son perfectamente válidos. Así que avala los fundamentos de la primera sentencia, que determinó que los retrasos en la ejecución de las obras causaron importantes perjuicios a las empresas. «(...) Se enjuicia la pretensión indemnizatoria de la recurrente en concepto de daños y perjuicios por el sobrecoste que le había supuesto la ejecución de la obra adjudicada, debido a la ampliación del plazo contractual de ejecución (...), principalmente por la aparición de yacimientos arqueológicos y la necesidad de contar con las autorizaciones pertinentes a fin de proteger dichos yacimientos (...), competencia de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía». Y la tardanza en cumplimentar esos trámites, dice la justicia, no puede endosarse a las empresas, sino que es «directamente imputable a la administración».

La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, advierte también de que la lluvia ralentizó los trabajos y esto tampoco fue culpa de la UTE. Por todo ello, el Estado debe pagar los más de seis millones de euros a las sociedades perjudicadas.