«El Gobierno va aprobar el instrumento para que el sector del aceite pueda regular la oferta»

–¿El modelo final para repartir los fondos de la PAC beneficia a Granada?

–El modelo de reforma de la Política Agraria Común tiene su origen en las propuestas de la Comisión Europea del año 2018, exactamente la misma semana en la que tomo posesión como ministro. Han sido dos años y medio muy intensos de discusión que esperemos concluyan a final de la primavera, principios del verano, bajo presidencia portuguesa de la Unión Europea, con la adaptación de los tres reglamentos de la PAC que entrarán en vigor en 2023. Habrá un periodo transitorio de dos años, 2021 y 2022.

Desde el punto de vista presupuestario, la cantidad que dispondremos para España será similar al periodo anterior. Globalmente para 2021-2027 un total de 47.724 millones de euros y una media anual de 7.200 millones. Es decir 5.700 para las ayudas del primer pilar y 1.500 para desarrollo rural. Todo ello estructurado a través de un plan estratégico nacional que estamos elaborando en este momento. Por tanto, en esta tarea aún no finalizada estamos intentando primar a la agricultura familiar y profesional que constituye la inmensa clase media de la agricultura española. En el caso de Andalucía y Granada es agricultura está muy presente, por tanto mi impresión es que encaja bien con las características de esta tierra.

–Hay sectores en Granada que tienen esperanzas de salir beneficiados, como la ganadería extensiva, el olivar en pendiente, el almendro...

–Son sectores probablemente de aquellos que más vocación tienen a recibir una ayuda por sus características. El olivar en pendiente es uno de los elementos que quiero apoyar de forma más significativa en esta PAC. Uno de los problemas que tenemos en el sector del olivar son los costes diferenciales entre el olivar tradicional, en pendiente y normalmente de secano y el nuevo olivar, ya sea en regadío, intensivo o superintensivo. Los costes de mano de obra van de 0,70 o 0,80 euros a más de tres euros por kilo y por tanto hay que tener muy claro que hay que buscar mecanismos que permitan mantener la conservación de estos cultivos permanentes que tan importantes son desde el punto de vista productivo y de nuestro paisaje y medio ambiente.

Por eso en la nueva PAC pretendo hacer varias cosas, la primera incluir el tema vía cubierta vegetal o el mantenimiento de restos de poda en los ecoesquemas. Otra vía de apoyo es que he propuesto a las comunidades autónomas incluir un programa específico del primer pilar que tenga como objetivo apoyar a este olivar que tiene un significado no ya sólo económico sino social y medio ambiental muy importante que tenemos que preservar. Aquí no hay que hacer acciones de medio ambiente hay que preservar lo que tenemos.

-¿Entrarán las hectáreas de frutas y hortalizas como piden Granada y Almería?

–Buena pregunta y muy propia de IDEAL, venía preparado (risas). Es un debate que he tenido como consejero muchas veces. El sector de frutas y hortalizas tiene en la PAC actual un apoyo específico muy importante con las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OFPH) que suponen un mecanismo de financiación de su actividad muy importante, pero es verdad que las hectáreas están excluidas del pago básico, lo que denominamos la ayuda a la renta. Mi intención y es la propuesta que les he hecho a las comunidades autónomas es que los productores de frutas y hortalizas puedan entrar en la nueva ayuda a la renta. Ello se hará de forma progresiva, con cargo a la reserva nacional y sentando unas prioridades. Por ejemplo, yo le pienso proponer a las comunidades autónomas que sean los jóvenes agricultores de nueva incorporación los que tengan prioridad. No se hará de la noche a la mañana, sino de manera progresiva, para no hacer una disrupción de todo el sistema pero la respuesta es sí.

-¿Cómo se ve desde el Gobierno al sector hortofrutícola de Granada y Almería? ¿Cuáles son sus retos?

–Está en un momento muy importante. Esta década 2020-2030 tiene ante sí tres grandes retos para este sector. El primero, contribuir a la lucha contra el cambio climático y apoyar la preservación del medio ambiente. El segundo, que es transversal, es todo lo vinculado a innovación y digitalización. El tercero, clave, es el relevo en la incorporación de jóvenes al campo y la igualdad de género. Al igual que en Europa estamos ante un medio muy envejecido. En España prácticamente tenemos dos tercios de agricultores y ganaderos que tienen más de 55 años, se jubilarán en esta década y es muy importante hacer ese planteamiento de futuro.

En este contexto, en el sector de las frutas y hortalizas la prioridad es la creación de valor. Esto significa calidad, innovación y respuesta a las nuevas necesidades del mercado, por ejemplo, todo lo que se refiere a la producción bio tiene más posibilidades de generar valor para el agricultor. Es un viejo debate, en Granada y Almería nos encontramos con producciones de países terceros que tienen costes laborales muy inferiores a los nuestros. Es un error competir en costes, nosotros pertenecemos a otra categoría.

En el plan de Recuperación, Transformación y Resilencia hemos incluido 120 millones de euros para la renovación de los invernaderos, es un elemento fundamental. Han sido la punta de lanza de la competitividad del sureste de España, en Murcia, Almería, Granada y Málaga, pero ha llegado el momento de que demos un salto adelante desde el punto de vista de la sostenibilidad y la eficiencia energética. Es uno de los temas clave que hemos incluido, junto al regadío y la digitalización en ese plan nacional y uno de los elementos más novedosos.

–La Junta de Andalucía y organizaciones agrarias han mostrado su rechazo al texto definitivo del Real Decreto de transición de la PAC. Entienden que la «aceleración de la convergencia« va a perjudicar a las rentas de los agricultores. ¿Será así? ¿La va a modificar el Gobierno?

–En términos financieros, sumado el primer y segundo pilar, la cantidad económica es la misma que en el periodo anterior. Hay una pequeña trasferncia del primer al segundo pilar, pero por lo demás permanece igual. Sobre el tema que está siendo objeto de polémica, la denominada convergencia, lo que estamos haciendo es reducir el retraso que tenemos con respecto a otros países de la Unión Europea. En países como Alemania han alcanzado ya la convergencia plena y en Francia entre el 70 y el 90% de esta convergencia.

Aquí lo que pretendemos y lo que he hecho en el decreto es evitar los extremos. Tenemos que conseguir antes del final de la próxima PAC situarnos en un nivel de convergencia interna que supone que dentro de una región productiva dos agricultores o ganaderos que hagan lo mismo, perciban lo mismo y no es el caso. Esto nos lo ha recomendado la Comisión Europea. No podemos tener como referencia derechos vinculados a producciones de finales de los 90 que deforman la fotografía de aplicación y perjudican la incorporación de los jóvenes. En mi opinión es un elemento claro de avance, de progresividad, gradual y moderado y estoy muy sorprendido por algunas de las críticas.

Tenemos a mucha gente, por abajo, pero sobre todo, fuera de la media. Que el debate en Andalucía sea la percepción de menos del 1% de los agricultores o ganaderos me sorprende, sinceramente. Mi preocupación no es la del 1%, es la del 100%, la de todos, y sobre todo la de los que cobran menos de la media.

Espero que al final, teniendo en cuenta que en el caso de Andalucía, no se produce la redistribución de un solo euro desde el punto de vista territorial y que es solo un elemento de convergencia interna, espero que este debate se clarifique y se pacifique.

–¿Cómo están funcionando las medidas del Gobierno para intentar garantizar precios justos para los productores?

–Hay un proyecto de ley que está iniciando su debate en el Congreso de los Diputados que traspone una directiva europea de 1999, sobre prácticas comerciales desleales, en el cual intentamos, como ya hice en un primer movimiento en el febrero pasado, reformando la Ley de la Cadena alimentaria, través de un decreto ley, que después se transformó en ley, todo lo que se refiere a tres cosas. Primero, la transparencia y la formación de los precios, segundo el equilibrio entre el sector productor, la industria y la distribución y tercera, el apoyo al eslabón más débil, agricultores y ganaderos. Además de incluir la contractualización por escrito, algo lógico a estas alturas y por supuesto la pohibición de prácticas desleales como la venta a pérdidas. Mi intención clara es la creación de valor. Es el elemento fundamental que significa retribución para el productor y ganadero.

-En el sector del olivar los precios siguen a la baja, ¿qué medidas se han tomado desde la campaña pasada? ¿puede intervenir el Gobierno?

–Este año la campaña funciona mejor que la problemática campaña del año pasado en la que se unieron varias circunstancias. Un stock de enlace elevado en relación con otra campaña récord, la de 2018/19, que teniendo en cuenta que el consumo está estabilizado a nivel mundial supuso una caída de precios muy importante. Con un segundo factor añadido, la diferenciación de los costes de producción entre los distintos segmentos, del olivar tradicional y los intensivos. Todo motivó que yo mismo propusiera al sector en junio de este año un paquete de diez medidas tendentes a regular varios aspectos.

Un primer aspecto se refiere a la oferta del aceite. Ahí hay medidas tales como la autorregulación. Cooperativas Agroalimentarias de España, con el apoyo del Ministerio, hizo una propuesta a la Comisión Europea que ha sido aprobada ya y que pueden aplicar para retirar temporalmente cantidades del mercado. Una segunda medida, que ya se lleva a cabo por recomendación de la interprofesional, es la cosecha temprana; el aceite de cosecha temprana tiene características organolépticas que le dan un valor superior y aplicarla en volumen supone un 5% menos.

Una tercera medida, sólo cito las más importantes entre estas diez, la voy a llevar dentro de un par de semanas al Consejo de Ministros y es el desarrollo en España del artículo 167 bis de la Organización Común de Mercados Agrarios. En el pasado estaba regulado en el mercado del vino, donde existía la posibilidad por parte de la administración pública de adoptar medidas de cara a la reducción de la oferta vía almacenamiento u otros mecanismos. Esta medida que también estaba solicitada por el sector hemos conseguido que se incluya en el reglamento de transición aprobado en diciembre por la Unión Europea como adelanto de la próxima PAC y dentro de un par de semanas la llevaré al Consejo de Ministros. Si es necesario estará sobre la mesa.

Esto en lo que se refiere a la oferta. en lo que se refiere a la demanda, que es el otro extremo por ese desequilibrio, vamos a seguir desarrollando todas las acciones de promoción en mercados terceros. El aceite supone el 2% de consumo de grasas vegetalse a nivel mundial y hay mucho margen de crecimiento dentro de la UE y fuera.

–Uno de los debates que genera la la ley de la cadena agroalimentaria es la fijación de los costes productivos, ¿lo va a hacer su Ministerio?

–Antes de hablar de costes de producción quiero reiterar lo que he dicho antes: El objetivo debe ser la creación de valor. El tema de los costes de producción es una reivindicación y el Gobierno se hizo sensible, es un punto clave, pero dejémoslo claro, estamos en una economía de mercado, los precios se forman a través de la negociación de vendedor y comprador.

Tanto en Almería, como Granada, como en Murcia, en ocasiones se da una práctica muy nociva para el productor que es la venta a resultas. Colocar el producto sin negociar precio es un elemento de pérdida de valor. Lo que estamos diciendo es que la transacción entre vendedor y comprador, en el contrato se debe indicar expresamente que los costes han sido cubiertos. Esto significa que se pueden utilizar muchas referencias, no hay una referencia oficial. Somos una economía de mercado, la administración no puede fijar precios, pero sí podemos contribuir a indicar determinadas referencias. Aquí estamos incitando a que sea así. Las interprofesionales pueden publicar índices de referencia que no son prescriptivos pero que pueden servir para orientar al vendedor y comprador, esa es la idea, pero en ningún caso la imposición de unas cifras concretas, ni es legalmente posible ni sería deseable.

–El cambio de gobierno en Estados Unidos abre oportunidades para el agro andaluz, ¿qué espera con respecto a los aranceles?

–La toma de posesión de la nueva administración americana abre una nueva etapa. Está muy claro y esta semana se lo dije al comisario europeo para que cuanto antes con las nuevas autoridades de comercio norteamericanas se plantee la eliminación de los aranceles porque nos parecen injustos, no tienen nada que ver con el sector agroalimentario y perjudican a vendedores sobre todo, pero también a compradores. Nosotros le hemos impuesto a Estados Unidos también sanciones por lo que hay un interés mutuo en la eliminación. Interesan al sector exportador andaluz del aceite de oliva, la aceituna de mesa, pero también otros productos. Esperamos y deseamos que cuanto antes, como una medida de confianza, rebajemos y hagamos desaparecer esos aranceles.

–El plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ¿puede jugar también un papel importante en la fijación de la población rural para combatir la despoblación?

–Efectivamente, Granada es de las zonas donde este problema es más evidente, pero también Jaén y Almería, tienen áreas con índice de población muy bajos. La clave del tema de la vida y de la estructuración de la España y la Andalucía rural está en la posibilidad de ganarse dignamente la vida. De tener explotaciones rentables agrícolas, ganaderas o bien industria agroalimentaria. Todo lo que estamos haciendo en el marco de la PAC es un elemento fundamental para fijar población, es de los efectos sociales inducidos. Tenemos ante nosotros un gran reto. Estamos viviendo una pandemia que ha puesto el punto de mira sobre las zonas rurales, donde se vive en teoría, en condiciones de seguridad sanitaria superior. Y sobre todo, con el trabajo a distancia se ha generado una nueva referencia. Mi preocupación como ministro de Agricultura es tener explotaciones rentables, ésa es la clave.

–Las canalizaciones de Rules son una pregunta obligada por la necesidad que tiene de ellas la Costa de Granada. Las obras no son competencia de su ministerio, pero conoce fechas para los proyectos constructivos, ¿tendrá la agricultura de la Costa ese compromiso que tanto necesita del Gobierno?

–Es fundamental. He sido siempre un gran defensor de todo lo que supone la presa de Rules, las canalizaciones y el regadío. Tienen varios elementos muy importantes: la estabilidad del regadío, la utilización inferior de la extracción de agua y una ventaja energética tremenda. Un primer paso adelante importante fue la aprobación a mitad de diciembre de la declaración de impacto ambiental. Efectivamente el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico tiene en el ámbito de las inversiones de este año previsto un importe de unos 50 millones de euros, de los que 35 van dedicados a proyectos del canal principal del suministro y regadío. Acuaes ha avanzado la licitación para el contrato de redacción del proyecto y vamos avanzando. Comprendo perfectamente el estado de ánimo de los potenciales beneficiarios he hablado con ellos en muchas ocasiones. Todo lo que significa regadío, las obras de modernización, suponen periodos de ejecución largos...

–En este caso son demasiado años de espera...

–Siempre en los puestos que he ocupado he intentado empujar este proyecto y lo continúo haciendo. Dentro del Gobierno de España me he interesado por él con mi colega, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico y estoy convencido de que estamos dando un paso suplementario, quedan muchos más pero hay compromiso del Gobierno. Hay que definir también las aportaciones de los proyectos con la Junta de Andalucía y espero y estoy convencido de que no habrá problemas. Este año puede ser, espero y deseo, fecha de referencia y que para el proyecto de Rules haya buenas noticias.

–A raiz de los cambios de cartera y la incorporación de un nuevo ministro esta semana, ¿puede hacer una reflexión sobre el funcionamiento del Gobierno de coalición?

–Pertenezco al Partido Socialista desde hace muchos años. Soy un social demócrata en el sentido clásico. Creo en la economía social de mercado así como en la necesidad también de que haya políticas públicas que corrijan las desigualdades y que hagan lo que el Papa Francisco denomina un capitalismo inclusivo. Evidentemente es una visión. En el Gobierno hay dos almas, dos fuerzas políticas y un gobierno de coalición es una novedad en España, no en Europa. Un gobierno de coalición significa que hay que transaccionar, la referencia es el programa de la coalición y desde este punto de vista está funcionando razonablemente bien.

- Usted fue candidato a unas primarias en el PSOE andaluz. ¿Cómo ve el panorama actual? ¿Puede el PSOE andaluz seguir el modelo catalán?

-La política es como la vida, cambio. Creo que el PSOE tiene, cuando llegue el momento, que ser capaz de pensar quien, mujer u hombre, es la persona más indicada para responder a las expectativas de los andaluces, pensando que la Andalucía de hoy no es la de ayer, ni la antesdeayer, como explicaba con la PAC, ni la que será mañana. Todo el mundo tiene ganas de tener un elemento de seguridad de cara al futuro y al mismo tiempo de renovación que es muy importante.