«Me enfrento a 20 años de prisión por salvar vidas en el Mediterráneo»

Miguel tiene 32 años y es malagueño de nacimiento, pero granadino de adopción. En Granada fue donde estudió la carrera de Educación Física (antes conocida como INEF) y posteriormente se preparó las oposiciones para bombero. Tras ocho años en la capital nazarí, se mudó en 2013 a Sevilla para trabajar en su pasión: no sólo apagar fuegos, sino ayudar a los ciudadanos que lo necesitaran porque su vocación es el servicio al público. Y esa dedicación la llevó al extremo de pedirse vacaciones para salvar vidas como cooperante en distintas misiones humanitarias en Guinea, Lesbos, Kenia y la última, hace dos años, en el mar Mediterráneo frente a Libia para rescatar a las personas que, sin saber nadar, arriesgan sus vidas en lanchas neumáticas sobrecargadas, con escaso combustible, que pueden naufragar en cualquier momento y sin apenas chalecos salvavidas realmente funcionales. Más de 2.000 personas se ahogaron en el Mediterráneo a lo largo de 2018, según los datos más recientes publicados por ACNUR.

«Me enfrento a 20 años de prisión por salvar vidas en el Mediterráneo», dice Miguel serio y contundente. Bajo el hashtag #CulpableDeSerSolidario, bomberos, activistas y ciudadanos comprometidos con los derechos humanos y sociales han comenzado en las redes sociales una campaña para difundir la situación de Miguel, que consideran injusta. El objetivo es conseguir un apoyo masivo y lograr que instituciones españolas de movilicen a favor de este bombero y tratar de evitar la peor de las sentencias, dos décadas entre rejas. Por eso también desde la ONG con la que Miguel viajaba a bordo del barco Iuventa han lanzado la página web solidarity-at-sea.org, en la que recogen firmas, donaciones y publican información del proceso judicial que se encuentra actualmente en fase de investigación, todo ello junto al lema «La solidaridad es un deber, no un crimen».

Miguel se muestra muy crítico ante la inacción ciudadana y política comunitaria para salvar a estos migrantes: «Salvini quiere acabar con las ONG que rescatan en el Mediterráneo y para ello esgrime el recurrente mensaje del efecto llamada y a las acusaciones contra las organizaciones humanitarias de colaborar con mafias en el tráfico de personas». Sin embargo, cuando habla de las personas a las que rescató en esos 22 días cambia el tono, se le nubla la mirada. «Si todos los que niegan la ayudan vivieran lo que yo viví esos días o simplemente lo vieran, quizás cambiarían de opinión. El problema es que la sociedad no quiere ver lo que pasa y aplican eso de 'ojos que no ven, corazón que no siente', pero la vida no es una película de Disney», comenta el joven sentado en un banco frente a los Jardines del Triunfo.

Este bombero estima que la fase de investigación se alargará hasta el próximo verano y cree que el juicio podría celebrarse a finales de año, pero todo está en el aire. Otro problema añadido es el coste de su defensa. Actualmente un gabinete de abogados está llevando su acusación junto a la de los demás cooperantes. Hasta la fecha, la factura por los servicios legales asciende a 150.000 euros, pero Miguel estima que hasta finalizar el proceso la cuantía podría situarse en los 500.000 euros en total, cantidad que la ONG no puede asumir y por la que pide donaciones a través de la plataforma Solidarity At Sea. «El presupuesto de Jugend Rettet es para salvar vidas, no para pagar abogados, pero a todo ello se suma que ahora tienen el barco inmovilizado y no pueden hacer ninguna otra misión», relata este joven.

Los voluntarios de esta ONG alemana se encargaban de interceptar las lanchas neumáticas o las barcazas en medio del mar, en aguas internacionales siempre sin traspasar la línea invisible que señala el límite con las aguas libias. «Recogíamos a estas personas en aguas de nadie. Nuestro barco de rescate, el Iuventa, tenía capacidad para 250 viajeros, pero en ocasiones llevábamos más de 300», recuerda Miguel, y añade: «Lo peor de todo es tener que hacer de juez y decidir a quién salvas, porque mientras llevas a uno a bordo, el otro posiblemente ya se haya ahogado». El Iuventa era únicamente un barco de transporte. Tal y como lo llenaban de náufragos, los llevaban hasta ONG como Médicos Sin Fronteras o Save The Children que tenían barcos mucho más grandes, «con capacidad de hasta 2.000 personas», y eran estas organizaciones las que los trasladaban a puerto cuando conseguían permiso para atracar.

A raíz de la acusación de la ONG en la que participó Miguel, «no hay ninguna otra cubriendo el Mediterráneo oriental». «No quiero ni imaginar las de personas que están muriendo en el mar porque desde aquí no se les quiere dar una oportunidad», lamenta Miguel. A pesar de la situación en la que se encuentra actualmente, no pierde la esperanza de retomar su actividad como cooperante en un futuro, «cuando todo este lío se solucione». De momento, el principal interrogante es cuándo se acabará todo este dolor de cabeza y si el resultado será favorable para los cooperantes. «Cuanto más se alargue el proceso, más tiempo estarán las ONG sin poder rescatar en el Mediterráneo», algo que beneficia a las políticas anti inmigración.