Endesa pide castigar con cárcel el fraude eléctrico para combatir los cortes de luz

Así lo ha expuesto este lunes el director de e-distribución en Andalucía, Emilio Jiménez, en una comparecencia informativa en la que ha expresado la impotencia de la compañía para solucionar los apagones en los municipios y los barrios andaluces en los que se concentran megaplantaciones de 'Cannabis sativa'. Las inversiones para ampliar la capacidad de la red de distribución, subraya, «son un paliativo a corto plazo para los vecinos que sufren cortes, pero no son una solución definitiva». Esta, insiste, debe venir de las diferentes administraciones implicadas: ayuntamientos, Junta de Andalucía y Gobierno central.

«El Código Penal español es el más laxo en el tratamiento del delito de defraudación de fluido eléctrico», sostiene Endesa. Según Jiménez, el castigo más duro al que se expone quien roba electricidad en España es a tener que pagar lo que ya ha consumido, y además la compañía tiene que probarlo y cuantificarlo. «Le sale a cuenta defraudar», lamenta.

Por el contrario, la legislación en países de nuestro entorno sí contempla penas privativas de libertad para estas conductas: hasta 3 años y multa de hasta 45.000 euros en Francia, de 6 meses a 3 años y multa de 154 a 516 euros en Italia y pena de prisión de hasta 5 años y multa en Alemania, según los datos aportados por Endesa.

El directivo ha dedicado el grueso de su intervención a desgranar los esfuerzos de Endesa para evitar los cortes de luz derivados de los destrozos causados en la infraestructura eléctrica por parte de los narcotraficantes, fundamentalmente en Sevilla y en Granada. Así, ha resaltado que Endesa ha invertido en la Zona Norte de la capital granadina 11 millones de euros desde 2020 para «renovar íntegramente la red tanto en baja como en media y alta tensión», ha ampliado un 57% la potencia de la subestación de Pulianas, ha instalado 19 nuevas máquinas transformadoras y ha dotado al barrio de potencia extra suficiente para abastecer a 29.000 viviendas, «en un entorno en el que no ha habido nuevas promociones de viviendas ni nueva industria», es decir, donde no ha aumentado la demanda 'legal' de energía, solo de la de los delincuentes.

El resultado es que en el distrito hay «cinco veces más potencia de la necesaria en función del número de habitantes» y «la media de inversión por cliente es de 1.500 euros al año frente a los 20 euros al año en el resto de Granada capital». Esa inversión, ha aclarado Jiménez, repercute en las facturas de los clientes de la compañía, que se ven infladas por ese gasto extra.

Sin embargo, ha resaltado, la mejora de la red solo supone un alivio temporal de los cortes de suministro para aquellos clientes que sí pagan sus facturas; una vez reparados los centros de transformación quemados por el exceso de demanda de los enganches, la puesta en marcha de nuevas plantaciones de marihuana satura en unos pocos meses la capacidad de la red.

«Es como tratar de curar una infección con paracetamol: eso solo mejora los síntomas temporalmente. Si no atacamos la causa de raíz, se va a reproducir con más fuerza –ha insistido–. Ampliar la capacidad de la red de distribución es una solución que funciona a corto plazo pero no elimina el problema, sino que lo acaba acrecentando».