Las empresas recurren a detectives para acabar con los fraudes

Es aquí cuando los detectives privados entran en acción. Tras la solicitud de la empresa que les contrata y una entrevista para contextualizar la situación, los profesionales trabajan para recabar información y pruebas que, en caso de necesitarlas, puedan validar de forma legal la versión de la empresa ante el despido del trabajador. E.G., director del despacho GBL Global Investigación Detectives y miembro del Colegio Oficial de Detectives de la Comunidad Valenciana, comenta que estos asuntos laborales se han incrementado exponencialmente en los últimos años. «En 2025 ocupa aproximadamente seis de cada diez casos de la actividad del despacho», explica.

Lo mismo sucede en el caso de Javier Cros, presidente de la Asociación de Detectives de Andalucía y trabajador a cargo de Detec7, que declara que en su empresa también han aumentado estos casos en un 15%. Los profesionales, según declara Cros, tras obtener la información necesaria por parte de la empresa, comienzan con el proceso de vigilancia, cuyos métodos mantienen en secreto, y realizan un informe donde se detalla la actividad diaria de la persona investigada.

«Para llevar a cabo cualquier investigación, debe ser justificada y argumentada legítimamente con un documento que detalle la relación entre ambas partes», añade E.G. En su caso, tras su larga trayectoria y tras haber trabajado con importantes profesionales como el Doctor Cabrera y Forneiro, mantiene bajo secreto y «con profundo respeto» cada caso que lleva a cabo. Ni sus métodos ni sus herramientas pueden ser desveladas, ya que la discreción es una de las partes más importantes de su intrigante profesión.

Debido a la Ley de Protección de Datos, los detectives no pueden saber los motivos o dolencias del trabajador investigado. Es por eso que, mientras realiza el trabajo, «a no ser que sea evidente», no conocen lo que le sucede a la persona ni si la actividad que realiza en cada momento va acorde con lo permitido. Tras la elaboración del informe y la recopilación de pruebas que lo sustentan, es la propia empresa junto con su correspondiente abogado y profesionales médicos los que deciden si la actividad que está realizando va acorde con la baja presentada.

«Depende del caso podemos tardar un día, una semana o quince días», explica Javier Cros. En su caso, acuerdan un presupuesto antes de iniciar el trabajo, estudian el caso y ejecutan su labor. «No es lo mismo vigilar a una persona que vive en un chalé donde no hay nadie, que a otra persona en una urbanización con cuatro accesos, porque necesitaríamos a cuatro detectives», incluye Javier Cros. Estas investigaciones no siempre concluyen con casos fraudulentos, sino que existen ocasiones en las que las bajas son justificadas.