Empresas de Granada preparan una reclamación conjunta contra los responsables del apagón

En despachos de abogados de todo el país se están documentando miles de pruebas de los daños y perjuicios ocasionados por el corte de suministro y solo falta saber a quién se dirigirán las reclamaciones. HispaColex, el despacho de abogados concertado con Cámara Granada –con una primera consulta gratuita– para asesorar a las empresas de la provincia en esta materia, está preparando una demanda conjunta –el término jurídico es 'acumulación de demandas'– de 87 empresas granadinas. Y no descarta, junto a la red Hispajuris (más de 600 letrados en todo el país) encargar un informe pericial independiente sobre las causas del 'cero eléctrico' a una consultora de ingeniería especializada. A más demandantes, menor coste les supondrá el informe.

Javier López y García de la Serrana, fundador de HispaColex y presidente de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, explica a esta redacción que, por el momento, hay que esperar al resultado de las investigaciones sobre el apagón. Por un lado, las de los dos grupos de trabajo creados por el Gobierno español, la del panel de expertos de la Unión Europea y las que, sin duda, emitirán las empresas eléctricas.

A juzgar por las declaraciones cruzadas de estas últimas semanas, se puede aventurar que Red Eléctrica y las grandes compañías de generación, distribución y comercialización se culparán mutuamente del apagón. Pero López advierte de que esa estrategia no resolverá el problema, porque, si no hay un responsable claro, los afectados pueden plantear demandas solidarias para que sean los tribunales los que diriman quién tiene que pagar. «A los perjudicados no se les puede dejar sin indemnizar», recalca el letrado.

Otra posibilidad es que unos y otros aleguen una causa de «fuerza mayor», es decir, que el apagón estuvo causado por un suceso «imprevisible, inevitable y extraordinario» para librarse de pagar indemnizaciones. No obstante, será complicado demostrar esa imprevisibilidad cuando la propia Red Eléctrica reconoció en diversos documentos, hace más de un año, que la entrada masiva de energías renovables exigía cambios en los sistemas de protección de la red eléctrica (y esos cambios no se produjeron).

Las empresas de Granada que planean presentar demandas a través de HispaColex son, por un lado, negocios que perdieron mercancía por falta de corriente, como tiendas de alimentación y de congelados, supermercados o establecimientos de restauración, y, por otro, empresas que han sufrido perjuicios por negocios frustrados o por dejar de facturar durante el apagón, entre ellos, hoteles, restaurantes y compañías tecnológicas que facturan sus servicios por horas. Las primeras reclaman «daño emergente» y las segundas, «lucro cesante».

Todas ellas ya tienen preparada la documentación para probar y cuantificar las pérdidas: fotos de productos echados a perder, albaranes de compra o estudios económicos en base a su facturación habitual.

Una vez que se determine quién es el responsable del apagón, HispaColex –que ha recibido más de un millar de consultas de empresas de todo el país– presentará una demanda acumulada con los informes periciales individuales de cada empresa afectada por provincia. Si finalmente la demandada es Red Eléctrica, el plazo para presentar la reclamación sería de un año, ya que los afectados no tienen una relación contractual con esa entidad. Si las demandas se dirigen a las compañías eléctricas, con las que los clientes sí están vinculadas por un contrato, el plazo expira en cinco años.

En caso de que pasen los meses y la investigación no haya concluido, el despacho presentaría un medio alternativo de solución de conflicto (MASC), un procedimiento previo de mediación obligatorio desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia, en abril, para interrumpir la prescripción antes del 28 de abril de 2026.