Los empresarios rechazan la posible reforma laboral «sin diálogo alguno»

La CGE, en línea con lo manifestado por los órganos de gobierno de las patronales nacionales, consideró que la intención del Ministerio de Trabajo de modificar la legislación laboral mediante un real decreto ley responde a intereses electoralistas y no a una extraordinaria y urgente necesidad, que es el supuesto en el que la Constitución Española permite llevar a cabo cambios legislativos tan relevantes a través de este mecanismo. Además, supone dejar sin efecto «el diálogo social, silenciándolo e ignorando de nuevo la posición de los empresarios.

«Un asunto tan importante como la legislación laboral no se puede hacer de espaldas a los agentes económicos, ni abusando de un mecanismo que supone una excepción al procedimiento ordinario de elaboración de leyes, y menos todavía cuando ya se ha anunciado la disolución de las Cortes», indicó el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios, Gerardo Cuerva, que aseguró que tiene que ser el Gobierno que salga de las urnas el próximo 28 de abril el que afronte cualquier reforma en este sentido.

La CGE explicó que las medidas planteadas por Trabajo afectan a la subcontratación, el control del tiempo de trabajo y la derogación de ciertos aspectos de la reforma laboral de 2012, como la eliminación de la ultraactividad de los convenios de empresa, además de los cambios ya adoptados en materia de salario y cotizaciones a la Seguridad Social. «Estas medidas pueden tener un efecto directo negativo en la competitividad de las empresas y el empleo», indicó el presidente de la CGE, solicitando al Gobierno que dé un paso atrás y respete las competencias de la mesa de diálogo social.