Los empleados del hotel Colon temen perder su salario y el puesto en noviembre
Las cuentas del empresario que financió a Alvise siguen bloqueadas, a la vez que se le investiga por intrusismo profesional y estafa
Los trabajadores granadinos afectados colateralmente por Álvaro Romillo –el empresario que financió ilegalmente la campaña del eurodiputado Alvise Pérez con 100.000 euros– continúan a ... la espera de que se resuelva su futuro. Los 54 empleados de cinco restaurantes y el hotel Colon vinculados a distintas sociedades o grupos de inversión no tienen garantizado el mantenimiento de la actividad a largo plazo, mientras los tribunales comienzan a abrir investigación.
El juzgado de Instrucción número 25 de Madrid admite la denuncia por intrusismo profesional contra Romillo. En un auto, en poder de este medio, el tribunal incoa diligencias previas al considerar que el hombre, acusado también por presunta estafa piramidal, podría haber cometido una infracción penal al prestar servicios de asesoría financiera sin titulación.
El auto, emitido el 4 de octubre, responde a la denuncia colectiva presentada por el bufete Aránguez, donde el despacho expone que Romillo no cuenta «ni con los estudios académicos básicos», pero sin embargo ejerce actos propios de la profesión de Asesor Jurídico y Tributario, atribuyéndose públicamente la cualidad profesional de experto. El empresario brindaba asesoramiento financiero sin estar registrado como Agente de Inversiones en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
El denunciado, que se hacía llamar Luis CriptoSpain, «guiado por su ánimo de lucro», desde principios de 2021 se presentaba y publicitaba como un experto fiscal y tributario para particulares y empresas. Romillo publicaba vídeos a través de su perfil en Tik Tok, que contaba con más 212.000 seguidores, normalmente relacionados con la elusión fiscal y la inversión en criptomonedas, «prevaliéndose de su falsa condición de experto en materia fiscal y tributaria para generar sensación de seguridad en los usuarios de dicha plataforma».
La sociedad Madeira Club Investment prometía rentabilidad de entre un 30% y más de un 50% anual a sus inversores y operó durante un año y medio sin ningún obstáculo pese a las advertencias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que en mayo y junio de 2023 hizo público que la red no estaba autorizada para realizar «actividades reservadas a las instituciones de inversión colectiva», calificando el asunto de chiringuito financiero.
Romillo y sus socios habían diversificado sus finanzas en negocios de automoción, lujo, seguridad u hostelería por medio de 26 sociedades. Tenían conexión con la ciudad de la Alhambra a través de cuatro sociedades o grupos de inversión: Dos Huevos Fritos SL (La Castellana), Negro Carbón SL (vinculado al bar La Revolera), Negro Carbón Premium SL–con dos restaurantes en Albaicín y calle Neptuno – y Wanderstay SL (Hotel Colon y Restaurante La Casual).
Sus empleados no tienen garantías de que mantendrán su puesto a la larga. En La Castellana acuden a trabajar sin productos que servir. La semana pasada se les comunicó, verbalmente y no por escrito, que podían abandonar su empleo libremente. Este mes no percibirán su salario, pero si no acuden a trabajar se arriesgan a que los empresarios consideren su ausencia como una baja o despido voluntario y afecte a sus prestaciones. Dieron parte de su situación a Inspección de Trabajo y continúan a la espera de la resolución de su expediente. En el hotel Colon crece la preocupación a medida que avanza octubre. Este mes se les ha prometido que cobrarán por su trabajo, pero en noviembre la sociedad no les ha garantizado que reciban su salario. En los restaurantes Negro Carbón prestan servicio con el público habitual. Los empleados tampoco han recibido más información acerca del mantenimiento de la actividad. Sin embargo, por ahora tienen garantizado el cobro por su trabajo.
Al margen de la denuncia por intrusismo, las acusaciones por estafa han prosperado y la Audiencia Nacional investiga también al empresario bajo secreto de sumario. Francisco Jiménez, director general de Zaballos, bufete que también ha denunciado al empresario, muestra su malestar por la situación de los trabajadores y señala su interés en que las empresas sigan a flote porque «es una garantía para todos los afectados». El despacho ha solicitado un administrador judicial para esos negocios, una petición que también emitió Francisco Miranda, el abogado del empresario Álvaro Romillo.
Las cuentas bancarias de la sociedad continúan bloqueadas en Portugal, de acuerdo con el entorno de Romillo. El empresario puso su patrimonio a disposición de la justicia
Entregan al fiscal un listado de los negocios que tienen empleados
Fuentes cercanas al entorno del empresario señalan que ya se han personado en los procedimientos abiertos. Además, Romillo habría dado cuenta y acreditado formalmente ante el fiscal el listado de los negocios con empleados que se mantienen en vilo y en los que se incluyen los locales granadinos. Por último, siempre de acuerdo con la versión del entorno de Romillo, el fiscal se habría mostrado favorable a la petición de designar una administrador judicial con el fin de evitar la quiebra de los negocios «a la mayor brevedad posible». Presuntamente, habría estafado 600 millones a más de 2.000 inversores.
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