Uno de cada cinco municipios de la provincia de Granada gasta más de lo permitido

Todos ellos remitieron al Ministerio de Hacienda las liquidaciones del presupuesto del ejercicio de 2017. De hecho, este es un indicador que ha mejorado mucho con respecto a los primeros años de la puesta en marcha de los mecanismos de autoridad que comandó el entonces ministro Cristóbal Montoro. Sólo 4 de los 172 ayuntamientos de la provincia (a saber, Albuñol, Almuñécar, Galera y Purullena) no remitieron información sobre sus cuentas del año pasado.

Además, sólo cuatro de estos consistorios presentaron un saldo no financiero negativo en sus cuentas; es decir, que 34 de ellos ni siquiera están en números rojos, sino que el tirón de orejas de Hacienda tiene más que ver con los criterios que se tienen en cuenta para medir cuánto puede elevarse el techo de gasto. Entre ellos, por ejemplo, están las previsiones de crecimiento del PIB a medio plazo del conjunto de la economía española. Así, se considerará incumplimiento un crecimiento del gasto por encima de este nivel que no vaya a su vez acompañado de un aumento justificado de la previsión de ingresos.

Este mismo argumento sobre los criterios que usa el Gobierno para establecer los límites del crecimiento del gasto explica por qué es mucho mayor el número de ayuntamientos que incumple la regla de gasto que el de los que se saltan los objetivos de estabilidad presupuestaria. Yeso a pesar de que ambos vienen básicamente determinados por el mismo corpus legislativo y ambos se saldan con el mismo toque de atención, que es la necesidad de redactar y poner en marcha un Plan Económico-Financiero que permita de manera creíble y verificable corregir la situación económica en un período máximo de dos años.

Según explica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en uno de sus estudios, estos dos indicadores, junto al objetivo de deuda, forman una terna de reglas fiscales de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas con excepción de la Seguridad Social.

Si fueron 38 los ayuntamientos que no se pudieron al día con la regla de gasto en 2017, el número baja hasta 15 si se trata del incumplimiento de los objetivos de estabilidad en los presupuestos; menos de la mitad. La evolución en este sentido está siendo positiva desde la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera: si en 2013, primer año completo del que se pudo hacer balance, fueron 27 los municipios de la provincia que no se ajustaron a los objetivos, llegando a tocar techo con 46 consistorios incumplidores en el ejercicio de 2015, hoy son un 44% menos que al iniciarse el recorrido de esta ley. Son, eso sí, más que el año pasado, cuando sólo ocho municipios recibieron la llamada de atención de Hacienda por este motivo.

Una de las ausencias que destaca en los últimos datos del Ministerio de Hacienda es la del Ayuntamiento de la capital granadina, con un descuadre que ronda los 250 millones de euros en sus arcas y unos presupuestos prorrogados desde 2015 sin aparentes visos de que vaya a encontrarse una solución al problema, habida cuenta de la cercanía de las elecciones locales.

La explicación a este hecho se encuentra en que la ciudad de Granada ya se vio obligada hace dos años a elaborar un Plan Económico-Financiero por esta misma razón ante un riesgo que llegó a ser palpable durante algunos días de intervención por parte del gabinete del entonces ministro Cristóbal Montoro. Así figura en el propio organismo encargado de la gestión de los impuestos. Además, una copia del documento a dos años vista que presentó el Consistorio que hoy capitanea Francisco Cuenca se encuentra disponible en la página web del Ayuntamiento.

Hasta que cierre el presente ejercicio fiscal no podrá medirse de manera definitiva la efectividad de este plan, cuyo cumplimiento vigila la Junta de Andalucía en lugar de hacerlo directamente el Estado. Sin embargo, se puede echar un vistazo a la situación actual con respecto a la que había cuando tuvo que tomarse aquella decisión. Según la información disponible, desde que se acogiera a un Plan Económico-Financiero en el ejercicio de 2016, la deuda pública se ha reducido en el entorno de los 50 millones de euros.