Arranca la fase de pruebas de la zona de bajas emisiones en Granada capital

Durante estos meses, las cámaras de tráfico llevarán a cabo una labor de identificación de las matrículas y posteriormente se enviará una notificación el conductor para que tenga conocimiento de que su vehículo no podrá entrar en el perímetro afectado por la ZBE a partir del 1 de abril de 2025, cuando se procederá a sancionar. El procedimiento se llevará a cabo todos estos meses, enviando una única notificación por conductor afectado por mes».

El pasado 31 de enero, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, anunció el plan municipal para la implantación de la zona de bajas emisiones, una medida que aspira a transformar la movilidad con el objetivo de mejorar la calidad del aire de la que es la tercera ciudad con más contaminación atmosférica del país.

Según lo que planteó aquel día la regidora, la iniciativa impondría una limitación de acceso a los no residentes que tuviesen un vehículo sin etiqueta ambiental anterior a 2001 –en caso de gasolina– o anterior a 2006 –en caso de diesel–. Los conductores afectados tendrían la obligación de dejar el coche en los parkings de borde y tomar los servicios públicos de transporte para adentrarse en la capital.

En paralelo, el Ayuntamiento trabajaría en la puesta en marcha de un ambicioso plan para mejorar las rutas de carga y descarga y facilitar el estacionamiento de servicios como el transporte escolar o el discrecional de viajeros. Asimismo, se avanzaría en la mejora del sistema de transporte metropolitano con el objetivo de poner coto a uno de los principales focos contaminantes de la provincia, el tráfico privado entre los municipios del Cinturón y la capital. Los estudios realizados por el área de Movilidad, que encabeza la edil Ana Agudo, así lo señalaban al constatar que hasta el 70% de los coches que circulan habitualmente por Granada proceden del exterior.

Para llevar a cabo todas estas acciones, el equipo de gobierno trabajaría en la adaptación de la normativa municipal, que se modificaría para introducir las nuevas medidas y se fundiría en una sola ordenanza que aclarara al máximo a los ciudadanos las reglas de juego.

Lo que planteó aquel día Carazo es que la zona de bajas emisiones se activase en toda su extensión en la capital el 1 de abril de 2025. Antes, en el comienzo de octubre, arrancaría una fase de pruebas en la que todas las restricciones entrarían en vigor, aunque sin sanciones para los conductores que incumpliesen las directrices. El objetivo era que tanto los ciudadanos como la propia administración tuviesen un tiempo de adaptación al nuevo sistema de movilidad para reducir al mínimo posible las afecciones.

Desde aquel anuncio han pasado nueve meses en los que la maquinaria municipal ha estado trabajando para poder poner en marcha las medidas anunciadas en tiempo y forma. Desde marzo, como contó este periódico, el equipo de gobierno inició un proceso de modificación de ordenanzas de movilidad que todavía no ha finalizado. Entre otros textos, se están adaptando los que regulan la circulación, señalización y control de accesos, las zonas de acceso restringido, la carga y descarga, el paso de vehículos a inmuebles, la ocupación de espacios públicos o el estacionamiento limitado, que ordena la zona azul.

La concejal de Movilidad y Protección Ciudadana, Ana Agudo, ha recordado que el proyecto de Zona de Bajas Emisiones, con una afección a 19,4 kilómetros de la ciudad, contempla un primer periodo informativo, con un tiempo a modo de prueba, de octubre de 2024 a 31 de marzo de 2025, «con cámaras funcionando, pero sin sanciones», ha advertido, para a continuación añadir que «será a partir del 1 de abril de 2025 cuando los conductores no residentes con coches sin distintivo o etiqueta A, ya no podrán acceder con sus vehículos al área afectada por la medida.

Agudo resalta que esta medida estima un mayor impacto en la calidad del aire, ya que se reducirá un 9,4% el tráfico y por tanto los vehículos altamente contaminantes que a diario entran en nuestra ciudad, lo que equivale a unos 6.700 vehículos. En los próximos días se iniciará una campaña informativa a través de los canales municipales, medios de comunicación y en redes sociales que se prolongará hasta la entrada en vigor de esta medida medioambiental.

El Ayuntamiento detalla que, según los datos de Movilidad, el parque móvil de Granada y provincia refleja que el 31,62% de los vehículos registrados carecen de distintivo medioambiental, si bien estas cifras no se traducen al día a día del tráfico en la ciudad, donde los vehículos contaminantes representan en torno al 13 y 15%.

Por contra, los vehículos de la zona urbana que realizaron un desplazamiento el día objeto de las mediciones ascendieron a 21.597, en una ciudad que, tal y como ha apuntado la edil, dispone de una tasa de motorización «muy por encima de la media europea y nacional, 530 vehículos por 1.000 habitantes y 592,4 respectivamente».

En el alero está también el estudio prometido por el Ayuntamiento para analizar el posible impacto económico de la medida en el comercio de la ciudad. Se trata de un asunto que está suponiendo un auténtico quebradero de cabeza en otros lugares como Madrid, donde la justicia tumbó recientemente la zona de bajas emisiones a petición del grupo municipal de Vox al carecer de los estudios correspondientes. En Granada, la formación ha insistido en que se analice la influencia que pueda tener para los negocios y se ha mostrado en contra de una medida que «criminaliza» a los conductores.