Diputación venderá 135 casas y rescatará edificios sin acabar para reflotar su empresa de vivienda

Una de ellas es la venta de casas unifamiliares a bajo coste, con precios inferiores a los de mercado. Desde 45.000 hasta 55.000 euros los compradores podrán encontrar vivienda en diez municipios diferentes.

El diputado responsable de Visogsa, José Ramón Jiménez, explica que han puesto a la venta 135 viviendas con buenas «ofertas» para quitarse este parque de inmuebles de las manos. De estas viviendas, 42 están vacías sin vender, y otras, dentro de las mismas promociones son de alquiler y otras de alquiler con derecho a compra. Todas se venden ahora. «En realidad hemos hecho una oferta que algunos alcaldes han reconocido como muy buen precio», explica José Torrente, gerente de esta empresa pública.

Los que tengan contrato de alquiler no lo verán interrumpido hasta que este no se extinga pero sí tienen la oportunidad de comprar la vivienda. Hay que hacerlo ya. Las ofertas son por un tiempo limitado ya que la empresa necesita soltar lastre ahora. De todas formas, la mayoría de las viviendas están ya prácticamente pagadas pero si las venden, dejarán de generar gastos. Algunas familias ya se han acogido a las ofertas y han dado el paso de comprar una casa de Diputación.

Desde Visogsa señalan que las viviendas están en Alomartes, Torre Cardela, Orce, Fornes, Jatar, Pinos del Valle, Órgiva, Galera, Colomera y Laroles. Las más baratas serán de 45.000 euros y las más caras, las del Pinos del Valle, de aproximadamente 55.000 euros.

«Estos precios son una ganga, muy por debajo del mercado. Los vecinos pueden aprovechar esta oportunidad para que las viviendas puedan ser suyas», expresa Torrente.

La empresa Visogsa mantuvo estas VPO de alquiler porque recibía una subvención de la Junta que minimizaba los gastos de estar manteniendo estos pisos, de los que debe pagar el IBI y sostener como un propietario. Al acabarse esas subvenciones para esta empresa las viviendas son una carga. De hecho todavía deben afrontar cinco millones de euros por estas hipotecas que van generando interesas.

También se gastan más de 700.000 euros mensuales en los gastos derivados de ser propietarios de estas casas, 96 de ellas con inquilinos. «Debemos ser responsables y cumplir nuestras obligaciones con la empresa pública. No podemos estar dando patadas al balón hacia adelante sin atajar los problemas de viabilidad. Los contratos están firmados para ser cumplidos», expresa el gerente de esta empresa de Diputación.

Para José Torrente hay que tener en cuenta que la empresa de vivienda ha de ser contablemente viable y que debe garantizar el futuro y que siga cumpliendo el objetivo para el que se creó: construir vivienda protegida. «Hay 23 personas asalariadas viviendo de ella directamente. Además de los indirectos», apunta.

De las empresas públicas para la promoción de viviendas en Granada tan solo sobrevive Visogsa, dependiente de la Diputación provincial, y al borde de la muerte.

El plan de acción para relanzarla ya está en marcha. El diputado de Obras Públicas y Vivienda, José Ramón Jiménez, indica que se acaba de aprobar el plan de inversión y financiación de esta empresa y que esperan la gran inyección que supondrán los ingresos de la venta del edificio de VPO de la Chana, que tiene prácticamente todas las viviendas reservadas (son 153) y el 95% de las obras ejecutadas.

En esta zona ya han comenzado las gestiones para adquirir otro suelo y construir una promoción de VPO pegadas a esta promoción del barrio de la Chana, en la zona de expansión.

Jiménez cuenta que además, se terminarán y venderán viviendas de tres promociones del Área Metropolitana que se quedaron en estructura. Retomarán estas obras de Las Gabias y Gójar y pasarán a este fondo de inmuebles a los que acceder a través de Visogsa.

Mientras tanto venderán las viviendas que ya tienen construidas. Algunas llevan quince años cerradas. No es el caso de Alomartes, donde viven familias de alquiler y que han pedido ayuda porque han ido a los bancos y aseguran que «no les conceden las hipotecas».

Torrente explica que se han puesto en contacto con varias entidades bancarias para ver si le pueden facilitar los créditos a estas familias, que accedieron a las viviendas por su situación de vulnerabilidad y por tanto, con ingresos que dependen de pensiones, del mínimo vital o de algunas circunstancias que no computan para los bancos.

«Estamos estudiando caso a caso. Queremos que puedan comprar las casas. Una entidad se ha mostrado interesada en poder analizar también la situación de estas familias», manifiesta el gerente de la empresa.