Un detenido con casi 40.000 plantas de cannabis camufladas para fines industriales en Granada

El único arrestado ha quedado en libertad con cargos acusado de un presunto delito contra la salud pública y con obligación de personarse en sede judicial cada lunes. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santa Fe le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido salir del país hasta nueva orden, según la información facilitada por fuentes judiciales consultadas por IDEAL.

La Guardia Civil, con la pertinente orden judicial, hizo un registro en la finca el pasado 12 de septiembre donde encontró una amplia extensión del terreno destinada al cultivo de cannabis sativa, concretamente, contabilizó más de 39.700 plantas con sus correspondientes cogollos.

Antes de entrar a estas dependencias agrícolas hay un cartel con la siguiente leyenda: «Cultivo de cáñamo industrial. No THC (principio psicoactivo de Tetrahidrocannabinol)/no psicoactivo. No marihuana».

Los investigadores, según la información judicial recopilada por este periódico, encontraron supuestas irregularidades que hacen incompatible esta plantación con su uso para fines industriales. En primer lugar, la Oficina Comarcal Agraria –OCA– de la zona no tenía registrado ningún cultivo de cáñamo industrial en esta finca, un requisito obligatorio para quien quiera destinar una explotación agraria a estos fines.

Dos. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios tampoco ha concedido autorización para el cultivo de cáñamo con fines medicinales en esta finca, cuando se supone que toda plantación de cannabis con cogollos debe ser destinada a fines medicinales, independientemente de su carga psicoactiva de THC.

La tercera prueba para saber si el destino de la plantación tiene o no fines industriales es la cantidad de THC de los cogollos, que en estos momentos, según la información del ámbito judicial a la que ha tenido acceso IDEAL, se está analizando en el departamento de Sanidad Exterior de Málaga. No deben superar el 0,2% de THC.

Si la carga del principio psicoactivo de las plantas analizadas quedara por encima del 0,4% del THC de las plantas –se da un margen de error al 0,2% del principio psicoactivo al entender que son semillas naturales y que no todas llevan la misma carga de este principio– se consideraría marihuana, según la normativa.

Las pruebas aportadas por el investigado en este caso para demostrar el fin industrial del cannabis plantado han sido un contrato con una empresa que tiene comprometido la compra de la cosecha «con fines industriales» y la supuesta certificación de las semillas usadas, las cuales, si realmente están certificadas, deben dar lugar a plantas con una carga de 0,2% de THC con un margen de error no superior al 5%.

De momento, el juzgado ha ordenado investigar la carga de THC de los cogollos y si las semillas utilizadas están certificadas o no. De forma paralela, las casi 40.000 plantas requisadas están a la espera de la decisión judicial de cortarlas de la finca para destruirlas.

Las presuntas irregularidades cometidas hasta el momento por este empresario agrícola serían cultivar cannabis sativa, ya que todas las plantas tienen cogollos aunque no se sabe aún si es marihuana o no porque dependerá de la carga del principio psicoactivo si queda por encima del 0,4 de THC, sin haberlo comunicado a la oficina comarcal agraria de la zona ni disponer del permiso de la Agencia del Medicamento para hacerlo.

Por tanto, los investigadores policiales cuestionan el uso industrial de esta plantación y ponen el acento en los cogollos de estas casi 40.000 plantas en espera de conocer la carga de THC para saber si es o no marihuana.De entrada, los cargos con los que ha quedado en libertad son por un presunto delito contra la salud pública.

También es importante aclarar que si el destino de las plantas es para elaborar fibra o conseguir semillas con fines industriales no sanitarios no está autorizado, según la normativa, permitir que florezcan los cogollos. Si hay cogollos el destino industrial solo puede ser sanitario.

Esta incautación de casi 40.000 plantas de cannabis es de las mayores registradas en todo el territorio nacional. La Guardia Civil intervino 75.000 plantas en 2015 en Villarobledo, provincia de Albacete; y este año ha requisado 29.000 en la provincia de Valencia y 13.000 en el municipio alicantino de Frailes.

La investigación judicial y policial por este caso sigue abierta en espera de los resultados de Sanidad Exterior sobre la carga del principio psicoactivo de los cogollos de estas plantas.