Desahucios y ocupas
Opinión | Puerta Real ·
Las medidas que se dispusieron en su día no entraban en el núcleo del asunto para que se garantice el derecho a la vivienda, por algo tan simple como lo es el que los derechos básicos de las personas no deben estar sujetos a las fluctuaciones del mercado ni a las exigencias bancariasMª DOLORES F.-FÍGARES
GRANADA
Miércoles, 2 de mayo 2018, 00:58
Una de las estampas más dolorosas de los peores años de la crisis era la de las familias que se veían en la calle ... por no poder afrontar el pago de las hipotecas, contraídas cuando las cosas iban bien. El caso adquirió tales dimensiones que puso en marcha iniciativas ciudadanas para proteger a los más vulnerables o desvalidos. Lograron algunas medidas paliativas, aunque por ejemplo la dación en pago se ha dejado en manos de los bancos que decidan si la aceptan o no. Resulta inquietante que entidades dedicadas al lucro sean las que administren algo tan sensible como la justicia distributiva, aunque esa es otra historia, compleja para tratarla aquí.
Ahora que dicen que la crisis ha pasado (para algunos) siguen produciéndose las mismas escenas de gente que se queda sin vivienda y las cifras de desahucios continúan siendo altas y las de quienes consiguen reencauzar su situación de manera digna con el apoyo de las administraciones públicas tristemente bajas, en comparación. Lo que viene a indicar que las medidas que se dispusieron en su día no entraban en el núcleo del asunto para que se garantice el derecho a la vivienda, consagrado por la Declaración de los Derechos Humanos, por algo tan simple como lo es el que los derechos básicos de las personas no deben estar sujetos a las fluctuaciones del mercado ni a las exigencias bancarias.
Quizá este tema esté relacionado con el del incremento de las ocupaciones ilegales de casas, que acaba de regularse con una ley que facilita que los propietarios puedan defenderse de los que toman sus propiedades por las bravas. Ideal le ha dedicado un reportaje que muestra que se trata de un problema general que intenta resolver esta nueva normativa, corrigiendo las medidas que daban de margen dos años para que los ocupadores dejaran las viviendas ilegalmente ocupadas. Relata casos especialmente tristes, como el del matrimonio de jubilados que viajaron a su pueblo y a la vuelta se encontraron con que un grupo de individuos se había adueñado de su casa. Por otro lado, preocupa la situación de los que ocupan por necesidad extrema, pues se verán aún más desamparados. En Granada se calcula que hay unas quinientas personas en viviendas ocupadas, repartidas por los diferentes barrios, sobre todo en los más antiguos. Y se conoce toda la variedad de casos que contienen: indigentes en busca de refugio, familias de inmigrantes, en grave riesgo de exclusión... Y también caraduras que se apropian de lo ajeno, destrozan, ensucian, sin la menor consideración. Cabe esperar que las nuevas medidas ayuden a resolver un problema social tan grave, como lo es no tener un lugar donde habitar y que no penalice a quienes lo tienen más difícil para salir adelante.
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