Los desahucios por impago del alquiler crecen al doble de ritmo que los de hipoteca en Granada

De acuerdo con los datos provinciales que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) acerca de ejecuciones hipotecarias, que ya abarcan el conjunto de 2021, hasta sobre 474 viviendas se inició el año pasado un proceso de estas características. Son 70 más que durante el primer año de pandemia, lo que en términos porcentuales supone un aumento de 17 puntos, que pese a todo es el segundo diferencial menos elevado de Andalucía, solo por detrás del de Almería.

Sin embargo, la cota sigue muy lejos de alcanzar los niveles anteriores a la irrupción del virus. En 2019, por ejemplo, habían sido 906 los inmuebles afectados por esta situación, por lo que la cifra del año pasado es prácticamente la mitad de aquella (-48%). Granada es una de las tres provincias andaluzas, junto a Almería y Jaén, cuyas cifras son inferiores a las anteriores a la pandemia.

Hay que tener en cuenta, eso sí, que no todos ellos se llevan finalmente a cabo, e incluso entre los que sí los plazos pueden acabar dilatándose. De acuerdo con los datos más recientes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los lanzamientos (es decir, los desahucios efectivamente llevados a cabo) en 2021 en la provincia fueron 218. Pese a suponer un 24% más que en los doce meses anteriores, la cota está todavía 40 puntos por debajo de la cota de 2019.

Además, hasta el 85% de los procesos de ejecución iniciados en Granada tuvieron como víctima a una familia, según el INE, mientras solo el 15% de las viviendas afectadas eran propiedad de una empresa. Este porcentaje es el más alto de una serie histórica que abarca hasta 2014.

Las ejecuciones por impago de la cuota del alquiler, amparadas en la Ley de Arrendamientos Urbanos, fueron en 2021 la causa más habitual de que una familia fuese expulsada de su casa. Siempre según el CGPJ, si fueron 218 los desahucios amparados en la ley hipotecaria, en el caso de los alquileres la cifra se elevó hasta los 521, más del doble (+139%).

Además, el número de ellos también aumenta a un ritmo más elevado que los otros. Concretamente, el doble de rápido. El incremento interanual de los lanzamientos efectivamente ejecutados por ley hipotecaria se quedó en el 24% en relación con el primer año de pandemia, mientras que en el caso de los arrendamientos la cota se incrementó en 48 puntos en doce meses y casi roza ya el nivel registrado antes de la pandemia, ya que se produjeron 651 en 2019.

El alquiler es, pues, el mayor problema estructural en este momento y el síntoma más importante de las dificultades económicas por las que pasan muchas familias tras dos años de una actividad marcada por el virus. Dos de cada tres familias que fueron expulsadas de su casa en Granada en 2021 vivían de alquiler (el 67%).

Además, la estadística judicial también señala que hasta 1.725 granadinos presentaron el año pasado una demanda judicial relativa a las condiciones de su hipoteca en relación con las conocidas como cláusulas suelo. A lo largo de este período también se resolvieron hasta 3.740 casos en este mismo sentido, lo que supone una media diaria que supera la decena de asuntos.

La estadística oficial del CGPJ incluye también cifras de los juicios verbales posesorios resueltos a raíz de la ocupación ilegal de un domicilio. Ingresaron un total de 150 asuntos en la provincia granadina por esta causa, lo que supone un incremento de 23 puntos porcentuales sobre la cota del año previo para alcanzar un dato que ya supera al anterior a la pandemia.

En el entorno autonómico, Granada resultó ser la segundo provincia con mayor actividad judicial por este motivo, con una tasa de 16,3 asuntos por 100.000 habitantes, solo por detrás del caso de Huelva (21,1).