Batalla sin control policial ni institucional

«Teníamos conocimiento de que algunas peñas del Deportivo se iban a desplazar a Madrid, pero no de un autobús con radicales. Había sospecha de que podían intentarlo, pero no constancia. Si hubiésemos tenido constancia, ni siquiera hubieran llegado a Madrid», se defendió el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, tras la reunión de la Comisión Antiviolencia, organismo que ahora anuncia, entre otras novedosas medidas de la Administración que llegan demasiado tarde, la elaboración de «una lista oficial de grupos ultras» y el posible cierre parcial de gradas que acogen a los violentos en los estadios del fútbol español, según desveló el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal.

Además de la posible ausencia de comunicación entre los responsables policiales de Galicia y Madrid y la permisividad demostrada por los dirigentes del fútbol con la barbarie ultra, también se ha puesto de manifiesto la descoordinación entre los clubes implicados, ya que un centenar de las entradas facilitadas por el Atlético de Madrid al rival acabaron en manos de Riazor Blues, presuntamente vendidas, según la Policía, por la Federación de Peñas del Deportivo a los radicales blanquiazules. Se investiga ahora «cómo los hinchas violentos llegaron a estar en posesión de esas entradas». «Esos hinchas alquilaron un autobús fuera de la provincia (de La Coruña) e hicieron lo posible por eludir los controles policiales y escapar de la capacidad de previsión de la Policía», lamentó el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien reiteró que para organizar el protocolo policial «tampoco había elementos indicativos de riesgo de enfrentamientos violentos deducidos a partir de las redes sociales».

Los ultras del Atlético y del Deportivo se citaron para pegarse en las inmediaciones del Calderón, y lo hicieron a través de WhatsApp, según Francisco Martínez, en la línea anunciada el mismo día de la tragedia por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Iban cargados de navajas, palos, barras hierro y tubos de aluminio, entre otros objetos. De hecho, la autopsia realizada a Francisco Javier Romero revela que falleció a causa del golpe recibido con una barra de hierro en la cabeza y el bazo, antes de ser arrojado al río Manzanares por miembros del Frente Atlético. También Miguel Cardenal coincidió, pese a ser conocida la extrema rivalidad entre el Frente y Riazor Blues, y la participación habitual de ambos grupos en altercados violentos, en que «los incidentes en anteriores partidos entre ambos equipos no hacían presumir que existiese una animadversión para calificarlo de alto riesgo».

Hechos «excepcionales»

«Los hechos son extremadamente graves, pero también excepcionales. El mundo de la seguridad en el deporte y la lucha contra la violencia en el deporte es una lucha firme, constante y comprometida por parte de los responsables, y en la inmensa mayoría de los casos, enormemente eficaz y satisfactoria», se congratuló Francisco Martínez, que coincidió con Miguel Cardenal en que los clubes deben ser «contundentes» con los ultras. Es más. El secretario de Estado para el Deporte aseguró que se ha reclamado a los clubes «que ayuden a erradicar a los violentos y ellos se han comprometido a llevar ese propósito a efecto».

«Es el fin de los ultras. Vamos a acabar con ellos», garantizó posteriormente Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), tras confirmarse la detención de 12 miembros de Riazor Blues, seis del Frente, dos de los Bukaneros del Rayo y uno de los Alkor Hooligans del Alcorcón involucrados en la reyerta, «muchos de ellos con antecedentes violentos». Para el jueves se ha convocado una reunión de los altos responsables deportivos y policiales de Antiviolencia (comisión mixta formada por el Ministerio del Interior y de Educación, Cultura y Deporte), con los dirigentes de la Liga y la Federación Española de Fútbol (FEF), para analizar las futuras medidas a adoptar. El objetivo, siempre incumplido, es expulsar a los ultras de los estadios.

«Es un viaje que algunos clubes ya están realizando», recordó Miguel Cardenal, en alusión al Barcelona y al Real Madrid, sin citarlos. «Hablamos de cerrar gradas el tiempo que haga falta; de cerrar campos, cosa que no ha ocurrido con frecuencia; de prohibir la venta de abonos en determinadas localidades para que esas personas no tengan relación con los equipos; y de sancionar a los clubes que tengan connivencia con estas personas que usan el fútbol para delinquir y les faciliten cualquier tipo de cobertura», subrayó el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), sede de una reunión de Antiviolencia «muy productiva», según la calificaron sus integrantes.