Guardianes del decoro deportivo

En Granada, lo componen cinco miembros: Borja Ortega, José Ángel Puga, Miguel Espejo, Juan Santamarina y Juan Ortega. Estos 'jueces' del decoro deportivo se reparten los escritos, los leen con detalle y resuelven cómo ha de interpretarse el reglamento en cada caso. Apenas hay margen para la subjetividad. La patada de un jugador a otro sin disputar el balón acarrea un castigo de 12 partidos de suspensión al considerarse el lance como una agresión. Está todo escrito en el Código de Justicia Deportiva.

Si existen atenuantes, agravantes o alegaciones por parte de los implicados, el Comité se encarga de analizarlos y admitir o no a trámite según marque el procedimiento respecto a fecha y forma. El primer gran caso al que se enfrentó esta temporada tuvo lugar en el campo Molino Nuevo de Almanjáyar. Durante el encuentro que jugaban Abes y Gabia CF, un espectador se acercó al asistente de banda para intentar tocar con su pene la mano del 'trencilla'. El caso acabó siendo mediático. El árbitro identificó a este como jugador de un equipo de otra categoría, apuntó los hechos en su escrito y el Comité aplicó el máximo castigo que permite el reglamento. Suspendió la licencia de este futbolista por un año al entender que no se trataba de una agresión, pero sí de un acto que atentaba notoriamente contra la dignidad del asistente de banda y por extensión al decoro de una competición deportiva.

El último caso fue hace unos días cuando a punto de iniciarse un partido de benjamines -niños de 8 y 9 años-, el padre de un jugador del Reino de Granada sacó un cuchillo dirigiéndose en actitud amenazadora al entrenador de su hijo, sin que hayan trascendido los motivos. Como la instalación todavía se encontraba cerrada y el partido no había comenzado, el Comité carece de competencias, por lo que remitió los hechos a la subdelegación del Gobierno, que en este caso se encarga de abordar lo sucedido.

Suben las sanciones leves

De las 15.000 actas generadas esta temporada, apenas una veintena contienen hechos calificados graves o muy graves. La cifra es similar a la de campañas anteriores. Sí han subido las advertencias y sanciones leves debido a que el Comité Técnico Andaluz de Árbitros de Fútbol (CTAAF) insta a sus colegiados a apuntar cualquier incidente acaecido en la grada, sean insultos sexistas, xenófobos o altercados de público.

En Granada, se movilizan 17.000 futbolistas cada fin de semana para disputar sus partidos, sin contar a técnicos, delegados y familiares que acompañan. Este peregrinar por los polideportivos de la provincia se salda con uno o ningún incidente grave cada jornada. La cifra asoma liviana, pero más allá de la estadística, la gravedad de los hechos a los que se dan pábulo en las instalaciones deportivas ofrece, al menos, el debate de si debiera replantearse o no la paralización del fútbol cada vez que suceden actos de bochorno público.

Como el que obligó a una árbitra de 18 años a acudir al hospital después de ser agredida al término de un partido entre juveniles, por una aficionada que la agarró del cuello para zarandearla de forma violenta al entender que esta la había provocado durante el encuentro. O los insultos racistas que un jugador y un adulto vertieron repetidamente sobre un chaval de 15 años, de origen africano.

El Comité de Competición trata de ser ejemplar en sus resoluciones. Pero su función no es la de sancionar ya que ese trabajo corresponde al juez del partido que es el árbitro. Se trata de aplicar un Código de Justicia Deportiva que experimenta una continua evolución con el objetivo de erradicar la violencia en el fútbol. Como castigo ejemplar, durante esta campaña se han cerrado varios terrenos de juego surtiendo mayor o menor efecto. Parece que sirvió en el encuentro que disputaron Puerto de Motril e Iznalloz. Aquí un grupo de aficionados no dejó de escupir al asistente de banda durante todo el partido. No contentos con el resultado, uno de ellos agarró una piedra y la lanzó al campo, llegando a impactar en el auxiliar. En este caso, los responsables del Puerto intentaron calmar los ánimos de la grada aunque el gesto no actuó como atenuante del caso, califiado por el Comité como «grave» y castigando al club con un punto en la clasificación y con una multa de 150 euros.

Por otro lado, el castigo no obtuvo los mismos réditos sobre el Fuente Vaqueros. Este equipo tuvo que jugar un encuentro en Láchar después de que el polideportivo de su municipio quedara exento al tener que soportar la colegiada una lluvia de insultos sexistas desde la grada. El exilio a Láchar acabó por ser todavía peor. En el siguiente encuentro como local, un jugador del Fuente Vaqueros agredió al árbitro del partido con «numerosos golpes, patadas y puñetazos», enviándolo al hospital para recibir asistencia facultativa. El árbitro denunció los hechos ante la Guardia Civil y el jugador acabó siendo sancionado por 30 partidos. No acabó aquí la cosa. Mientras esto sucedía en el terreno de juego, desde la banda un aficionado local saltó al campo para agredir al árbitro asistente. El Fuente Vaqueros acabó la temporada jugando como local en Cijuela.

El fútbol no puede ser ajeno al latir de una sociedad que lucha contra la xenofobia, el machismo y la violencia. Se trata de un juego en el que todos sus actores firman y acatan ciertas reglas, unas escritas y otras heredadas por la costumbre. Las primeras vienen elaboradas por la propia FIFA y cada federación regional trata de aplicarlas con mayor o menor acierto. El jugador de un equipo modesto paga una cuota por participar de la competición, por lo que se convierte en consumidor de este producto. Y aquí viene el problema porque al cliente no se le puede despojar con facilidad de lo que ha comprado, pese a que dé una bofetada a un árbitro, pegue a un rival o vierta insultos machistas sobre una árbitra.

Sancionar lo deportivo

El Código de Justicia Deportiva resulta laxo para quien observa el fútbol desde una lejanía impertérrita y cruel para quien recibe la sanción, aunque al final el estudio pormenorizado arroja un resultado razonable si se está dispuesto a admitir que debe ser el sistema judicial del Estado el que intervenga cuando se suceden hechos realmente graves. Por decirlo de alguna forma, el Comité de Competición se limita a sancionar el lado deportivo de lo ocurrido en un campo de fútbol.

En el Castell-Armilla CF de Tercera andaluza, un jugador del equipo visitante envió al árbitro al Hospital después de emprenderla a patadas y puñetazos contra él en varias ocasiones, amenazándolo y provocando además al público. El resultado: 23 partidos de suspensión y 161 euros de multa al jugador. Hechos similares ocurrieron en Víznar, cuando un jugador local agredió al árbitro costándole 15 partidos de sanción.

En el fútbol de formación, la violencia aparece reducida dentro del campo de fútbol pero amplificada en las gradas debido al comportamiento de padres y madres. En la categoría cadete, se enfrentaban Huétor Vega y Mulhacén con el liderato en juego. Al finalizar el encuentro, una invasión de campo de los padres de ambos equipos acabó con la agresión de varios jugadores del equipo local a un futbolista del Mulhacén, que necesitó de ayuda facultativa. Fueron necesarias varias patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local para calmar los ánimos y garantizar la salida del equipo visitante de la instalación.

En un partido de categoría alevín, los jugadores del Atlético La Zubia y Ogíjares '89 tuvieron que soportar una lluvia de insultos sexistas reiterados a la colegiada del encuentro con el delegado del equipo local como principal protagonista de los hechos que le costaron dos partidos de suspensión y el cierre del Municipal de Los Hoyos durante el próximo encuentro. También fue protagonista el delegado del Arenas de Armilla en el encuentro que jugó el equipo prebenjamín en Aynadamar, donde acabó a puñetazos con el padre de un jugador del Rayo Eneas.

Cada club, trata de abordar os hechos como puede o como quiere. Aquí son más ejemplarizantes los equipos de cantera. El Arenas expulsó a su delegado, el padre del Rayo Eneas pidió perdón al vestuario en el que juega su hijo y el Atlético de La Zubia ha comenzado con una campaña de clases dirigidas a padres y delegados en las que además de explicar el reglamento, se aclara las funciones de cada uno y cómo deben dirigirse a los árbitros. Aunque en la mayoría de los casos el problema no es tanto de forma como de memoria, ya que a algunos se les olvida echar la educación en la mochila del partido.