Denuncian la falta de intérpretes gratuitos para personas sordas en la Agencia Tributaria

Tal y como señala el afectado, la situación lleva varios años encallada en escritos y denuncias en los que el Estado admite que el servicio no es el adecuado, pero no termina de arreglarlo. El origen está en 2004. Hasta entonces, la administración pública subvencionaba la contratación de dos intérpretes de lenguaje de signos que se encargaba de acompañar a las personas con discapacidad auditiva que los requiriera a la sede de Hacienda para ayudarles en los trámites. Sin embargo, una modificación del convenio que regulaba el servicio limitó la asistencia a los asociados y abrió la posibilidad de que se efectuara también en las sedes de las asociaciones.

El cambio normativo no se hizo efectivo en Granada hasta 2016, cuando por primera vez fue el técnico de Hacienda el que comenzó a desplazarse a la sede de ASOGRA. Tres años después, el servicio empezó a ser de pago para los no asociados. Finalmente, en 2021, la ayuda de intérpretes quedó limitada exclusivamente para los miembros de la asociación.

Tras dirigir escritos a la Delegación de Hacienda y a la Agencia Tributaria, Pérez llevó el caso a la Oficina de Atención a la Discapacidad en otoño pasado. Según consta en el expediente, ASOGRA asegura que la contratación de intérpretes se hace «con recursos propios» y justifica la limitación de atención a los miembros de la entidad por el «poco tiempo que el técnico puede estar en las instalaciones». Asimismo, recuerda que los no asociados tienen otras opciones, como el servicio S-VISUAL o la cita previa con el intérprete de FACC.

Sin embargo, Pérez mantiene que mbas propuestas entrañan una «gran dificultad» para los usuarios dado el gran volumen de personas que piden cita presencial y los problemas para hacer coincidir la hora de atención del funcionario con la del intérprete. La propia administración lo reconoce en su última respuesta, fechada en diciembre de 2022, cuando señala que «no es suficiente pues la demanda del servicio aumenta durante la campaña de la renta y es posible que haya dificultades con los servicios proporcionados por FACC».

El granadino denuncia que «solo ocurre en Granada» y critica que la Agencia Tributaria no cumpla con su propia normativa, que establece que la obligación de asegurar a los ciudadanos con discapacidad «la efectividad de sus derechos en sus relaciones con la Administración mediante la puesta a disposición de medios y apoyos humanos». 

En el último escrito, la Oficina de Atención a la Discapacidad señala «la Delegación de la Agencia Tributaria en Granada necesita adoptar más medidas que el convenio que tiene suscrito con ASOGRA» y avanza que propondrá al pleno del Consejo Nacional de la Discapacidad una recomendación para que el ministerio adopte medidas. Pérez, sin embargo, lamenta que se trate de una «recomendación» y no de una «obligación», tal y como establece la ley, y exige que se actúe «lo antes posible» para evitar que se repita el problema en la próxima campaña del fisco. 

«Es una injusticia. Hay muchos que no denuncian por miedo a pesar de que lo que reclamamos es de una lógica aplastante. Necesitamos intérpretes», insiste.