CC OO denuncia al delegado de Educación en Granada por «irregularidades» en el proceso de escolarización

Según explicó a este periódico Mercedes González Liñán, responsable de Enseñanza del sindicato en Granada, esta medida se ha tomado tras conocer que el delegado habría mandado requerimientos por escrito a los directores de distintos centros para que matriculen a niños en el periodo extraordinario a pesar de que ya se haya alcanzado los 25 alumnos en primaria y 30 en Secundaria por clase, ratio legal máxima establecida. Asimismo, CC OO asegura que el delegado insta a los dierctores a la agrupación de hermanos que hayan resultado adjudicatarios de plaza en distintos centros, «elevando el tope legal de ratio de 25 alumnos por unidad a 27». «Incluso ha dado la instrucción de que se pongan en contacto con las familias que se quedaron fuera en el periodo de matriculación para decirles que si quieren pueden entrar aunque se llegue a los 27 alumnos (en los casos de Primaria)», indica González Liñán. Esta situación se ha detectado, según sus palabras, en colegios e institutos de Loja, Motril, Almuñécar, Baza y Atarfe.

El sindicato considera que estos hechos deben ser investigados por la Fiscalía ya que, según la legislación vigente, esa ampliación de las ratios solo puede desarrollarse con autorización expresa de la Consejería y por causas que vengan motivadas por el traslado de la unidad familiar en el periodo de escolarización extraordinaria o por la movilidad forzosa de cualquier de los padres o tutores, bien por adopción o por el inicio o modificación de otras formas de protección de menores. «El delegado está incurriendo en un delito al ser consciente de que está haciendo una ilegalidad, por eso lo llevamos ante la Fiscalía», explica González Liñán.

A causa de estas supuestas irregularidades en la escolarización, ciertas aulas de la provincia se encuentran «masificadas y por encima de la ratio legal», lo que afecta tanto a profesores como alumnos. Tal y como denuncian desde el sindicato, esto provoca el deterioro de la calidad de la enseñanza pública y afecta al derecho a la educación del alumnado ya matriculado. Además, afirman que esto empeora las condiciones de trabajo del profesorado afectado, al obligarles a atender a más alumnado del que marca la ley «por razones arbitrarias».