Dejan en libertad provisional al subinspector investigado por presuntos malos tratos a su expareja

Según fuentes judiciales, los hechos sucedieron el sábado. Al parecer, la mujer se desplazó junto a unos conocidos a un municipio de la provincia de Málaga y cuando circulaban por la carretera se dieron cuenta de que el presunto agresor circulaba detrás de su vehículo. Tanto uno de los acompañantes de la mujer como la Guardia Civil, que ha actuado de oficio, han presentado denuncia.

El juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de la capital, en funciones de guardia, ha acordado la libertad al subinspector mientras continúa la investigación. El juzgado ha remitido un oficio al Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento, el conocido como Centro Cometa, para que amplíe la información sobre la ubicación de los dispositivos de alerta y las conversaciones telefónicas mantenidas con las dos partes. Además ha incoado nuevas diligencias previas sobre este posible nuevo quebrantamiento cometido por el agente policial con el fin de aclarar si el acercamiento ocurrido se produjo de forma accidental o de manera intencionada, – lo que supondría una infracción legal –, se ha solicitado al Centro Comete que informe detalladamente sobre el posicionamiento de los dispositivos de las dos partes el pasado día 6 de octubre.

El contacto tuvo lugar fuera del lugar de residencia de la denunciante. Por otra parte, dado que el investigado ha argumentado que se trasladó a la localidad malagueña para mantener una cita, se pedirá la declaración de la persona con la que había concertado supuestamente el encuentro.

Mañana está previsto que se reanude la sesión del juicio por presuntos malos tratos tanto a su expareja como a sus hijas. La Fiscalía pide seis años de prisión por estos hechos. En la sesión celebrada ayer, el acusado defendió su inocencia y las denunciantes ratificaron su relato.

El pasado día 15 de mayo del año 2025, fue el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Granada el que tomó declaración a este mando policial por la presunta comisión de un delito de quebrantamiento que se habría producido entre los meses de marzo y mayo por medio de llamadas telefónicas, -que la presunta víctima no atendió en ningún momento-, y por varias desconexiones supuestamente intencionadas del brazalete electrónico que de forma permanente está obligado a llevar el funcionario policial para impedir su acercamiento a su pareja. En este punto, el agente negó que las desconexiones fueran voluntarias y alegó que se debieron siempre a fallos de conexión del aparato.

El Juzgado número 1 incoó las correspondientes diligencias después de que el denunciado no aceptara el acuerdo de conformidad propuesto por la fiscalía y por la necesidad de seguir investigando las circunstancias y motivos por los que se produjo, presuntamente, la infracción de la medida cautelar. Mientras esto se sustancias, el Juzgado de Guardia impuso al agente la prohibición de acercarse o estar en el municipio de Armilla, lugar de residencia de la denunciante, medida cautelar que fue aceptada por todas las partes, tanto el ministerio fiscal, la acusación particular y la defensa.

El presunto caso de violencia de género que llevó a la imposición de la medida de alejamiento ahora presuntamente quebrantada está siendo juzgado desde ayer, miércoles, en el Penal número 5 de Granada.