El defensor de la ciudadanía demanda al pleno «unión» para atenuar los efectos de la pandemia

En una sesión extraordinaria que volvió a reunir a la mayoría de los corporativos en el salón de plenos y que dejó como curiosidad la nueva organización de los miembros del bipartito, con Sebastián Pérez alejado de la mesa de la Presidencia tras su salida del gobierno municipal, el defensor mostró un retrato desolador de la ciudad, en la que las demandas se incrementaron un 24,6% con respecto al año 2019.

Como explicó, la mayor parte de las quejas, una de cada cinco, estuvieron relacionadas con problemas relacionados con la crisis sanitaria, como la necesidad de acceso a suministros básicos, afecciones a colectivos como personas sin hogar, migrantes, trabajadores de venta ambulante, empleadas del hogar, familiares de fallecidos por la covid y dependientes.

También fueron numerosas las demandas por los cortes de luz, especialmente en barrios como Norte y Haza Grande, y por problemas relacionados con el ingreso mínimo vital, la renta mínima de inserción, las pensiones no contributivas o la aplicación de la ley de dependencia. A estas se sumaron también otras reclamaciones vinculadas a las dificultades para acceder a los servicios públicos derivados de la brecha digital, así como otras por ruidos, problemas de convivencia o el aumento de los trastornos de salud mental.

El dirigente pintó un escenario en el que numerosas familias siguen padeciendo problemas de acceso a suministros básicos, como agua, luz y gas, así como a recursos imprescindibles para el desarrollo personal, como el alimento, la sanidad, el empleo o la vivienda.

De estas quejas, que obligaron a realizar un total de 15.938 actuaciones por parte del defensor, en un 21% obtuvieron respuesta tras reiterar por segunda vez las peticiones de acción del defensor y en otro 6% fue necesario dirigir escritos de advertencia. Martín aclaró que, dados los datos, no renuncia «a solicitar mayor esfuerzo y rapidez en la contestación de los requerimientos».

«El escenario que nos dejó 2020 es un escenario de cambio profundo en las dinámicas vitales, familiares, profesionales, laborales, económicas y sociales. La incertidumbre se extendió como una mancha de aceite para todos. Pero ahora no sólo preocupa la coyuntura presente de familias vulnerables, sino la generación futura de dificultad, pobreza y exclusión social. La venidera. De las familias vulnerables que ya eran vulnerables. Y de las que han empezado a serlo», dijo.

Martín no se quedó en la exposición de datos sino que pidió a los grupos municipales que hagan suyo un programa de propuestas para hacer frente a una crisis que definió como «severa y prolongada». Entre otras medidas propuso reforzar los servicios sociales, instar a las administraciones a que se garantice el derecho constitucional a una vivienda e impulsar la creación de empleo de calidad. El dirigente llamó a combatir la pobreza infantil y aquellas situaciones de riesgo para los más pequeños, además de mejorar los mecanismos del ingreso mínimo vital, impulsar un centro de estancia permanente para personas sin hogar y actuar en las zonas de transformación social.

El defensor reclamó que se diera solución a los problemas que ponen en riesgo la atención a las personas con discapacidad y exigió acabar con la desprotección del colectivo de trabajadoras del hogar. Puso énfasis también en eliminar los cortes de luz en Norte y en solicitar que se humanice y mejorar el acceso a la administración. «El momento nos pide arrimar el hombro para exprimir cada euro y lograr que el dinero llegue de verdad allá donde se necesita. Es tiempo de priorizar recursos con una mirada más humana que nunca», afirmó antes de llamar, una vez más, a «recuperar la cohesión frente a la fractura política y social».

El alcalde de Granada hizo suyas las conclusiones del informe y se comprometió a hacer frente a los problemas. Luis Salvador, que no presenció gran parte de la sesión por su participación en el recibimiento al presidente del Gobierno, aseguró que las demandas del defensor iban a estar en su mesita de noche.

Por parte de los socialistas, su portavoz municipal, Francisco Cuenca, reconoció la situación de drama social y económica existente en la ciudad e insistió en que «es fundamental atender a lo que el informe nos pone encima de la mesa». El concejal llamó a «trabajar desde la escucha» y criticó al gobierno municipal, al que achacó «falta de compromiso y voluntades, además de acción e interés».

En este sentido, personalizó en Salvador, al que reprochó que no permaneciera en el pleno. «Poquito interés demuestra quienes ustedes soportan como alcalde, que además sigue soltando mentiras y cuestiones que están lejos de la realidad», dijo. El socialista, no obstante, tendió la mano para poner en marcha las propuestas del defensor «con dotación presupuestaria específica». «El lunes esperamos la convocatoria para trabajar», afirmó.

El portavoz municipal de los populares, César Díaz, reconoció que la pandemia «ha tambaleado los cimientos de lo que entendíamos por normalidad» y llamó a «seguir haciendo esfuerzos». El concejal defendió la labor del gobierno municipal y puso como ejemplo la inversión de tres millones de euros por parte de Endesa para aumentar la potencia en Norte y Haza Grande, la creación de una oficina permanente de atención en el distrito, la reducción de la deuda a proveedores o de las ordenanzas fiscales. «Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos y lo que los recursos nos han permitido», dijo.

El edil no quiso marcharse sin recoger el guante del defensor sobre el consenso e invitó al resto de fuerzas a unirse «como hicimos con el gran pacto de la movilidad o el de los presupuestos». «Que no se diga que no lo intentamos», rogó.

Por su parte, el portavoz municipal de Ciudadanos, Manuel Olivares, admitió que el informe muestra «los efectos de una pandemia histórica» y recordó que «nadie podía prever una situación así». El edil aclaró que resolver los problemas requiere «de ayuda» por parte de todos y, como Díaz, hizo una defensa de la acción del bipartito, especialmente en materia de Servicios Sociales. «Hemos pasado de 205 trabajadores a 270 y se han puesto en marcha 170 líneas de teléfono», recordó.

El concejal lamentó que en otros plenos se vivieran «momentos muy desagradables» a los que llamó a «poner freno». «Las broncas no han servido para nada. Los descalificativos califican. Es el momento de sentarnos, ver las necesidades reales y buscar la unidad», reclamó

Por parte de Unidas Podemos, la concejala Elisa Cabrerizo invitó al resto de grupos a «dar un paso más que implica cambiar la mirada» y poner en marcha «politicas consensuadas, ferreas, bien diseñadas, pensadas en la realidad poscovid». «Este informe no nos reclama sobre los primeros efectos sino sobre los que han venido a quedarse. Si el área de Derechos Sociales no tiene recursos, quiere decir que quien no los tiene son las personas que los necesitan, es Granada», dijo.

La edil reclamó que el pleno no fuese «uno más». «Eel trabajo no puede quedarse en balde. Tenemos que comprometernos a ejecutar lo que dice el defensor. No le hagamos trampas entre quienes estamos aquí. Pacto de Ciudad. No hay que tener miedo porque todo el mundo coincide. La nueva normalidad no puede ser la dificultad y la pobreza», subrayó.

El portavoz municipal de Vox, Onofre Miralles, reconoció que «es realmente desgarrador los ejemplos de personas de todo tipo que acuden a la oficina del defensor en busca de ayuda» y lamentó una crisis «que hunde más a los frágiles y sitúa en situación de inestabilidad a los que no lo estaban».

El edil criticó que «cuando más se necesitaban las ayudas, más han tardado en recibirse» y denunció el «auténtico calvario» que sufren muchos «para poder acceder a esos subsidios que son pequeños balones de oxígeno para los más indefensos». Miralles aseguró que «es el momento de trabajar en equipo» y se dirigió directamente al gobierno municipal, al que pidió «arrimar el hombro y solucionar con celeridad esta triste realidad».