Una defensa vaticina «una gran dilación» en 'la Nazarí' por repetición de pruebas

El abogado Ernesto Osuna, tras una de las declaraciones de sus clientes en los juzgados de La Caleta./Alfredo Aguilar
El abogado Ernesto Osuna, tras una de las declaraciones de sus clientes en los juzgados de La Caleta. / Alfredo Aguilar

El abogado de la excúpula de Urbanismo pide dejar sin efecto las últimas diligencias acordadas en la pieza del 'Expediente Registrador', entre ellas la citación de la exedil Telesfora Ruiz

Yenalia Huertas
YENALIA HUERTASGranada

La defensa de la excúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada en el caso Nazarí ha pedido a la jueza instructora, María Ángeles Jiménez, que no se practiquen las últimas pruebas acordadas en el marco de la pieza separada 'Expediente Registrador'. El motivo: la magistrada ha reclamado al Ayuntamiento de Granada una serie de expedientes que ya obtuvo la UDEF en los registros, por lo que recabarlos de nuevo supondría hacer algo que ya se ha hecho. Ello conllevaría, a su juicio, «una gran dilación en la instrucción» de la causa, que lleva ya 'viva' tres años y medio.

IDEAL ha tenido acceso al escrito presentado por esta defensa en el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, que es el que tramita el caso, recientemente dividido en piezas separadas. Se trata de un recurso de reforma en el que el abogado de la exedil de Urbanismo, Isabel Nieto, y otros ex altos cargos de su área, solicita exactamente que se dejen «sin efecto» las nuevas diligencias que provoquen que la causa se estanque, bien por repetidas, bien por innecesarias.

Asimismo, el letrado, que es el penalista Ernesto Osuna, pide que se deniegue a la acusación popular que ejerce el empresario Ramón Arenas «toda diligencias que exceda de los hechos y delitos que son objeto de investigación e imputación por el ministerio fiscal, y se refiera a hechos, delitos o personas distintas». En caso contrario, reclama que se le exija a esa acusación una fianza de 5.000 euros.

Los documentos solicitados por la instructora (licencias de primera ocupación, de obra menor, de utilización...), de acuerdo con esta defensa, ya están en poder del juzgado. «Estos expedientes fueron todos remitidos a la Junta de Andalucía por la UDEF», advierte el escrito, tras enumerar cuatro concretamente.

Esos papeles fueron además ya «examinados» por los técnicos de la Junta en el informe que emitieron en septiembre de 2017. Por eso, el letrado teme que «la reiteración de su petición o aportación» desemboque en «retraso» o «confusión», para que al final el Ayuntamiento conteste que no se encuentran.

Escalerilla

Esta pieza separada del caso Nazarí se centra en las obras llevadas a cabo en las oficinas de un registrador de la propiedad, J. C., en el local comercial de un edificio de la calle Tórtola de la capital. Lo que se analiza de esa actuación, según recuerda el abogado, es la construcción de una «escalerilla» en el patio. Por eso no entiende que no se solicite el expediente de la licencia de Obra Mayor concedida en su día al promotor que levantó el bloque en 2006.

La citada licencia amparó la construcción del edificio y, según esta parte, «autorizaba la construcción de un lucernario cubriendo el patio de luces de la edificación solo a nivel de techo de planta baja». Además, «en la constitución de la división horizontal el patio se configuró como de uso exclusivo del local comercial de planta baja». Ese local comercial es el que alberga las oficinas investigadas.

Citación de Telesfora

Otra de las diligencias acordadas en la providencia que esta defensa ha recurrido es la toma de declaración como investigados de la exedil Telesfora Ruiz (PP), el exjefe de Liciencias, Emilio Martín Herrera, y otro funcinario municipal. Las tres comparecencias están señaladas para el próximo 23 de septiembre. Para esta parte, la imputación de Telesfora Ruiz se realiza «de forma incomprensible» y rechaza que se haya producido un delito de «desobediencia a la autoridad judicial».

Cabe recordar que aparte la jueza pidió a la Policía que identificara a todos los propietarios del edificio de calle Tórtola donde están las oficinas a fin de que puedan personarse, en su caso, como perjudicados por las obras que afecten a espacios comunes. «¿Qué dilación del procedimiento provocará esta diligencia?», se pregunta el abogado.