Juana Rivas alega que se llevó a sus hijos por una situación de maltrato «y no por capricho»

En el recurso de apelación, de 32 páginas, el letrado José Estanislao López considera que el fallo del Juzgado de lo Penal 1 que condenó a esta vecina de Maracena por dos delitos de sustracción de menores no está ajustado a Derecho, y llega a reconocer expresamente que hubo «errores» en su defensa.

El abogado pide además a la Audiencia la práctica de nueva prueba documental con la que, junto a las practicadas en el juicio y otras de las actuaciones, pretende demostrar que, pese a la no tramitación hasta ahora de la denuncia por violencia de género contra su expareja Francesco Arcuri, sí existió una «causa justificada» para que huyera de Italia con sus hijos.

La nueva prueba documental propuesta se basa en dos documentos extraídos del informe pericial de oficio dentro del proceso civil que sigue el Tribunal de Cagliari por la custodia de los menores y que, a juicio de López, contienen información relevante para la correcta determinación de los hechos del procedimiento penal.

La defensa ha articulado por tanto el recurso de apelación en un error en la apreciación de la prueba, al entender que el Juzgado de lo Penal 1 incurre en determinados «vicios o deficiencias«.

«No se valoran ni ponderan debidamente diversas pruebas documentales produciendo como consecuencia que la conclusión que se extrae de las mismas devenga en insuficiencia o falta de racionalidad«, señala el letrado, que considera que sí existían causas justificadas, derivadas de la situación de violencia de género sufrida por Rivas, para que ella se quedara con los niños.

El abogado sostiene en el recurso que Juana no volvió a España y se trajo a sus hijos «de manera gratuita», «por capricho» o para perjudicar a Arcuri, y expone que dos años y tres meses después de denunciar a su expareja el procedimiento por violencia de género siga todavía sin tramitarse en Italia.

«Esto no es sino un fracaso del sistema judicial español e italiano«, sentencia el letrado, que se refiere al »entorno de violencia« del que Rivas huyó con sus hijos y al »estrés postraumático« que sufría y que también afectaba a sus niños.

López sostiene igualmente que, una vez en España, Rivas intentó «hacer las cosas legalmente» pero que era una mujer «lega en Derecho» que desconocía cuál debía ser su proceder y que acudió para solicitar orientación al Centro de la Mujer de Maracena.

«Actuó siempre siguiendo las recomendaciones de sus abogadas y, cuando éstas le dijeron que finalmente debía entregarlos, así lo hizo pese al desgarro interior que ello le produjo«, explica su actual letrado que al mismo tiempo reconoce »errores en su defensa«, que advirtió entonces de que todavía le quedaban recursos legales.

«Los errores en su defensa (...) muestran que actuó mal asesorada y que ello fue determinante en su errónea, pero no dolosa, actuación de no entregar a los hijos cuando el juzgado así se lo exigía«, indica al respecto.

A partir de estas consideraciones, entiende que no existió ningún delito por parte de Rivas y que la causa justificada de su proceder implicaría que no hubo «dolo» en su actuación, y plantea de manera subsidiaria otras posibles reducciones en su condena y que tampoco proceda indemnizar a Arcuri.