La década perdida para la economía de Granada

Se trata de la quinta vez que la capital nazarí se acoge a un mecanismo de este tipo en la última década, un periodo que la ciudad puede dar por perdido y en el que no se ha recortado la distancia con urbes cercanas como Sevilla o Málaga. Para entender lo sucedido estos días hay que volver la vista a 2008. En aquel momento, el país se vio sacudido por una grave crisis. El desastre económico tuvo un impacto directo en los ayuntamientos, que vieron cortadas de raíz las previsiones de crecimiento. 

Europa impuso una política de austeridad que tuvo consecuencias directas sobre España. En 2011, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, PSOE y PP impulsaron una reforma urgente de la Constitución que obligaba a todas las administraciones públicas, incluidas las entidades locales, a adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria y advertía de que no podrían incurrir en déficit estructural. Este cambio en el articulado fue complementado posteriormente, ya bajo el mandato de Mariano Rajoy, con la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que estableció la prioridad absoluta del pago de los intereses y de la deuda financiera frente a cualquier otro tipo de gasto.

Ambas decisiones tuvieron un efecto contundente sobre Granada, que ya en esa época había visto cómo la deuda se disparaba por encima de los 200 millones de euros. Las causas del agujero no están claras y difieren en función del partido al que se le pregunte. Sin embargo, una revisión de los planes de ajuste aprobados y de los sucesivos informes que la Intervención Municipal ha ido publicando a lo largo de la última década apuntan a un cóctel en el que se mezclaban, entre otros factores, los incumplimientos de las previsiones presupuestarias o el descuadre entre los ingresos que debían recibirse y que finalmente se obtenían. Sin embargo, los principales parecían ser los numerosos contratos onerosos para la ciudad y los intereses de demora que generaban las facturas impagadas que se acumulaban.

El periodo medio de pago a proveedores creció abruptamente hasta los 100 días, 70 más que los marcados como límite por la ley, y la deuda comercial se disparó hasta superar los 100 millones de euros. Sin la suficiente credibilidad frente a los mercados para lograr buenas condiciones crediticias y un marco normativo que estrechaba radicalmente el campo de juego, la ciudad no tuvo más remedio que acogerse al plan de pago para entidades locales proporcionado por el Ejecutivo.

En marzo de 2012, durante el mandato de Torres Hurtado, Granada solicitó un crédito de 107 millones para tapar el agujero con los proveedores. A cambio, entre otras medidas, suprimía el 'papeleo', amortizaba 47 plazas vacantes e iniciaba una reducción progresiva del presupuesto de algunas de las áreas, como Cultura. El tijeretazo se quedó, pero el efecto de la medida se perdió rápidamente. Menos de diez meses después, a comienzos de 2013, la deuda comercial había ascendido nuevamente hasta los 61 millones de euros, por lo que a finales de ese mismo ejercicio la capital se vio obligada a hacer una revisión que inyectó 49 millones de euros pero conllevaba nuevos recortes.

La salud de las arcas no dejó de empeorar. Una de las iniciativas que tuvo un impacto más negativo en la economía municipal y cuyo efecto aún se siente hoy es la implantación de la LAC. El sistema de transporte urbano fue reorganizado y propició una modificación del contrato, el segundo más alto de la ciudad. El cambio afectó a la manera de valorar el coste del servicio y provocó diferencias entre el Consistorio y la concesionaria que llegaron a los juzgados. El conflicto, que se ha extendido por más de un lustro, se ha saldado a favor de la empresa desde entonces y ha supuesto una lluvia de sentencias contrarias para el Ayuntamiento, que ha debido hacer frente no solo a las facturas impagadas sino también a los intereses que las mismas han ido generando.

En este contexto, tras la intervención policial que acabó con el mandato de José Torres Hurtado, que dejó un agujero económico cercano a los 300 millones, y ante el riesgo de intervención del Ayuntamiento por parte del Ministerio de Hacienda, el primer gobierno de Paco Cuenca se vio obligado a pedir una nueva modificación del plan de ajuste en octubre de 2017. La operación le permitió consolidar la deuda a corto plazo en deuda a largo plazo, lo que insufló oxígeno a unas cuentas al borde del abismo. Las restricciones, sin embargo, se hicieron aún mayores. Entre otras medidas, ponía sobre la mesa la obligación de incrementar el recibo del IBI o eliminar buena parte de las bonificaciones fiscales municipales, además de dibujar una senda en materia de Contratación que buscaba exprimir el ahorro en las nuevas licitaciones. Asimismo, impedía al Consistorio cubrir todas las vacantes que se produjeran por jubilación, lo que tuvo un efecto importantísimo en el día a día de todas las áreas municipales, pero especialmente en Derechos Sociales, una de las más relevantes por atender a las personas más desfavorecidas.

La medida logró evitar el desastre y la deuda empezó a disminuir, pero no impidió que el periodo medio de pago a proveedores siguiera creciendo y superara los 200 días. 

Así, a comienzos de este mandato, el bipartito se vio en la tesitura de realizar una nueva modificación del plan de ajuste. Fue la conocida 'Medida 5' o el «susto o muerte» que bautizaron tanto Unidas Podemos como PSOE. La confluencia, a pesar de las críticas en las que responsabilizaba a los gobiernos populares y socialistas desde 2012, posibilitó con sus votos un expediente que ampliaba nuevamente el periodo de amortización de los préstamos y facilitaba que el Ayuntamiento pudiera abonarlos de manera más cómoda. La iniciativa permitió esquivar el desastre y reforzó la senda positiva iniciada en los años previos, pero extendió las restricciones hasta 2023.

Poco a poco, la situación económica empezó a mejorar. Tanto el bipartito como el PSOE, ya de vuelta en el gobierno municipal, lograron la aprobación de sendos presupuestos, el último con la ayuda de la confluencia. El periodo medio de pago cayó de 165,38 días en 2019 a 56,25 al cierre del año pasado. La deuda comercial pasó de 84,9 millones en 2020 a 48,2 al final del último ejercicio y la financiera cayó de 172,5 millones a 145,2 en el mismo periodo.

La mejora estuvo motivada por un mayor grado de cumplimiento por parte del Ayuntamiento que se vio favorecido además por medidas como la suspensión de la regla de gasto -esto es, de las obligaciones de estabilidad presupuestaria impuestas por el cambio constitucional y la ley de 2012- con motivo de las crisis generada por la pandemia y la inflación propiciada por la invasión rusa de Ucrania. También mejoró la capacidad municipal la llegada de fondos europeos como los Next Generation.

Los datos económicos municipales de la última liquidación, que se aprobó hace algo más de un mes, dibujaban el escenario más favorable para la ciudad en una década. Sin embargo, los problemas evidentes en el remanente de tesorería y la obligación impuesta por Hacienda de que Granada se acoja a una nueva modificación del plan de ajuste están detrás de la aprobación del expediente por parte del pleno este viernes. Nuevamente, la ciudad evita el abismo, pero extiende buena parte de las restricciones durante una década más y abre una incógnita sobre la capacidad del Consistorio de resolver, de una vez por todas, el problema económico estructural que l atenaza desde hace más de 10 años.