Una cueva bloquea el desalojo de los okupas del Avellano

Como pudo comprobar IDEAL, las cuevas siguen 'okupadas' en las proximidades del Camino del Avellano y Barranco Bermejo. Tras los recientes incendios en el entorno del Sacromonte, los vecinos han vuelto a alzar la voz por los problemas que generan los moradores de estas viviendas montaña adentro. «El Ayuntamiento siempre ha dicho que iba a actuar y nunca lo ha hecho», critica Fran Ballesteros, portavoz de la asociación vecinal del Sacromonte. La parálisis en los últimos doce meses es «absoluta», asegura, no tienen noticias de planes para acabar con las irregularidades en las cuevas, e incide en que el consistorio «sólo se acuerda de que existe el Sacromonte cuando lo ven arder».

No es difícil distinguir desde otro lado del cauce del Darro, en el cerro de San Miguel, el rastro de vida en las cuevas. Entre las construcciones ilegales, los pequeños porches de madera e incluso las cubiertas elaboradas con colchones son los más discretos. Más llamativos son los cobertizos con persianas, piedra y barro, con mesas y butacas con vistas al valle.

El perfil de las personas que viven en las cuevas, tanto en San Miguel como en el barranco, ha cambiado durante los últimos años. Ahora, dicen los vecinos, quienes residen en los asentamiento lo hacen de forma temporal, mientras que en su momento eran familias asentadas las que cuidaban de estas viviendas. El problema de ruidos e inseguridad, y un amplio catálogo de construcciones al margen de la ley –así lo certificó el Ayuntamiento en 2018– afecta especialmente a las faldas de San Miguel Alto, donde a la presencia de los okupas se suma la afluencia de turistas y granadinos que suben al mirador para disfrutar de la vista más singular de la ciudad.

En lo que va de verano, los vecinos se han visto sorprendidos por tres aparatosos incendios que han cubierto de negro las áreas de matorral afectadas. Una mujer de nacionalidad española que reside en una de las cuevas fue detenida como sospechosa de provocar uno de los fuegos.

La asociación de vecinos desconocía que estaba prevista una intervención para el pasado 2 de julio;la que finalmente quedó postergada. No obstante, el camino hacia el amago de desalojo es largo, al menos desde el punto de vista de la Alhambra, que ha reiterado en varias ocasiones a lo largo de los últimos años la necesidad de desalojar y tapiar las cuevas.

El 21 de marzo del pasado año, el Patronato de la Alhambra y el Generalife –dirigido entonces por Reynaldo Fernández Manzano– se dirigió al juzgado para reiterar su cenuncia previa por los asentamientos y ocupaciones ilegales. La dirección del monumento alertó del «grave riesgo» para las personas asentadas en la montaña junto al cauce del Darro ante posibles hundimientos en las viviendas 'okupadas'.

El juzgado dio traslado del caso al Ayuntamiento para que tomara las medidas de protección para las personas que residen en el asentamiento. Como consecuencia del aviso se abrieron siete expedientes. Tras las preceptivas inspecciones, el 26 de octubre el consistorio notificó a la Alhambra los riesgos para «la integridad física, la seguridad pública, la salud pública e incendios por los asentamientos y ocupaciones de casas». Afectaba a un total de 21 cuevas en territorio del Patronato. El Ayuntamiento ordenó desalojarlas, dando prioridad a aquellas con más riesgo, retirar las construcciones ilegales en el exterior y proceder al cierre con relleno o al hundimiento de las viviendas.

El 4 de febrero, la Alhambra completó el 'cierre' de 12 cuevas en las que no detectó residentes en ese momento. A los 'okupas' del resto se notificó que debían abandonar la zona, pero no aceptaron salir voluntariamente de las cuevas.

Por ello, el 6 de mayo, la Alhambra activó tres vías para intentar el desalojo, dirigiendo escritos a la Concejalía de Urbanismo, la Consejería de Cultura y el Juzgado de Instrucción número 6. Dado que el Patronato no tiene competencias para ejecutar el desalojo ordenado por el Ayuntamiento, pidió auxilio judicial para concretarlo con los cuerpos de seguridad. El consistorio sí es competente, por lo que en paralelo la Alhambra solicitó su colaboración para un desalojo coordinado. Por último, contactó con el gabinete jurídico de la Junta y la Consejería de Cultura para que estudien la opción de interponer una demanda de desahucio.

Como confirman fuentes municipales, el desalojo a instancias de la resolución judicial estaba previsto para el 2 de julio, y así lo trasladó el área de Urbanismo a la de Protección Ciudadana (Policía Local). No se haría únicamente en las cuevas de la Alhambra, sino que sería una actuación coordinada que afectaría también a las privadas y a las que son propiedad de la CHG.

Según fuentes del anterior equipo de Gobierno, se podría abordar la intervención de forma subsidiaria, pero luego habría que pasar factura a los propietarios y denunciarlos. La actuación queda paralizada y sin fecha en el horizonte por el bloqueo legal en una de las cuevas.