Cuatro de cada diez empresas granadinas no han podido salir todavía de un ERTE
La provincia se acerca al final de la temporada estival en medio de una gran incertidumbre y reclama ayudas
El mercado laboral granadino viene dando leves signos de recuperación desde el mes de julio, cuando el final del estado de alarma decretado el 14 ... de marzo significó la vuelta a sus puestos de un número importante de trabajadores. La situación sigue, sin embargo, muy lejos de parecerse a la normalidad en multitud de casos, en especial en sectores como la restauración o el alojamiento hotelero, que se encuentran entre los más castigados por la grave caída del turismo extranjero durante los meses estivales. Son precisamente estas actividades algunas de las más relevantes en las que se apoya el motor económico de la provincia. Ante una vuelta a las aulas a la que se le ven las costuras, los datos no animan a pensar que el mercado vaya a recuperarse con rapidez.
De hecho, casi dos meses después del final del estado de alarma, cuatro de cada diez empresas granadinas no ha podido abandonar la suspensión de empleo asociada a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). De acuerdo con los datos más recientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un total de 4.289 sociedades llegaron al 31 de julio con un ERTE por causa de fuerza mayor activo. Hasta ese momento eran 10.075 las solicitudes de este tipo que habían llegado hasta las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Es decir, que el 42,6% de todos los expedientes aprobados continúan en activo porque la empresa no ha podido recuperar la normalidad. En lo que respecta a los trabajadores, 13.849 siguen en suspensión de empleo.
A medio gas
Una situación «muy complicada», como reconoce María Vera, secretaria general de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) por «la recuperación a medio gas de sectores clave como el comercio y la hostelería». Aunque afirma que «todavía queda mucho camino que recorrer», valora de manera positiva el instrumento de la suspensión de empleo, ya que ha permitido «la supervivencia de miles de empresas y su adaptación a la situación económica, protegiendo un empleo que de otra forma se habría destruido».
La mitad de los negocios de hostelería de la provincia ha tenido que hacer un ERTE desde el inicio de la pandemia
Uno de estos casos es el de Silvia Pérez, que regenta dos negocios de restauración en la capital granadina cuyos gastos fijos incluso sin abrir la puerta superan los 4.000 euros mensuales. El pasado 17 de agosto decidió abrir el más céntrico de ellos, situado en la conocida calle Navas. Una decisión que tomó porque «no podía soportar la carga financiera» y a pesar de que «el Centro de la ciudad está muerto», como ella misma resume. En su zona, asegura, están abiertos alrededor del 60% de los locales. La caída es aún mayor en lo que respecta a los ingresos:«son más o menos el 30% de lo que antes hacíamos normalmente», reconoce. En su opinión, es imprescindible que el mecanismo de suspensión de empleo se extienda en el tiempo más allá del cierre del mes de septiembre; este es el límite legal que tienen en este momento mientras el Gobierno negocia otra eventual prórroga hasta finales de año.
También pide que se tomen medidas para controlar el precio de los alquileres mientras no se recupere una actividad normal; en algunas de las zonas más céntricas de la ciudad, asegura Silvia Pérez, detecta «insensibilidad de varias familias granadinas con respecto a la situación de los negocios».
«Salvar a las empresas de hostelería significa salvar muchos empleos», remata Pérez. De acuerdo con los datos más recientes del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), representan a este sector un total de 5.767 empresas en la provincia granadina. Prácticamente la mitad de ellos ha solicitado acogerse a un ERTE por la pandemia; en concreto, fueron 2.834 (el 49,1%), según un reciente estudio de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. La cifra es un poco más baja en el caso del comercio, ya que estos fueron 2.627.
Los hoteles, a la espera
Otro de los sectores que más está sufriendo la situación económica que está dejando tras de sí la Covid-19 es el del alojamiento. Pese a que el Gobierno tuvo la intención de salvar la campaña veraniega abriendo las fronteras el 1 de julio, los rebrotes y las medidas restrictivas tomadas por terceros países provocaron el desplome del turismo extranjero, que ha sido hasta el momento el 15% de lo que correspondería a un año normal. El resultado: el peor dato en un mes de julio de los últimos veinte años.
Un estado de cosas que conoce bien Gerardo Castilla, vicepresidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Presidente de la Asociación Provincial de Restaurantes, Cafés y Bares de Granada y propietario de tres hoteles y una pensión. El 1 de agosto abrió uno de sus establecimientos hoteleros, mientras los otros dos continúan cerrados a la espera de acontecimientos. «Vamos a ver qué pasa en septiembre», afirma aunque sin ninguna confianza en que pueda salvar el año. «Yo he abierto porque tenía que pagar alquileres, pero por mí hubiera seguido sin abrir». Afirma que su empresa «necesita 55.000 euros al mes sólo para estar cerrada».
Castilla se une a la opinión de Silvia Pérez en lo que respecta al coste de los alquileres en la ciudad de Granada y considera que la carga financiera a la que tienen que enfrentarse las compañías pese a la existencia de instrumentos de apoyo como los ERTE o los préstamos que concede el Instituto de Crédito Oficial (ICO) puede acabar causando estragos si la situación no se endereza pronto. «Sin una ley de protección el 60% o el 70% del sector hotelero se va a la quiebra en menos de un año», asegura.
Mientras tanto, en el foco de todo se encuentran también los trabajadores. Gerardo Castilla y Silvia Pérez afirman sin ambages que sus empleados les apoyan y comprenden la disyuntiva a a que se enfrentan. Tal vez en esta ocasión más que otras veces, empresarios y empleados están unidos por una sola noción: la incertidumbre sobre el futuro.
La hostelería asegura que necesita «un rescate» para sobrevivir
Representantes y empresarios de los sectores hotelero y de restauración se muestran tajantes sobre la necesidad de acometer nuevas medidas lo antes posible para asegurar la supervivencia de algunas de las actividades que más contribuyen al motor económico de Granada.
Hay varios aspectos en los que coinciden todas las fuentes consultadas, algunos de los cuales resume Antonio García, vicepresidente de los hosteleros de la provincia. En conversación con este periódico, García asegura que el sector «necesita un rescate en toda regla», y pone como ejemplo lo que se hizo desde el Estado con las entidades bancarias en 2008. Ve el futuro con poca esperanza y cuenta que múltiples despachos de abogados están ya tratando consultas relativas a suspensiones de pagos y concursos de acreedores por la incapacidad de las empresas para seguir adelante; un extremo que confirma Gerardo Castilla, empresario hotelero granadino.
Entre las medidas más urgentes que reclaman, además de las ayudas directas en forma de subvención, están la mejora de las condiciones tanto en lo que se refiere al pago de los seguros sociales de los trabajadores durante el transcurso de un ERTE como a los préstamos que concede el Instituto de Crédito Oficial (ICO). «La financiación se está usando para pagar alquileres y deuda; por lo tanto, las empresas no podrán invertir en los próximos diez años, lo que las hará menos competitivas», afirman desde la Federación Provincial de Empresas de Hostelería yTurismo de Granada. Silvia Pérez, empresaria granadina dedicada a este negocio, pide una «exoneración de los gastos en seguros sociales del 100% para los trabajadores no reincorporados». Una medida que respaldan el resto de fuentes consultadas.
Otro de los puntos en común en lo que se refiere a demandas al Estado tiene que ver con los alquileres y las hipotecas, que han quedado hasta el momento al albur de la negociación personal de arrendador y arrendatario. En este sentido, los representantes del sector piden una legislación clara que condicione el valor de los inmuebles a la producción, «ya que estos no tienen el mismo valor que tenían el día 13 de marzo», afirma Antonio García, de la federación de hosteleros. Un punto que refuerza Silvia Pérez, que asegura que a veces en las negociaciones sobre el precio del arrendamiento el empresario no se encuentra con más que un «esto es lo que hay». También reclaman una moratoria en el pago de las hipotecas.
Por supuesto, todas estas fuentes consideran imprescindible la prórroga de los ERTE hasta el 31 de diciembre, que el Gobierno negocia precisamente estos días. Incluso afirman que están estudiando plantear una demanda contra el Ejecutivo por la condición impuesta en el decreto del 14 de marzo que obliga a no despedir a ningún empleado sujeto a suspensión de empleo al menos hasta el 31 de diciembre.
Sin que al menos algunas de estas medidas se pongan en marcha en el corto plazo, aseguran, los efectos para la economía pueden ser incluso más graves que los ya conocidos. «Va a haber muchísimas quiebras y cierres», resume Gerardo Castilla.
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