Cuatro bolivianos detenidos en Granada por usar documentación de otros compatriotas para trabajar en el campo

La investigación se inició a partir del intercambio de información operativa entre agentes de la Policía Nacional de Granada y Pamplona, relativo a una ciudadana de Bolivia que no disponía de autorización de residencia y trabajo la cual pudiera encontrarse trabajando en alguna explotación agrícola de la provincia de Granada, para lo cual estaría utilizando los datos de identidad de otra compatriota que sí disponía de permiso de residencia y trabajo, quien, previo pago, le habría cedido su documento de identidad o un duplicado del mismo.

Los investigadores de Granada realizaron las comprobaciones oportunas y constataron que efectivamente había una mujer de origen boliviano de 40 años en situación de alta en la Seguridad Social, concretamente en una empresa agrícola de la zona del poniente granadino, que casualmente también lo estaba en la misma fecha y franja horaria en otra empresa agrícola situada en la región de Murcia.

Una vez entrevistado el responsable de la finca agrícola de Granada, los agentes constataron que, además de la mujer en cuestión, un varón de 28 años del mismo origen geográfico, había estado trabajando en las mismas fechas que ella en la campaña de la aceituna. Dicho hombre figuraba de alta en la Seguridad Social en las delegaciones de Granada y Ciudad Real al mismo tiempo y resultaba que tanto la mujer como el hombre habían sido recomendados por el encargado de la finca, también de nacionalidad boliviana.

Finalizadas estas gestiones, los agentes localizaron en la comarca de la Vega de Granada tanto a la pareja aludida, como a la mujer que, presumiblemente a cambio de dinero, le habría cedido un duplicado de su autorización de residencia y trabajo y al encargado de buscarles empleo, el cual era conocedor de las suplantaciones de identidad que se estaban cometiendo. Una vez que fueron detenidos, se les ocuparon los documentos de identidad de los que hacían uso la pareja en cuestión.

Las actuaciones policiales se remitieron a la autoridad judicial en Loja y Santa Fe, lugares de la comisión de los ilícitos penales. También se dio cuenta a la Tesorería General de la Seguridad Social, proponiendo que quedaran nulas y no generaran derechos las altas de los titulares de los documentos y de los que, con su consentimiento, se les había usurpado su identidad, quienes podrían ser beneficiarios de periodos de cotización o cobro de diversas prestaciones por desempleo, incapacidad temporal, u otras.