Crecen de uno a diez los homicidios imprudentes por accidente laboral en Granada
La fiscalía provincial recuerda que en 2022 fallecieron dos trabajadores por las altas temperaturas y pide una normativa para tratar de evitar estas muertes
Dice el artículo 142.1 del Código Penal que quien «por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, ... con la pena de prisión de uno a cuatro años». Este precepto legal sirve para perseguir, entre otras conductas, a las personas que propician, por desidia o imprevisión, un accidente laboral con resultado de muerte. Pues bien, este tipo de casos registraron un aumento escandaloso en 2022 en Granada: pasaron de uno –en 2021– a diez, un crecimiento del mil por cien, según detalla la última memoria de la Fiscalía de Andalucía, que ha sido publicada esta misma semana.
«Incremento muy alarmante»
Ese explosiva subida se explicaría principalmente por la vuelta a la actividad tras el parón causado por la pandemia en 2021, un retorno que, a juzgar por las estadísticas, fue dañino para la seguridad de los trabajadores. Así lo denuncia la Fiscalía General del Estado, que también acaba de difundir el documento que resume sus actividades durante el año pasado. En 2021, el ministerio público abrió, en el conjunto de España, 203 investigaciones por homicidio imprudente en accidente laboral y en 2022, 263. «El incremento (...) es muy alarmante. En los últimos años se observaba un aumento paulatino en estas cifras, pero la reactivación de la actividad económica en el año 2022, unido a una insuficiente inversión en la organización preventiva en los centros de trabajo dan lugar a situación de riesgo grave», critica la Fiscalía General del Estado. T
«Una organización preventiva defectuosa es el origen de la situación de riesgo grave que produce el accidente mortal o con resultado de lesiones»
También en un tono de denuncia, la citada institución enumera las principales causas de los accidentes laborales, que suelen repetirse año tras año. «Siguen siendo los mismas, lo que indica que siguen produciéndose similares incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales por los responsables de seguridad de los trabajadores y trabajadoras. La falta de medidas de seguridad colectivas e individuales, planes de seguridad incompletos, evaluaciones de riesgos que no identifican adecuadamente los riesgos de los centros de trabajo, falta de formación e información y, en definitiva, una organización preventiva defectuosa es el origen de la situación de riesgo grave que produce el accidente mortal o con resultado de lesiones», reprocha la Fiscalía General del Estado.
El ministerio público también expresa su decepción en inquietud por la lentitud que suele afectar a las causas judiciales por siniestralidad laboral, una tardanza que puede acabar frustrando la celebración de los juicios. «Continúa sorprendiendo y preocupando encontrar sentencias dictadas en el año 2022 sobre hechos muy antiguos, remontándonos hasta accidentes de trabajo acaecidos en los años 2004, 2005, 2006, habiéndose dictado siete sentencias sobre accidentes ocurridos en al año 2008. La pendencia es también significativa en los hechos acaecidos entre los años 2009 a 2016, siendo también alarmante que se hayan enjuiciado 25 accidentes acaecidos en el año 2014 y 34 del año 2015. Este largo lapso de tiempo implica una mayor dificultad para celebrar el juicio y sostener el escrito de acusación ante la eventual falta de localización de acusados y testigos y la lógica falta de precisión de sus declaraciones tantos años después de ocurridos los hechos», indica la Fiscalía General del Estado en su memoria referida a 2022.
El peligro del calor
La Fiscalía de Granada, por su parte, llama la atención sobre el peligro que comporta trabajar en el campo en las épocas y las horas en las que el calor es extremo. En este sentido, resalta que el año pasado hubo dos muertes en la provincia relacionadas con las altas temperaturas. «Recordemos que en Granada se han detectado dos fallecimientos en el sector agrícola, en los que ha incidido, sin lugar a dudas, las altas temperaturas registradas».
Por ello, piden una normativa que sirva para intentar acabar con las muertes vinculadas al calor. «En materia de seguridad en el trabajo sería deseable una detallada regulación de disposiciones mínimas de seguridad y salud frente a las condiciones climáticas extremas, en la experiencia de Granada, en actividades relacionados con la agricultura en verano».
El ministerio público también aboga por impulsar la colaboración con el Servicio de Atención a las Víctimas en Andalucia en materia de siniestralidad laboral «con el fin de obtener una efectiva protección y tutela de las víctimas en el procedimiento penal», indica la memoria.
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