Los vecinos de Playa Granada paran las obras de la antena de 40 metros con una protesta

Desde las 8.00 horas se han empezado a congregar al menos una veintena de vecinos en las inmediaciones de la obra para impedir que este coloso de la telefonía les corte las vistas a la Vega y, según la versión de los vecinos, perjudique su salud. Los vecinos, que han sido identificados por la Policía Local y Nacional en esta protesta espontánea, han logrado paralizar al menos por hoy los trabajos de la grúa.

Martín, residente en la urbanización Claro de Luna, lamenta la decisión del consistorio de ubicar esta instalación junto a un carril bici y una zona verde. «Las comunidades perjudicadas no sabíamos nada de esto y estamos muy preocupados por las dimensiones de la antena. Se va instalar en una zona verde de un carril bici en suelo del ayuntamiento e incumpliendo su propia normativa municipal», señala el afectado.

El vecino, que reside desde hace seis años en la localidad, asegura que ya se han congregado por Whatasapp para crear una plataforma cerca de 100 vecinos en contra de la antena. «No estamos en contra de esta infraestructura, llevamos años pidiendo mejoras en la cobertura, pero esperábamos que se construyera en una zona alejada del núcleo urbano donde no tuviera efectos nocivos», cuenta Martín.

Ampliar

Los residentes han remitido escritos al consistorio, solicitan una reunión con el equipo de Gobierno y seguirán con las movilizaciones. La asociación de vecinos de Playa Granada ya declaró hace unos días que dejaría que los residentes de estas urbanizaciones hicieran la guerra por su cuenta al considerar que no eran protestas numerosas, mientras que el Ayuntamiento defiende que la antena es de interés público.

Ya en julio de 2022 el Ayuntamiento adelantó que la infraestructura tendría 40 metros de alto, forma cilíndrica y además la antena, si los operarios consiguen levantarla, llevará un rótulo de bienvenidos a Playa Granada. El consistorio aclaró «que se han cumplido todos los requisitos legales», mediante una licitación pública que se sometió a información pública, con declaración ambiental y con todos los procedimientos legalmente establecidos para su instalación. Además, aseguran que la infraestructura está «suficientemente alejada» de las urbanizaciones y no hay evidencias que avalen que este tipo de instalaciones tienen impacto negativo o perjudicial en las personas.