Vecinos de Motril se encadenan a una palmera en protesta por el difícil acceso a su calle

María Jesús Granados Jiménez, presidenta de la comunidad, lleva encadenada a la palmera desde las siete de la mañana y sostiene que no se va a mover de allí hasta tener soluciones. Se encuentra acompañada por otros 19 vecinos con el mismo problema.

Granados ha liderado durante décadas la lucha por la seguridad de los 119 hogares que conforman este complejo, exigiendo al Ayuntamiento de Motril y a los vecinos colindantes una solución. «Aquí vamos a estar encadenados hasta que den una solución definitiva. No pedimos nada fuera de lo que contempla el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), solo que se cumpla lo que nos prometieron desde el inicio», ha afirmado.

«Llevamos más de 20 años denunciando esta situación, pero nadie nos escucha. No pueden entrar autobombas ni camiones de bomberos. Si hay un incendio o una emergencia médica, estamos atrapados», ha enfatizado Granados. Según esgrime, el problema «ha sido ignorado desde que las viviendas fueron entregadas en 2003, a pesar de que los planes urbanísticos ya contemplaban la necesidad de abrir el vial para garantizar el acceso de vehículos de emergencia».

Los residentes han documentado con fotografías cómo ambulancias y camiones de bomberos se quedan atrapados sin poder maniobrar para llegar a viviendas del interior del residencial. «Tuvimos un incendio en el bloque 4 hace dos años, y si no es porque un vecino avisó, el señor atrapado en el ascensor podría haber muerto», recuerdan.

La principal causa del problema es un muro colindante que no solo impide el acceso, sino que además está en condiciones «peligrosas». Según un informe técnico, el muro ha perdido su verticalidad, presenta oquedades y está abombado, lo que supone «un peligro estructural» para los vecinos. Los vecinos llevan años reclamando su demolición, pero hasta ahora no han recibido ninguna solución.

En octubre del año pasado, la presidenta de la comunidad mantuvo una reunión con el ayuntamiento de la ciudad en la que destaca que le ofrecieron demoler la calzada, aparcamientos y palmeras que llevan más de 20 años en la zona, en lugar de derribar el muro, «que es el verdadero problema»

Además del peligro inminente, los residentes señalan la falta de accesibilidad diaria. Isabel González, residente del edificio, afirma que la situación es desesperante: «Tengo vecinos ciegos, y cuando el taxi entra a dejarles, tiene que salir marcha atrás porque no puede girar. Es un riesgo constante».

La presidenta de la comunidad pidió ayuda al Defensor del Pueblo quien designó una mediadora para tratar el asunto. Recuerda, además, que han tenido una reunión con el ayuntamiento y con los propietarios del muro conlindante, quienes han cedido el terreno necesario para que el ayuntamiento actúe conforme para ampliar la calle. Los residentes aseguran que no existe una documentación que avale el acuerdo entre las distintas partes por lo que temen que no se lleve a cabo.