El TSJA anula la suspensión de empleo a un Policía acusado de filtrar fotos del centro de inmigrantes de Motril

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA considera que se ha vulnerado la presunción de inocencia del agente y que no consta suficientemente probado que el Policía pudiera haber tomado esas fotografías. El recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Dirección General de la Policía, interpuesto el 11 de junio de 2019, fue admitido a trámite por diligencia de ordenación de 16 de julio de 2019, requiriéndose a la Dirección General de la Policía para que remitiera el expediente administrativo. En la sentencia, en poder de este medio, se afirma que hubo una «deficiente utilización de la Información Reservada, brillando por su ausencia el principio de presunción de inocencia y in dubio pro reo».

Los sindicatos calificaron de caza de brujas las acciones iniciadas contra el agente. Los hechos se remontan al 12 de noviembre de 2018, cuando este medio en su versión digital y en más tarde en la edición impresa dio voz a los sindicatos policiales que denunciaron las condiciones laborales y el mal acondicionamiento del CATE de Motril. Tanto IDEAL como Granada Hoy publicaron, los días 13 y 14 respectivamente, los hechos sin que dichos esas imágenes «se les facilitara por parte de la Dirección General de la Policía», razón por la que la dirección policial inició las indagaciones y abrió expediente al agente. El tribunal considera que es aventurado concluir que el demandante realizó las fotografías publicadas.

«A la vista del material probatorio no puede afirmarse que se haya producido prueba de cargo suficiente como para desvirtuar la presunción de inocencia», dice el escrito. «Su presencia en el campamento de acogida de migrantes es clara, así como que tras llegar con otros compañeros al mismo deambulara solo por dichas dependencias, pero tener por acreditado que realizó las fotografías y que las remitió a los diarios citados no puede afirmarse que sea un hecho acreditado», añade la resolución del TSJA. «Ningún testigo vio al hoy recurrente hacer fotografías. Tan solo de algunos fotogramas deduce el instructor que se encontraba realizando fotografías, pero visionando las mismas es difícil llegar a esa conclusión, por el hecho de estar con el brazo extendido, o afirmándose que mantiene en posición vertical su teléfono móvil. No se cumple la exigencia de razonabilidad de la prueba indiciaria, sobre la que se ha fundamentado la resolución sancionadora. Ciertamente puede hablarse de conjeturas o sospechas, pero sin entidad como para desvirtuar la presunción de inocencia», remacha.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) celebra la 'victoria' en los tribunales. «La justicia nos da la razón, los 10 días de suspensión de empleo y sueldo por una falta grave con los que fue sancionado un compañero y representante del SUP de Motril no se ajustan a derecho. En abril del 2019 el SUP denunció una caza de brujas por parte de la Dirección General de la Policía contra este sindicato por denunciar las deplorables condiciones en las que se encontraba el CATE de Motril. Este sindicato llevaba años denunciando la precariedad con la que tenían y a día de hoy tienen que trabajar los compañeros que asisten a los inmigrantes que llegan a nuestras costas», han manifestado en un comunicado.

«En una de esas denuncias públicas aparecieron unas imágenes que ilustraban dicha denuncia y por las que fue sancionado un representante Sindical del SUP, con el ánimo a nuestro entender de acallar nuestras críticas. Pues bien, según la sección cuarta de la sala C.A. del TSJA ha dictaminado que no existen pruebas de cargo alguna para desvirtuar la presunción de inocencia de nuestro compañero», apunta el SUP.

El sindicato pone de manifiesto que 4 años después siguen trabajando con malas condiciones y sin que se haya abierto el nuevo centro. «A día de hoy y tras más de un año finalizado, el CATE por el que tanto luchó y consiguió que saliera a delante el SUP sigue aún sin fecha de apertura. Desconocemos cuales son las causas, pero si las excusas», añaden. En un primer momento, tras la moción de censura se argumentó que al no haber presupuestos no se podía liberar la partida presupuestaria para finalizarlo. Después que faltaban las conexiones a los servicios esenciales y en plena época estival sigue sin entrar en funcionamiento.

Por último, denuncian el dolor que padeció la familia y el agente por las acusaciones. «No queremos terminar sin recordar el gran dolor y padecimiento que para la familia del compañero supuso esta injusta denuncia. Hay que recordar que no sólo somos Policías. Todos tenemos detrás una familia que se alegra con nuestros éxitos pero que sufren cuando somos injustamente atacados, y más cuando es quien nos tiene que proteger, en este caso la administración, la que nos ataca».