Los regantes del Bajo Guadalfeo denuncian el sobrecoste de las canalizaciones de Rules

Según denuncian, este «encarecimiento» no está relacionado con decisiones de los agricultores ni con modificaciones impulsadas por el sector, sino con años de retrasos, falta de impulso político y una evidente «dejadez administrativa». Según añaden, la «ausencia» de actuaciones a tiempo y la dilatación continuada de los plazos han provocado que los costes de la obra «se disparen», en un momento que, según los regantes, está marcado por el aumento del precio de los materiales, la inflación y las crisis económicas que han afectado al sector de la construcción.

La Comunidad General recuerda que, cuando se elaboró el proyecto base hace ya más de una década, las obras eran técnicamente viables, económicamente asumibles y podían haberse financiado con fondos europeos. Sin embargo, el paso del tiempo sin avances ha llevado a que muchos de los valores presupuestados hayan quedado «obsoletos». Tal como explica el presidente, Maximino Prados: «Las administraciones han dejado pasar el tiempo, y lo que antes se podía ejecutar sin problemas, ahora cuesta mucho más. El resultado es que quienes necesitamos el agua seguimos esperando y ahora además nos enfrentamos a una factura mayor que nadie del sector agrícola puede asumir», lamenta.

La nueva estimación sitúa el coste de la construcción de los distintos desglosados en 504.723.478,59 euros, cifra a la que deben añadirse los gastos derivados de la redacción de los proyectos, los procesos de expropiación, las asistencias técnicas para la dirección de obra y el 2% cultural. La suma final hace que el proyecto supere los 525 millones de euros.

Intensificar conversaciones

Este nuevo varapalo a los regantes ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el modelo de financiación. Desde el principio del proyecto se consensuó que el coste se repartiría bajo el esquema 20/80, donde los regantes asumirían el 20% y las administraciones públicas, tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía, cubrirían el 80% restante. Este criterio se aplicó al desglosado 9, el único que avanza ahora mismo, y se prometió extenderlo a todos los tramos.

Sin embargo, ante el incremento de más de 200 millones, la Comunidad General exige que ese «sobrecoste», generado exclusivamente por la «falta de eficiencia administrativa», sea asumido en su totalidad por las Administraciones. Subraya que no están dispuestos a aceptar avales, condiciones financieras abusivas ni mecanismos que obliguen a los regantes a endeudarse para poder participar en una infraestructura que debería haberse ejecutado hace años. Además, rechazan que algunos tramos puedan quedar fuera del proyecto con el argumento de su «inviabilidad» o «escasa rentabilidad». Para los regantes, cualquier intento de fragmentar el proyecto o renunciar a parte de él sería un agravio histórico para la comarca, ya que impediría dotar de agua a zonas agrícolas que llevan décadas esperando.

La Comunidad General explica que intensificará las conversaciones con todas las administraciones implicadas para exigir no sólo la financiación bajo el modelo 20/80, sino la ejecución completa e inmediata de la totalidad del proyecto. Además, califican esta situación de «deuda pendiente» con la Costa Tropical, «una comarca que ha demostrado su potencial agrícola y exportador, pero que sigue limitada por la ausencia de unas infraestructuras hídricas que deberían estar en funcionamiento desde hace décadas».

Mientras el desglosado 9 (primer tramo) sigue su camino otros como el desglosado 3 (segundo tramo) siguen bloqueados, pendientes de decisiones políticas y técnicas que no terminan de llegar. El primer tramo transportará agua tanto para consumo humano como para regadío de en torno a unas 400 hectáreas y las obras avanzan y deberían estar terminadas para junio de 2026. Por su parte, el sistema de conducciones al completo será capaz de suministrar agua a 150.000 habitantes fijos y una población estacional de 200.000 habitantes.