Los pescadores deportivos recurren ante el TSJA la prohibición de su actividad en la Punta de la Mona

Los pescadores consideran que medidas tan restrictivas como la prohibición total de la pesca recreativa y de autoconsumo en el espacio marino protegido y la limitación del acceso a los acantilados mediante la erradicación de las servidumbres de paso existentes «no está motivada técnica ni científicamente en el expediente administrativo».

El abogado Cristian del Castillo, que ha redactado el recurso, asegura que en el expediente que sustenta la orden «no se acredita que la pesca recreativa cause un impacto significativo sobre los hábitats o especies objeto de protección, ni que su prohibición absoluta sea necesaria o proporcional a los fines de conservación invocados».

Del Castillo destaca que «los únicos escritos técnicos sobre los que se apoya esta orden son meras cartas e informes elaborados por la Universidad de Granada y por un par de asociaciones del lugar», sin una metodología científica adecuada, «con fotografías sin referencias y alusiones sin justificar», en las que incluso se utiliza una toponimia para los diferentes puntos del enclave ajena a la denominación local y a la que establece el Instituto Geográfico Nacional.

De hecho, la asociación cuenta con el asesoramiento técnico de varios científicos que consideran que «no existen pruebas» de que la pesca recreativa sea dañina para la conservación del entorno y, en cambio, sí señalan el impacto negativo del buceo recreativo sobre el medio marino.

Los pescadores consideran que la prohibición de la pesca responde más a los intereses de los centros de buceo de la zona, a los que sí se permite el acceso con embarcaciones y la actividad en los fondos marinos, que a la protección del medio ambiente. De hecho, durante la tramitación de la norma, que duró varios años, se planteaba en un principio la regulación de todas las actividades –pesca, senderismo y buceo–, pero hubo «un giro» y el resultado final fue la prohibición total de la pesca y la autorización del buceo. «Yo soy buceador, y no me gusta la idea de que esto se pudo haber montado para crear un parque temático para el buceo recreativo expulsando al resto de ciudadanos del mar», lamenta el abogado.

Los pescadores denuncian en el recurso «la vulneración del principio de proporcionalidad y de los principios de buena administración y mínima intervención, toda vez que la orden impone una restricción absoluta de derechos sin explorar alternativas menos lesivas que compatibilicen la protección ambiental con el uso recreativo responsable del litoral».

Por todo ello, la Asociación de Pescadores Deportivos de la Costa Tropical «solicita la anulación de la orden impugnada en lo que respecta a la pesca recreativa, el acceso al mar y el restablecimiento del equilibrio entre conservación ambiental y aprovechamiento sostenible del medio marino por parte de la ciudadanía». En su recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, presentado el pasado 7 de marzo, solicita diferentes testificales, declaraciones y periciales para respaldar sus pretensiones.

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya (PP), presentó en abril a la Consejería una petición de la asociación en este sentido, respaldada por 3.000 firmas y el acuerdo del pleno municipal. Los pescadores han remitido a la Junta una propuesta alternativa de regulación que permite la pesca recreativa y de autoconsumo con ciertas limitaciones, como la moratoria en la captura de especies vulnerables y comerciales, la obligatoriedad de obtener una licencia específica para la Punta de la Mona o el empleo de artes de pesca biodegradables.