Las nuevas obras del centro de inmigrantes de Motril, sin presupuesto tras un lustro de retrasos

Las obras, que debían de haber estado finalizadas el mismo verano en el que empezaron, en 2019, concluyeron –o eso parecía– en septiembre del año pasado tras multitud de imprevistos. Según la versión que dio el Gobierno, faltaba solo instalar servicios informáticos para que las personas migrantes llegadas en patera a la costa pudieran ocupar los módulos. Sin embargo, en mayo de este año el Ministerio del Interior paralizó el uso y el estreno de las instalaciones tras detectar varias deficiencias de seguridad a subsanar, por lo que el centro tendrá que esperar además a que se acometa otra reforma indefinida para la que no se ha concretado ni presupuesto ni plazos.

La Subdelegación del Gobierno, a preguntas de este medio, señala que las adaptaciones de seguridad necesarias «no requerirían de una aprobación de presupuestos» y que por ahora no disponen de cálculo económico sobre el desembolso. El Sindicato Unificado de la Policía Nacional lamenta los retrasos y exige su entrada en funcionamiento. Consideran que el rosario de obstáculos son ya una excusa para no dotar a las instalaciones de personal fijo, ya que su control y custodia requiere de un número de funcionarios y se carece de agentes. Exigen en un informe a Riesgos Laborales que se ha remitido también al Ministerio del Interior una relación de esas deficiencias detectadas y los plazos en los que estará previsto la conclusión de la obra sin que hayan obtenido todavía respuesta.

El SUP denuncia y critica que una construcción nueva que debe llevar controles y visados no se haya ejecutado correctamente, presente deficiencias y elementos que suponen un riesgo para los agentes y los migrantes internos, con materiales cortantes en las ventanas, entre otros problemas. Este es el quinto infortunio al que se enfrenta la instalación y los riesgos de seguridad no es un asunto baladí. En los últimos años, la falta de presupuesto, de un convenio con el puerto y otros cambios en el proyecto han lastrado la obra, tal y como ha ido avanzando IDEAL.

La primera fase de la construcción del CATE quedó comprometida a la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Con la primera partida presupuestaria, que correspondía al ejercicio de 2019, se afrontó la construcción de los módulos. La aprobación de unas nuevas cuentas se produjo a finales de diciembre de 2020 y en abril de 2021, la Secretaria de Estado de Seguridad aprobó la segunda fase de la intervención donde estaban pendientes algunas actuaciones para conectar los módulos a la red de saneamiento y abastecimiento, así como dotar las instalaciones de electricidad e instalar el mobiliario.

El segundo revés que ha tenido que sortear esta obra fue el cambio en el proyecto. Una de las empresas adjudicatarias tuvo que modificar algunas de las unidades de obra y el presupuesto a raíz de varias actuaciones y mejoras ejecutadas en el puerto de Motril. El tercer obstáculo y un pequeño conflicto entre administraciones tuvo lugar en mayo de 2022, cuando el ministro Fernando Grande Marlaska manifestaba en la cámara alta que el Gobierno había firmado ya el convenio con la Autoridad Portuaria para la ocupación «inmediata» del centro tras el fin de las obras, pero no existía ese convenio.

El permiso debía renovarse. En junio, la Autoridad Portuaria dio luz verde a esa autorización. Supuestamente, ya solo quedaban algunas actuaciones eléctricas y el mobiliario para poder abrir.

En septiembre de 2023, con cuatro años ya de retraso, el Ejecutivo señalaba a IDEAL que las obras se daban por concluidas, pero no podía poner una fecha exacta para su entrada en funcionamiento. Por entonces, la apertura dependía de la ejecución de limpieza, instalación de mobiliario, por lo que entraría en funcionamiento «en poco tiempo», pese a que había que tramitar una nueva autorización de gasto para poder licitar la limpieza y acondicionamiento de las instalaciones.

En diciembre de 2023, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, declaraba que para su apertura, que no se atrevió a fechar, solo quedaba instalar los servicios informáticos.

Que los sindicatos exijan la apertura del CATE nuevo no es capricho. Las instalaciones que se utilizan actualmente son insuficientes, carecen de las plazas necesarias y el Defensor del Pueblo ha instado a su cierre en varias ocasiones.

El futuro CATE tiene capacidad para 168 personas, pese a que en las primeras estimaciones del Gobierno se comprometieron 200 plazas. Según manifestó el Ministerio del Interior, la infraestructura contará con sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y de protección contra incendios, acorde a la normativa vigente. En total, la inversión para estas instalaciones alcanzará aproximadamente los 343.802 euros.