Motril rebaja «al mínimo» las tasas para la regularización de cortijos

La alcaldesa, Flor Almón, junto a las concejales del Ayuntamiento de Motril./JAVIER MARTÍN
La alcaldesa, Flor Almón, junto a las concejales del Ayuntamiento de Motril. / JAVIER MARTÍN

También se ha reducido el precio que pagan los parados para realizar pruebas de acceso a un empleo público en la administración local

REBECA ALCÁNTARAMotril

Las personas que quieran declarar un cortijo en Motril tendrán a partir de ahora una rebaja fiscal. Este proceso de regulación estaba antes gravado con un 3% del coste real de las edificaciones, sin embargo se subió hasta el 5% en la normativa autonómica. Esto provocó muchas quejas, y ahora el Ayuntamiento motrileño ha aprobado volver a dejarlo en un 3%.

Así se decidió ayer en pleno, al aprobar una modificación de la ordenanza reguladora por Servicios Urbanísticos, Concesión de Licencias y Resoluciones. El teniente de alcalde responsable de Economía y Hacienda, Francisco Sánchez-Cantalejo, explicó que con esta decisión quieren favorecer a todas aquellas personas que quieran dar de alta sus cortijos, para que puedan realizar este trámite con el mínimo coste posible. 

Esta no ha sido la única tasa que se ha rebajado en la ciudad. El pleno también aprobó ayer que las personas que están en situación de desempleo tengan una rebaja en las tasas de acceso a empleo público, es decir, que paguen menos por presentarse a los exámenes para conseguir un puesto en la administración.

En concreto, Sánchez-Cantalejo explicó que a partir de ahora las personas que quieran presentarse a un examen de acceso al empleo público en el Ayuntamiento de Motril y que figuren como demandantes de empleo con una antigüedad mínima de seis meses verán bonificada la tasa en un 100%, mientras que aquellas que lleven menos de 6 meses tendrán que abonar solo la mitad de dicha tasa. De esta manera tratan de ayudar a aquellas personas que cuentan con pocos o ningunos ingresos.

La modificación de tasas no fue el único asunto que se llevó ayer a la sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento de Motril. El pleno también aprobó, tal y como estaba previsto, y por unanimidad el inicio de procedimiento de extinción de la concesión administrativa sobre el chiringuito Oleaje, en Playa Granada, que actualmente se encontraba en manos de Marisquería Chill Out Swing S.L.

El teniente de alcalde responsable de Urbanismo y Obras Públicas, Antonio Escámez, explicó que este local de ocio construido en el año 2011 sobre suelo público, tenía establecido un canon de 1.300 euros mensuales. «Según distintos informes emitidos por Intervención y Secretaria, esta empresa concesionaria ha venido incumpliendo reiteradamente la obligación de pago de ese canon. Asimismo ha dejado de pagar los conceptos de sanciones por distintos expedientes, ascendiendo la deuda total a más de 158.000 euros», indicó Escámez, que subrayó que a esto se suman las reiteradas quejas de los vecinos de la zona debido a los ruidos que genera, unas quejas que aseguró han llegado incluso al Defensor del Ciudadano.

El máximo responsable del área de Urbanismo y Obras Públicas remarcó que debido a todo esto, se ha decidido iniciar el expediente de cese de concesión administrativa a Marisquería Chill Out Swing S.L. «A partir de aquí, vamos a notificar el inicio de este expediente a la empresa, momento a partir del cual van a tener 15 días para las alegaciones», precisó Antonio Escámez.

No obstante, hay que recordar que los dueños del chiringuito apuntaron el miércoles a IDEAL que iban a ofrecer al Ayuntamiento saldar la deuda para no perder la concesión. Los propietarios aseguraron que iban a plantar batalla, primero por los cauces administrativos presentando las alegaciones correspondientes, y si fuera necesario acudiendo a los tribunales. Aseguraron que no están dispuestos a peder una propiedad valorada en 1,2 millones de euros, por una deuda de algo más de 150.000 euros. El dueño señaló que tiene un acuerdo firmado con un inversor interesado en reflotar el chiringuito y que por este motivo han planteado al gobierno municipal salvar la concesión a cambio de pagar toda la deuda acumulada en estos años. Se evitaría así la pelea administrativa y judicial que provocaría que el establecimiento tuviera que permanecer cerrado hasta que se resolvieran todos los trámites.