Mantienen a García Chamorro como única investigada por presunta malversación

En un auto fechado el lunes, en poder de este medio, la jueza desestima el recurso de reforma presentado por García Chamorro después de que el caso se siga por el procedimiento del tribunal del jurado y sin más investigados. Las actuaciones se producen después de que la primera edil pagase la multa de una condena con dinero del grupo municipal del ayuntamiento. En el año 2016, García Chamorro, que ostentaba el cargo de vicepresidenta primera de la Diputación Provincial, delegada de Fomento y Obras Públicas y consejera delegada de la empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamientos de Granada (Visogsa), fue condenada como autora de un delito de injurias graves con motivo de unas declaraciones en una rueda de prensa contra el exgerente de Visogsa.

Según recoge el tribunal, la alcaldesa ordenó «en su beneficio» los días 4 y 7 de noviembre de 2019 y 14 de febrero de 2020 la realización de dos transferencias por un valor total de 4.600 euros desde la cuenta corriente que el grupo municipal del Partido Popular de Motril tenía abierta, a su cuenta personal con el fin de emplear estos fondos al pago de la multa a los que estaba obligada «de forma personal» y a los que fue condenada como integrante de la Diputación, cargos «absolutamente ajenos» al grupo municipal del PP de Motril.

La magistrada sí archiva el caso respecto a las otras dos personas que estaban siendo investigadas. Una era en el momento de los hechos la secretaria del grupo municipal y la otra es una exconcejal del PP que estaba autorizada en la cuenta bancaria. La jueza ve indicios de que, entre 2019 y 2020, García Chamorro usó presuntamente dinero del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Motril y del grupo popular en la Diputación de Granada para abonar la multa que le fue impuesta, así como otros conceptos fijados en sentencia.

El tribunal insiste en que la dotación económica asignada a los grupos políticos, tanto de los Ayuntamientos como de las Diputaciones Provinciales, tiene un origen público, lo que excluye el carácter de libre disponibilidad que hizo la regidora. Aunque García Chamorro devolvió el dinero en las cuentas bancarias de los grupos del PP en el Ayuntamiento de Motril y en la Diputación de Granad, el juzgado considera que «no supone que proceda el sobreseimiento de la causa o que no existan los indicios de criminalidad expuestos, pues el delito ya se habría consumado», aunque sí podría ser un atenuante.

Respecto a las otras dos investigadas, ha concluido que aún cuando hubieran intervenido en la operativa para que se realizara el pago, no está acreditado que hubiera ningún tipo de acuerdo previo con un «propósito defraudatorio», de modo que supuestamente «habría sido García Chamorro quien ordenó la ejecución de las transferencias bancarias para el pago».

La jueza también ha dejado sin efecto las diligencias encaminadas a recibir declaración en calidad de investigadas a las personas que intervinieran en las operativas de pago a García Chamorro en la Diputación Provincial. El tribunal llamó como testigo a la senadora del PP Inmaculada Hernández. Sin embargo, la jueza entiende que se halla en circunstancias más que parecidas a las otras dos personas que se acaban de excluir de la investigación. La declaración se tomará «únicamente como testigo» ya que su declaración tuvo que ser interrumplida en el proceso.