El Gobierno tendrá que renovar la autorización del CATE para poder abrirlo
Esta previsto que, de acuerdo con el anuncio del Ejecutivo, entre en servicio este verano
No hay convenio suscrito en vigor entre el ministerio del Interior y el puerto de Motril para la apertura y ocupación del Centro de Atención ... Temporal de Extranjeros (CATE). Hace unas semanas el ministro Fernando Grande Marlaska manifestaba en la cámara alta, a preguntas del senador popular José Antonio Robles, que el Gobierno ha firmado el convenio con la Autoridad Portuaria para la ocupación «inmediata» en el momento en el que las obras del CATE lleguen a su fin, entre en funcionamiento el centro y lleguen personas en situación irregular.
El CATE podría recibir personas desde este verano, según anunció el Ejecutivo. Sin embargo, no hay un permiso en vigor y se deberá renovar para poder finalizar las obras y poder abrir las instalaciones.
El presidente, José García Fuentes, explica que no hay un convenio en vigor actualmente suscrito con la Subdelegación del Gobierno, el acuerdo caducó hace aproximadamente un año. No obstante, García Fuentes reitera que el puerto desde el principio se ha mostrado dispuesto a acoger estas instalaciones y cooperará en todo lo que sea necesario.
Por su parte, fuentes de la Subdelegación del Gobierno apuntan que ayer se mantuvo un encuentro para ultimar detalles para el inicio de las obras de conexión que quedan pendientes y su puesta en funcionamiento.
Capacidad para 168 personas
La terminación del CATE ha pasado por diversas vicisitudes y su construcción suma más de dos años de retaso. En julio de 2019 comenzó la construcción del centro, que tendrá capacidad para 168 personas. Según se transmitió a los agentes, el CATE estaría listo en verano, pero la finalización de la reforma quedó comprometida a la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Con la primera partida presupuestaria, que correspondía al ejercicio de 2019, se afrontó la construcción de los módulos. La aprobación de unas nuevas cuentas se produjo a finales de diciembre de 2020.
En abril de 2021, la Secretaria de Estado de Seguridad aprobó la segunda fase de la intervención y Hacienda dio el visto bueno para la intervención.
La infraestructura contará con sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y de protección contra incendios acorde a la normativa vigente. Las instalaciones que se utilizan actualmente son insuficientes, carecen de las lazas necesarias y el Defensor del Pueblo ha instado a su cierre en varias ocasiones tras las quejas de asociaciones y sindicatos de policía.
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