El Gobierno se desvincula de los daños en las tuberías de la costa pero se abre a colaborar con los regantes

Así lo han indicado fuentes consultadas en la Subdelegación del Gobierno en Granada por Europa Press después de que la semana pasada los regantes de Motril y Carchuna anunciaran que van a reclamar al Gobierno por vía judicial ocho millones de euros por daños económicos derivados de los problemas de riego que achacan a deficiencia en las tuberías.

El Ejecutivo central entiende que si los regantes quieren utilizar la vía jurisdiccional «están en su derecho» pero considera que «poco tiene que ver» con un asunto que se remonta, según han indicado desde la Subdelegación, a 2010, año en que se advierte que los tubos de la empresa Uralita «generan problemas».

«Entre 2010 y 2016 los problemas que surgen son arreglados en virtud de un acuerdo entre Tragsa y Uralita», han detallado desde la Subdelegación del Gobierno de Granada, que ha añadido que el asunto en cualquier caso está en la vía jurisdiccional.

Es así porque en 2016 Tragsa, que forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, presenta demanda ante los tribunales contra Uralita y por ello se rompe el acuerdo entre ambas.

La semana pasada, el secretario de la Comunidad de Regantes de Motril y Carchuna, Manuel Morales, señaló a Europa Press que los ocho millones de euros que reclamarán por vía judicial al Gobierno se derivan del cálculo de la cuantificación de la modernización del 75 por ciento de las tuberías que estos agricultores señalan que Tragsa no ejecutó en su día, y de los daños derivados de las roturas en las canalizaciones que sí sustituyó, las cuales se vienen produciendo «semanalmente».