Una familia logra recuperar lo que invirtió en la 'promoción fantasma' de Almuñécar
Condenan a Grupo 21 y a una entidad bancaria a devolver el dinero de reserva del piso, mientras continúa la investigación por estafa
Una familia de Granada logra recuperar el dinero que invirtió en la reserva de un piso en el 'Mirador de la Atalaya', la urbanización 'fantasma' ... proyectada en Almuñécar por Grupo 21, la promotora denunciada por estafar presuntamente a un millar de afectados de distintas provincias. El Juzgado de Instrucción Número 2 de Granada condena de forma conjunta a la empresa y a una entidad bancaria a devolver los 12.500 euros que entregó la pareja. Son los primeros litigantes que recuperarán lo que desembolsaron, ya que su abogado, Miguel Cabrera Torres, exploró la reclamación por la vía Civil en vez de limitarse solo a un proceso Penal.
Los denunciantes forman parte de las 60 familias de Granada a los que se esfumó la ilusión por un apartamento en Almuñécar con vistas al mar. En el año 2021 la mercantil CJDE FAM 2016, SL, bajo el nombre comercial de Grupo 21, empezó a publicitar la construcción de una nueva urbanización en el Tesorillo, en la zona conocida como Torrevilla, en un solar de 6.000 metros cuadrados. Los compradores esperaban su vivienda con ilusión hasta que descubrieron que ni siquiera la parcela era propiedad del grupo inmobiliario al que habían dado su dinero, mientras que el Ayuntamiento sexitano no tenía constancia de que hubieran solicitado licencia.
El precio total de la vivienda que reservaron estos perjudicados ascendía a de 137.500 euros y la familia formalizó la reserva en agosto de 2022. Las obras no se iniciaban, por lo que requerían a la promotora, «insistente y desesperadamente» una explicación al reiterado incumplimiento. Cuando poco quedaba para cumplir el año desde la formalización del contrato de reserva, recibieron «la desagradable sorpresa» de que la promotora contactaba con ellos y con el resto de futuros compradores de la promoción para comunicarles la imposibilidad de construir la promoción. Desde entonces comenzaron a reclamar la devolución del importe.
La sociedad se habría embolsado más de 20 millones de euros a costa de la esperanza de 1.000 afectados por las promociones que la empresa había planteado en Granada, Almería o Murcia. Organizados en grupo, empezaron a presentar querellas en 2023.
No actuó con diligencia
La sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, argumenta que la entidad bancaria asumía una corresponsabilidad de garantizar la eventual devolución de las cantidades entregadas a cuenta por los compradores, en caso de incumplimiento de la obligación del promotor. Además, el tribunal reitera que era de esperar «una mínima diligencia» con los ingresos realizados, dado que obedecían a pagos a cuenta del precio de una vivienda, lo que se podía deducir del gran número de pagos efectuados mediante transferencias o ingresos «sin que el banco haya probado que pudieran corresponder a otros conceptos, y puesto que dicha entidad admitió el pago de los compradores en una cuenta de la promotora sin exigir la apertura de una cuenta especial», que es lo que exige la normativa. Por estas razones, deben «responder frente a los compradores».
«No estamos ante una mera cuenta corriente con movimientos circulares, sino ante una evidente cuenta para la recepción de cantidades y reservas de vivienda», remacha el tribunal. Además, indica que la entidad bancaria demandada tampoco ha expuesto tal actividad probatoria que podría exonerarle de responsabilidad. La sentencia es firme dado que la entidad bancaria no ha recurrido y la promotora no compareció, por lo que fue declarada en situación de rebeldía procesal. Por otra parte, tanto un juzgado de Roquetas de Mar como un tribunal granadino investigan las implicaciones penales del asunto por una presunta estafa y apropiación indebida.
«Fuimos los únicos en iniciar el proceso Civil contra el banco»
«Es satisfacción haber podido contribuir a que mis clientes recuperaran su ahorro, aunque evidentemente no puedan obtener su vivienda en la playa. El procedimiento se ha ganado en su integridad con la imposición de costas e intereses a las condenadas. Nos dirigimos en contra de la entidad bancaria por no haber adoptado las garantías que le eran exigibles ni las precauciones en la cuenta en la que se estaban haciendo cientos de ingresos por las distintas promociones y por unos importes considerables», explica el abogado Miguel Cabrera. «Esta vía ha sido más rápida y más efectiva que la vía judicial penal. Fui el único que la había iniciado hasta ahora este proceso, los demás habían todos tendido a recurrir a la vía penal contra la promotora», concluye.
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