Los empresarios turísticos se oponen «a las agresiones» del Valle de Lecrín

A través de la asociación de turismo rural del Valle de Lecrín, presidida por Isaías Padial, los afectados levantan la voz para que su principal recurso y reclamo no se vea afectado: la naturaleza.

«El Valle de Lecrín tiene un clima especial y una gran cantidad de nacimientos de agua que le confieren una flora y fauna muy variada y extensa, con espacios de especial protección como es el humedal de la laguna de Padul, adscrito al Parque Nacional de Sierra Nevada; el tozal del Cartujo; el pico del Caballo; los Alayos; el Suspiro del Moro; El Cerro del Águila; El Pico de Lopera; Las tres lindes; la Giralda; el barranco de Zaza; el barranco de luna y el embalse de Rules», cuenta Padial. «Hay en el Valle 18 bonitos pueblos con ganas de mejorar los recursos y posibilidades que hay en esta tierra, creando puestos de trabajo y una buena calidad de vida, siendo el turismo el sector que por ahora, tiene más posibilidades», añade. «Si dejamos que todas estas instalaciones industriales se realicen y se monten, tendremos un Valle totalmente diferente, sin bonitas vistas, con mucha menos vegetación, con la falta de algunas aves protegidas y no protegidas, con menos agua, y con muchas estructuras metálicas a la vista. No queremos un valle gris», remacha Padial.

Los empresarios son conscientes de la necesidad de medios de producción de energía limpia no contaminante para mantener el nivel de vida actual, pero consideran que las instalaciones industriales se deben de hacer en lugares que no afecten al valor paisajístico.

La asociación señala que este valor es fundamental para el desarrollo del turismo y para mantener el valor medio ambiental de la flora y fauna, incluso el valor catastral de las viviendas, ya que sin turismo, decaen y algunos pueblos pequeños estarían llamados a desaparecer.

Alegan que muchos de estos proyectos, vienen ya aprobados por organismos estatales y autonómicos que no han tenido en cuenta «esta frágil línea medioambiental que se mantiene en el Valle de Lecrín y es fácil romperla y convertir el Valle en secano».

A los ayuntamientos «se les ha suprimido» la capacidad de conceder permisos que se considera de ámbito estatal o regional. Los empresarios estudian uno por uno estos proyectos, para ver la repercusión que podrían tener en la comarca y ver si son compatibles con una vida futura mejor, «en una tierra de calidad, igual que la hemos recibido del pasado y que tenemos el deber de preservarla para el futuro». «Sí queremos energías renovables, pero no de cualquier manera, sino de una manera respetuosa y ordenada. Queremos decidir el Valle que queremos», sentencia Padial, acompañado por una representación de las decenas de empresarios afectados, que crean empleo y llenan las localidades de vida y de un turismo responsable. La asociación intenta oponerse formalmente a estos proyectos, pero sienten que la administración hace caso omiso.

Uno de los afectados por la extensión de macroproyectos de renovables es el Señorío de Nevada, empresa señera en la provincia. Antonio Gimeno, su director, cuenta que han conocido que la administración andaluza pondrá en marcha un parque eólico y sus infraestructuras asociadas (Barranco del Agua) muy cerca de sus instalaciones. Señorío de Nevada se personó en el procedimiento en cuanto tuvieron constancia de la existencia del proyecto y presentó alegaciones. La autorización ambiental fue desfavorable para la promotora y seis días después se consideró que el proyecto era favorable, según consta en los documentos aportados.

El informe desfavorable tiene fecha del 24 de diciembre, aunque la empresa turística recibió la notificación el 4 de Enero). La promotora energética del proyecto presentó sus modificaciones en tres días y que en poco tiempo la administración declare que es favorable, en unas fechas tan señaladas como la Navidad, escama a los afectados, que se sienten indefensos. La entidad ha interpuesto un recurso de alzada, previo a la vía judicial y no descarta presentar también si fuera necesario un recurso contencioso-administrativo para intentar frenar un proyecto que consideran que perjudica a su negocio y tiene un alto impacto visual, además de afecciones en las aves que habitan la zona.