Desalojan dos veces en siete años a una familia por 'ocupar' una casa en Carchuna
El matrimonio, que ya fue desahuciado en 2012 en las mismas viviendas municipales, asegura que no estaban ocupando la casa, que es propiedad municipal, porque el Ayuntamiento de Motril «se la cedió»
Antonio Bermúdez, su esposa y sus tres hijos, de 12, 9 y 4 años, residían hasta ayer en una vivienda en la calle Viriato número ... 5, en Carchuna. Unas casas en las que hace años vivían maestros y que ahora son propiedad municipal. Ayer se hizo efectivo su desahucio, después de que la presidenta de la Entidad Local Autónoma (ELA) Carchuna-Calahonda, Concepción Abarca, denunciara la «ocupación» de la casa. Una historia casi idéntica ya se escribió en 2012, cuando la misma familia fue desalojada de otra de las viviendas de los maestros. Eso sí, en esta ocasión Bermúdez asegura que ellos no entraron por la fuerza, sino que desde el Ayuntamiento de Motril se les propuso ir a residir allí. «Nosotros no hemos dado ninguna patada en la puerta, ni somos ningunos ocupas», afirma.
La presidenta de la ELA de Carchuna, por su parte, asegura que estas casas pasaron a ser propiedad de la entidad local cuando esta se constituyó como tal y que la localidad necesita espacios para realizar actividades. «Yo tengo que velar por el interés de todos los ciudadanos de mi pueblo», afirmó. Sobre por qué se dio el alta de la luz y el agua desde el consistorio motrileño no hay una explicación clara. Abarca deja claro que sólo ha dado cumplimiento a una orden judicial. «Yo no tengo nada personal contra nadie, pero una familia no puede entrar a vivir en una vivienda que no es suya sin más», indica. Los afectados, sin embargo, lamentan que se les deje en la calle a pesar de estar «en situación de vulnerabilidad».
El desahucio se hizo efectivo ayer por la mañana. A las 10.00 horas una funcionaria de Carchuna y agentes de la Policía Nacional y Local, así como personal de mantenimiento de la ELA, acudieron a la vivienda para hacer efectiva la orden judicial. La familia, que mostró su oposición, no se resistió en ningún momento. Es más, ya habían sacado de la casa todos sus enseres personales e incluso entregaron a la funcionaria las llaves de la vivienda. La trabajadora municipal, tras realizar una inspección en la casa, dio por efectivo el desalojo y se procedió al cambio de cerradura.
Mientras esperaban en la puerta a que la que había sido su casa los últimos dos años cerrara, los afectados lamentaba un «trato discriminatorio» y recordaban que habían invertido su propio dinero en mejorar las condiciones en las que se encontraba el inmueble. Antonio Bermúdez aseguró que junto a su casa había otras viviendas en la misma situación, en las que también había familias residiendo de forma irregular y contra las que no se había tomado ninguna medida. Se preguntó por qué sólo se había actuado en su caso y qué podía tener la presidenta de la ELAcontra ellos.
«Gracias a que tenemos a nuestros padres, podremos irnos a vivir con mi padre, un poco apretujados. Pero si este es el deseo de la presidenta de la ELA, pues adelante. Pero va a marcar historia con este desahucio», aseveró Bermúdez. «Esto es una injusticia», reiteró, lo mismo que afirmó hace siete años, cuando dijo, «entiendo que no es de ley desahuciarnos».
«Justicia divina»
Cecilio, el padre de Antonio, por su parte, dejó claro que «creen en la justicia plenamente y en la justicia divina» y aseguró que su hijo «no es un ocupa». «Hay un ensañamiento contra esta persona, mientras que con el resto de personas que viven aquí no la hay», recalcó. «Hay que tener un poco de humanidad», reiteró, al tiempo que criticó que la ELAde Carchuna le haya comunicado la fecha del desalojo con menos de una semana de plazo.
El abogado de la familia, Francisco Martos, dijo que la propia presidenta de la ELA «reconoce en la denuncia que interpuso que cuando la familia tomó posesión de la vivienda, lo hizo con personal que iba vestido con uniforme del Ayuntamiento de Motril. Por tanto no son ningunos ocupas», recalcó. «Hay familias que llevan más tiempo y que ni siquiera están en la situación de riesgo de exclusión que están ellos», dijo el letrado, que consideró que la situación no tiene sentido.
El representante legal de la familia dijo que incluso se propuso pagar un alquiler social y no se aceptó. «Tienen derecho a pensar incluso que detrás de esta situación hay una discriminación por motivos xenófobos, por ser de etnia gitana», indicó, al tiempo que aseguró que se trata de una familia «trabajadora» que nunca ha tenido ningún problema con los vecinos.
La presidenta de la ELA, por su parte, insistió en que lo único que hace es «defender los intereses de mi pueblo y aquí hay mucha gente que necesita una vivienda y no la ocupa sin más», recalcó. Asimismo, Concepción Abarca indicó que el informe técnico que tienen de los técnicos de intervención social concluye que «no están en situación de emergencia social». Dejó claro que no hay ningún motivo personal para haber hecho efectivo este desahucio, pero que esas viviendas «son de Carchuna» y por tanto de todos los residentes en el pueblo.
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